Acuerdo en el PNV sobre la ley de Territorios Históricos
La asamblea nacional del Partido Nacionalista Vasco (PNV) aprobó a la una de la madrugada de hoy una propuesta del Consejo Nacional M partido para resolver la crisis interna. Según esta propuesta, el Gobierno vasco y las diputaciones forales, antes de aprobar y ejercitar sus programas de actuación, se comunicarán el contenido y los presupuestos de los mismos. La solución que parece zanjar el conflicto planteado entre el Ejecutivo autónomo y las diputaciones por la aplicación de la ley de Territorios Históricos - fue aceptada por 33 votos a favor, 15 en contra y una abstención.
La solución planteada a la asamblea por el Consejo Nacional fue presentada -tras un último e infructuoso intento por llegar a un acuerdo entre el Gobierno y las diputaciones- por los apoderados de Álava.El texto de los nacionalistas alaveses, según ha podido saber Efe de fuentes de la asamblea, concreta que, "en torno a las discrepancias suscitadas sobre la capacidad de fomento de las diputaciones, los alaveses creen que la solución más sensata, acorde con la legalidad que sintetiza la doctrina nacionalista, consiste en establecer unos determinados criterios".
Estos criterios, según los apoderados por Álava, se deben establecer "respetando la competencia de fomento inherente a la propia naturaleza de las diputaciones y garantizando, a su vez, que el ejercicio de la misma no invada, las competencias asignadas en la Ley de Territorios Históricos a las instituciones nacionales, Gobierno y Parlamento".
La propuesta alavesa fue aprobada, por 33 votos a favor -15 de Alava, 15 de Vizcaya y tres juntas nacionalistas extraterritoriales- mientras fue rechazado por los 15 apoderados guipuzcoanos, partidarios de las tesis del Gobierno de Garaikoetxea. La junta extraterritorial de Madrid se abstuvo.
Obligado cumplimiento
El texto del Consejo Nacional, de obligado cumplimiento, indica que, "en las instituciones comunes y los órganos forales de los Territorios Históricos, los cargos públicos del PNV, en su acción de gobierno, adoptarán una serie de criterios respecto al ejercicio de las respectivas competencias".
"Como regla", matiza el escrito, "cada institución atenderá a las obligaciones derivadas del reparto de competencias contenido en la Ley de Territorios Históricos y a cuyo tenor se reparten los recursos procedentes del con cierto económico por el Consejo Vasco de Finanzas", organismo que fija las aportaciones de las diputaciones a las arcas generales del País Vasco.
"Si una vez dotadas suficientemente en los presupuestos la respectivas competencias, el Go bierno o las diputaciones decidieran desarrollar programas de fomento en áreas o materias asignadas en la Ley de Territorios Históricos a los órganos forales o las instituciones comunes", agrega la propuesta del EBB, "ajustarán su actividad a determinados principios". Principios entre los que se incluye la necesidad de justificar la actuación.
Con anterioridad, y tras la constitución de la mesa de la asamblea, los apoderados de las provincias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya dieron cuenta de las propuestas emanadas de sus respectivas asambleas regionales para la solución del conflicto.
Antes de conseguir este consenso, el presidente del Gobierno vasco, Carlos Garaikoetxea, había descartado la posibilidad de presentar su dimisión en el caso de que el Partido Nacionalista Vasco no aprobase las tesis del Gobierno autónomo sobre la aplicación de la ley de Territorios Históricos.
Al comenzar la reunión, el lendakari señaló a los medios informativos que pensar en una posible dimisión "significaría prejuzgar situaciones que yo no quiero ni imaginar".
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