El sindicalismo policial, entre la reforma aplazada y las maniobras divisorias

El sindicalismo policial español, a los dos años de la formación del Gobierno socialista, se encuentra en un momento importante para la obtención del objetivo de una policía civil, democrática y unificada. Según el autor de este artículo, la llegada al Gobierno del Partido Socialista Obrero Español no ha significado, lejos de lo que se esperaba, la desaparición de las maniobras de dilación de la reforma policial y de división del movimiento sindical.

La historia reciente del sindicalismo policial español está directamente relacionada con la de la reforma de la administración policial. Desde sus orígenes, en la clandestinidad, policías que se agrupan en torno a la Unión Nacional de Policías (UNP) reclaman la democratización de las estructuras policiales. Ante ello, las jerarquías oficiales reaccionan instaurando un asociacionismo vertical seudodemocrático para neutralizar los movimientos democráticos internos en la policía, que se materializa en la Asociación Profesional de Funcionarios del Cuerpo Superior de Policía, directamente controlada y al servicio del entonces subdirector general José Sainz, asociación que ya entonces entra en conflicto con la propia UCD, al publicar el Dolorosamente hartos.

Este evento supuso que un grupo de policías crease la Unión Sindical de Policías (USP), donde se integró la mayor parte de los profesionales de la policía que animaron el sindicalismo clandestino.

Esta organización, que es continuidad, con el paréntesis asociativo, de la UNP, se plantea desde sus comienzos objetivos políticos y sindicales, que se van desarrollando a partir de su estrategia, definida en los sucesivos congresos.

En el orden político se constató que las estructuras policiales eran obsoletas y, por consiguiente, inadecuadas para prestar un mínimo servicio a la democracia ¡que se había otorgado a los españoles, la multiplicidad de cuerpos policiales, la estructura militar de dichos cuerpos, con mandos militares al frente incluso de las policías municipales, la politización de la mayoría de sus jefes, la superposición de funciones y competencias, etcétera, son datos fácilmente contrastables.

En el orden sindical es evidente que la constituida asociación pretendía, además de neutralizar el movimiento clandestino, servir de coartada y respaldo a las jerarquías policiales; no en vano fueron sus delfines los que manipulaban el asociacionismo; ante lo que se planteó un sindicalismo abierto, reivindicativo y de denuncia.

La USP entró en relaciones políticas con el espectro de centro izquierda y sindicales con las centrales mayoritarias UGT y CC OO, y en el ámbito internacional, con la Unión Internacional de Sindicatos de Policías (UISP), así como con la FASP (Francia) y el SIULP (Italia).

Fruto de la actividad desplegada por la organización fue la materialización de resoluciones congresuales de partidos y sindicatos, que recogieron en síntesis los análisis y proponían soluciones fielmente reflejadas en los documentos de la USP.

Policía civil y democrática

La máxima de una policía civil, democrática y unificada se expandió por doquier entre los miembros de los cuerpos policiales y la opinión pública, y se plasmó en los programas electorales de los partidos progresistas.

Las organizaciones sindicales policiales comenzaron a transformarse. Comenzó a formarse un nuevo sindicalismo y se desarrolló en el seno de la Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Policía una incipiente democratización, inicialmente semántica y posteriormente con la asunción de postulados similares a los de la USP, que culmina en el Sindicato Profesional de Policías (SPP) de hoy.

En las policías municipales se constituyen sindicatos de ámbito estatal que monopolizan prácticamente la representatividad, como la Unión Sindical de Policía Municipal y el Sindicato Profesional de Policías Locales; de forma paralela, el SUP, cuya clandestinidad data de los tiempos de la UNP, se expande desde Sevilla a la mayoría de las provincias españolas.

Esta etapa concluye con la llegada del Gobierno del PSOE. Todos esperábamos que el ministro del Interior, José Barrionuevo, y su equipo, Vera y San Juan, abordaran la reforma prometida en el programa electoral de su partido y procedieran a la desmilitarización de la Policía Nacional, la unificación policial, el reconocimiento de derechos sindicales para los policías naciones y la articulación de la participación sindical en los problemas de personal; lejos de caminar en este sentido, durante dos años de Administración socialista comete reiterados errores con los sindicatos policiales existentes: en la Policía Nacional, los jefes y oficiales del Ejército, con la colaboración de un reducido grupo de policías nacionales, pretenden crear una asociación corporativa para la defensa de los intereses de las jerarquías, que el SUP, inteligentemente, aborta.

Con los sindicatos USP y SPP entra en conflicto al incumplir los acuerdos suscritos, culminándose en la manifestación pública del 29 de noviembre de 1983 en la Puerta del Sol; a los sindicatos estatales de Policía Municipal no se les reconoce dicha representatividad y se les relega al ámbito de los ayuntamientos.

Ante la prolongada situación de marginamiento sindical e incluso destrucción, -no tienen otra explicación las reformas disciplinarias contra los representantes sindicales o las subidas salariales anunciadas a espaldas de los sindicatos policiales y la paralización de las reformas- por primera vez se reúnen las organizaciones sindicales representativas SPP, SPPL, SUP, USP y USPM, que elaboran un documento reivindicativo que va desde la solicitud de "la inmediata legalización del SUP" y la regulación y promulgación de un estatuto de participación sindical hasta la promulgación de la ley orgánica de Cuerpos de Seguridad.

Al unísono, numerosas personalidades de la vida intelectual, social, Universidad, hacen público un manifiesto, con ocasión del Día de la Policía, en el que instan al Gobierno a que aborde la reforma policial.

El anuncio de "la legalización de las expresiones sindicales" en la Policía Nacional y de reformas puntuales dirigidas hacia la desmilitarización y unificación policial fueron acogidas en amplios sectores con sincera satisfacción, pues se esperaba que significara un cambio de actitud de Interior que posibilitaría la normalización e institucionalización de relaciones responsables con los sindicatos policiales.

El tiempo transcurrido y las acciones llevadas a cabo desde el anuncio comienzan a generar dudas razonables sobre si éstas son las verdaderas intenciones de Interior o si simplemente era un intento de ganar tiempo evitando no sólo la convergencia de las cinco organizaciones sindicales y las posibles acciones sindicales en torno al documento reivindicativo, sino la extensión razonable de un movimiento ciudadano encabezado por personalidades de la Universidad, la cultura, etcétera, sin olvidar a una delegación de la Unión Internacional de Sindicatos de Policía, que había de venir a España para llevar a cabo una acción en pro de la desmilitarización y sindicalización policial.

La acción política responsable de Interior debe dirigirse a las organizaciones sindicales que le dirigen el documento elaborado el citado día 18 de septiembre, pues con ello hubieran ayudado de forma positiva a la integración de las fuerzas sindicales, ya que se hubiesen abordado los problemas y soluciones de forma global, abordando ya la creación de comisiones paritarias entre Administración y representantes sindicales que comiencen a institucionalizar el diálogo y solución, en principio, de todos los problemas de personal, dándole contenido y sentido a la acción sindical como mínimo para la defensa de la dignidad de los profesionales de la policía, sometidos aún a las discriminaciones y vejaciones de algún jefe. Con lo que se podría evitar el lamentable espectáculo de que un jefe superior de Policía o un director tengan que ir a declarar o incluso llegue el caso de que se les procese por atentar contra las libertades sindicales.

Lejos de esto, parece -deseo equivocarme- que se ha orientado a separar al SUP del resto de las organizaciones sindicales, ofreciéndole la legalización por la vía del decreto 3.624/1977, de 26 de diciembre, hasta ahora rechazado por la Administración (¿por qué han tardado dos años?) y que había dado lugar a la interposición de recursos contencioso-administrativos en vías de resolución en Madrid y en Sevilla.

Las dudas razonables sobre los posibles pactos entre Interior y los actuales dirigentes del SUP pueden constituirse en un argumento para la desestabilización interna y externa, con proliferación de organizaciones sindicales en la Policía Nacional que discutan y se atribuyan la representatividad sindical de los policías nacionales, con las consiguientes radicalizaciones verbales y sindicales en un colectivo profesional esencial para la seguridad de los ciudadanos, y como beneficiado directo, la Guardia Civil, que no hay que olvidar está obligada a callarse disciplinada y militarmente.

Por lo menos, en lo que respecta a los sindicatos policiales, no deberíamos caer en esta maniobra de división y dilación para abordar la reforma policial, por lo que tendremos que caminar hacia una intersindical, como interlocutora representativa de los profesionales de la policía que, en estrecha relación con personalidades de la vida cultural de este país, le hiciéramos ver nuestra firme voluntad de reforma y de cambio de las actuales estructuras policiales.

Hoy por hoy, se puede afirmar que el sindicalismo policial es mayoritariamente democrático, en cuanto que sus postulados y acciones se inscriben en el texto y contexto constitucional que se han dado los españoles; esta herencia la recibió el PSOE al llegar al Gobierno.

A los actuales responsables les corresponde propiciar un sindicalismo unitario, sólido y participativo de los policías como mejor garantía de las libertades democráticas de los españoles. En este nuevo empeño se emplearán con todas sus energías, una vez más, los que se agrupan en torno a la USP.

es secretario general de la Unión Sindical de Policías.