La amenaza de la ley electoral

EL PLENO del Congreso ha rechazado tres enmiendas a la totalidad del proyecto de ley orgánica de Régimen Electoral, presentadas por Coalición Popular, el PCE y Euskadiko Ezkerra. La mayoría socialista recibió el apoyo de la Minoría Catalana, del nacionalismo vasco y del centrismo residual, que anuncian, sin embargo, su intención de presentar enmiendas parciales al articulado. Los futuros trabajos parlamentarios permitirán apreciar las mejoras o los empeoramientos de carácter técnico que el proyecto gubernamental aporta al régimen electoral en vigor, cuyas líneas maestras han sido respetadas. La disparatada medida de prohibir las encuestas electorales desde los 60 días anteriores a la celebración de los comicios -deslizada en el texto enviado por el Gobierno al Congreso y rectificada después en el Boletín Oficial de las Cortes Generales- suministra moderados fundamentos para temer que este larguísimo proyecto -compuesto por 207 artículos- encierre otras perlas parecidas.El proyecto gubernamental parece orientado a consagrar el bipartidismo y a impedir que la representación parlamentaria sea un reflejo fiel y adecuado de las opiniones y las preferencias de la sociedad española. El artículo 68 de la Constitución establece el carácter universal, libre, igual, directo y secreto del sufragio y ordena que la elección de los diputados atienda a "criterios de representación proporcional". Sin embargo, el proyecto ,gubernamental -respetando las orientaciones del decreto-ley de 1977 al que pretende sustituir- lesiona la igualdad del sufragio de los españoles, en función de la provincia donde se hallen censados los electores, y corrige el principio de proporcionalidad para favorecer a las siglas más votadas. El resultado final es que los grandes partidos o coaliciones obtendrán un premio en escaños, por encima de los sufragios populares conseguidos en todo el territorio nacional, y que los partidos medianos o ,pequeños recibirán el castigo de una representación parlamentaria disminuida, inferior a la que resultaría de una aplicación estrictamente igual y proporcional de los sufragios.

La atribución de un mínimo de dos diputados a cada provincia española (y de un diputado a Ceuta y a Melilla) constituye un factor de distorsión como consecuencia de la desigualdad de población entre estas divisiones administrativas creadas hace siglo y medio. Mientras un (diputado por Soria representa a 33.573 ciudadanos, un diputado por Madrid recibe el mandato de 146.465 electores. La utilización de las comunidades autónomas como circunscripciones electorales podría disminuir las diferencias territoriales. Pero UCD consiguió que el artículo 68 de la Constitución consagrase a la provincia como única circunscripción electoral posible. Aunque los resultados del 28-0 mostraron los erróneos fundamentos del cálculo de los centristas, que pensaban beneficiarse eternamente de los votos de las provincias menos pobladas, el mal ya está hecho. Una reforma de la Constitución permitiría ahora sustituir a las provincias por las comunidades autónomas como circunscripciones electorales, medida totalmente congruente con el diseño del Estado de las autonomías. Y la elevación del número de diputados hasta 400 -límite máximo permitido por el artículo 68 de la Constitución- reduciría la desigualdad representativa de los españoles, en función de las provincias en que estén domiciliados, pero produciría un aumento del gasto público.

El procedimiento escogido para atribuir los escaños dentro de cada circunscripción provincial opera también en el sentido de mermar la proporcionalidad. El sistema D'Hondt, aplicado tanto por la vieja norma electoral como por el nuevo proyecto gubernamental, se convierte en un sistema cuasi mayoritario en las circunscripciones con escasa población y corrige la proporcionalidad en las restantes provincias. El régimen electoral también influye sobre la conciencia y la voluntad de los ciudadanos, que anticipan en la imaginación la capacidad de sus sufragios para traducirse en escaños: se trata del fenómeno del voto útil, que mueve a determinados sectores del electorado a sacrificar sus preferencias por los partidos menores, castigados por el sistema electoral, y a entregar sus sufragios a una segunda opción, que suele ser un gran partido o coalición con oportunidades de obtener la victoria. A nadie puede extrañar, en consecuencia, que el PSOE y Alianza Popular, beneficiados por el voto útil de la izquierda y de la derecha, apoyen un régimen electoral que refuerza las tendencias al bipartidismo.

Era ineludible que las Cortes dieran cumplimiento al mandato constitucional de sustituir al viejo decreto-ley de marzo de 1977, promulgado en el tránsito del régimen autoritario al sistema democrático. Por esa razón, resulta incomprensible que el portavoz de Coalición Popular -en esta ocasión, Oscar Alzaga- se pronunciase en el Congreso contra la oportunidad de la iniciativa gubernamental, con el argumento de que los socialistas disponen, durante esta legistatura, de la mayoría absoluta en ambas Cámaras. ¿Habría que aguardar, para sustituir al decreto-ley de 1977 -que menciona en su articulado a los sindicatos verticales y cuya vigencia está limitada por la disposición transitoria octava de la Constitución-, a que los ciudadanos eligieran un Congreso segmentado en numerosos grupos y en el que la formación de la mayoría fuese una hazaña? ¿O se trataría más bien de aguardar a que Coalición Popular alcanzase la mayoría absoluta e impusiera un régimen electoral orientado hacia ese sistema mayoritario que Manuel Fraga ha defendido siempre con ardor? El problema no está en la oportunidad: el Gobierno hace bien en enviar a las Cortes una ley electoral. El problema está en el fondo: los socialistas quieren aprovechar su amplia mayoría para tratar de hacerla imperecedera. Es legal, pero es bastante torpe. Limitando la proporcionalidad de la representación se limita la participación popular, se desanima al electorado y se debilita el régimen de partidos. En definitiva, un proyecto electoral así es una amenaza solapada a la salud democrática del régimen. Y no será la derecha la que en el futuro pague el pato de ello. Pero el PSOE parece convencido de la cualidad inmarcesible de su poder.