La extrema derecha salvadoreña, satisfecha por el fracaso del diálogo con la guerrilla

El líder ultraderechista Roberto d'Aubuisson ha elogiado al presidente de El Salvador, José Napoleón Duarte, por su firme rechazo a la propuesta de paz de la guerrilla. Tras afirmar que su rival político ha admitido finalmente lo que él viene diciendo desde hace mucho tiempo, le ha pedido que ponga fin a esta payasada del diálogo. Duarte no ha querido ir tan lejos para que no se le acuse de ser el causante de la ruptura. Dice sí a las conversaciones, pero no dentro del marco anticonstitucional al que pretende llevarlas la izquierda.

El líder democristiano recurrió al melodrama en su conferencia de prensa del sábado para asegurar que está dispuesto a todo, incluso a dar su vida, por asegurar la paz de su pueblo, pero esta voluntad política tiene el límite expreso de la Constitución, porque en otro caso "yo dejaría de ser presidente".Los alzados en armas pretenden a su juicio "nuestro rendimiento incondicional". Aunque su propuesta habla solo de constituir un Gobierno de consenso nacional, que integre a todas las fuerzas comprometidas en la solución negociada de la guerra, Duarte ha visto en ella intenciones secretas mucho más profundas: "quieren anular la legitimidad del presidente y nombrar una junta en la que ellos tengan derecho de veto".

La Constitución salvadoreña regula la elección directa del presidente y le otorga amplios poderes, en lo que se refiere a la designación de sus ministros. Siempre que no se cuestione la figura presidencial, que la izquierda ni siquiera menciona en su proyecto, no parece haber una anticonstitucionalidad flagrante en lo que propone la oposición.

Duarte tiene todo el derecho a no querer gobernar con Guillermo Ungo o Rubén Zamora, pero esa es en última instancia una decisión política que en definitiva no está directamente reñida con la Constitución. El presidente no encontró obstáculos después de las elecciones para constituir una alianza con el Partido Acción Democrática.

A todas luces la fusión del Ejército y la guerrilla en una única institución armada se presenta mucho más problemática y encuentra un difícil encaje en el marco legal vigente. Duarte tiene razón en todo caso cuando asegura que las Fuerzas Armadas de El Salvador no aceptarían una solución de esta naturaleza, a la que se resistiría sin duda el Ejército de cualquier otro país. Es prácticamente seguro que recurrirían al golpe de Estado.

La propuesta que, pese a todo, está más reñida con la Constitución es la relativa a la reforma constitucional, que la izquierda propone llevar a cabo mediante referéndum, haciendo caso omiso del complicado mecanismo parlamentario que establece la carta magna y que en su última fase exige mayorías cualificadas del 75%. El Partido Demócrata Cristiano está muy lejos de disfrutar de esta mayoría y el presidente carece de iniciativa en la materia, que la Asamblea Constituyente se reservó en exclusiva.

Es obvio que en la larga lista de peticiones presentadas por la izquierda, hay temas sujetos a transacción, pero Duarte la ha descalificado en su globalidad.

Se queja amargamente de que sus opositores desconozcan los esfuerzos que está haciendo por desmantelar a los escuadrones de la muerte, por investigar y juzgar a los responsables de crímenes.

La cuestión fundamental para el presidente está en saber si los alzados en armas aceptan la democracia como sistema de Gobierno o si pretenden seguir utilizando la violencia para alcanzar el poder. "Mientras no haya una definición clara en este punto, no se podrá avanzar".

Difícil etapa

La izquierda asegura, por su parte, que está en favor de la democracia, y que por eso presenta las elecciones generales como una culminación de todo el proceso, pero insiste en que no hay condiciones objetivas en el país para un proceso democrático.Las conversaciones entran así en una etapa difícil, en la que cada parte hace oídos sordos a los argumentos de la otra. También la guerrilla se queja de que Duarte pretende su rendimiento incondicional y desconoce, mientras tanto, la legitimidad de ese texto elaborado por una asamblea en cuya elección no tomó parte. Ante estos planteamientos la tercera reunión, que tal vez se celebre el mes de enero, podría también ser la última a menos que haya una corrección de rumbo por las dos partes.