El congreso de la Asociación de Fiscales pide un ministerio público independiente del Ejecutivo

ENVIADO ESPECIAL Lo que el sector conservador de la profesión fiscal no logró hace dos años en Fuengirola lo consiguió ayer en Valencia la mayoría del III Congreso de la Asociación de Fiscales, que se clausurará hoy: postular un ministerio público independiente del Ejecutivo y "ajeno a las directrices políticas". El acuerdo, adoptado por 125 votos contra 92 y con 45 abstenciones, niega competencias al Gobierno para definir el interés social que los fiscales deben promover y entraña una ruptura dentro de la propia asociación de fiscales, cuyo sector progresista no se encuentra ya cómodo en la misma.

El III Congreso de la Asociación de Fiscales, que reúne en Valencia a los representantes de los 370 fiscales que la integran -sobre el total de más de 600 miembros de la carrera- celebró pacíficamente su sesión del viernes pasado, día en que una de las cuatro comisiones, la presidida por José María Mena, logró alcanzar por consenso un texto para someter al pleno en el que se reconocía el derecho a constituir corrientes de opinión y a que éstas manifestaran criterios contrarios a los de la mayoría.Los problemas se iniciaron ayer cuando la mesa del Congreso propuso que este tema, que encabezaba el orden del día del pleno, fuera pospuesto para el final. En la interpretación del sector progresista se trataba de retrasar lo más posible la escisión de la asociación. Así se acordó en una votación que sirvió para tantear las fuerzas y que mostró que éstas se encontraban igualadas: 125 contra 100 y 12 abstenciones.

El sector progresista, heredero de Justicia Democrática y promotor principal de la Asociación de Fiscales desde las reuniones de 1980 en Sigüenza, que en diciembre de 1982 consiguió rechazar una moción de censura contra el entonces presidente, José Jiménez Villarejo, se encontraba en minoría.

Los primeros textos sometidos al pleno procedentes de las comisiones, como las ponencias de Rogelio Gómez Guillamón, en defensa de la posición del fiscal en la futura ley Orgánica del Poder Judicial, y de José Ramón Oreña, sobre el mayor protagonismo del fiscal en los procesos judiciales en defensa de los ciudadanos, fueron aprobados sin problemas. Éstos se plantearon cuando Bartolomé Bargas, como ya hiciera sin éxito en diciembre de 1982 en Fuengirola, trató de sacar adelante una propuesta sobre la independencia del ministerio fiscal.

El texto que presentó al pleno planteaba entre otras cosas un rechazo a las afirmaciones realiza das por el ministro de Justicia Fernando Ledesma, para quien el interés social que los fiscales deben procurar satisfacer según la Constitución ha de definirlo el Gobierno, como órgano que emana de la soberanía popular. Vargas defendía que ello llevaría consigo una "instrumentalización política del ministerio público" y propuso también que entre los fines de la Asociación de Fiscales se incluyera la defensa respecto al poder ejecutivo.

José Jiménez Villarejo se opuso a esta ponencia por estimar que el interés social debe definirlo el Gobierno, como procedimiento para que la función del fiscal "conecte con el Gobierno democrático en la realización del interés social". José Antonio Martín Pallín señaló que, al margen de la conveniente autonomía del ministerio fiscal, no podían aceptarse los planteamientos de Vargas por desbordar el marco constitucional, que vincula dicha institución con el Ejecutivo. Lo contrario, según dijo, sería tanto como crear un cuarto poder sin control por parte de ninguno de los poderes del Estado.