La Policía Nacional se hace cargo de las competencias de seguridad ciudadana, en detrimento del Cuerpo Superior

La dirección de las competencias en materia de seguridad ciudadana ha pasado a depender de los mandos militares de la Policía Nacional, según ordena una circular de la Inspección General de la Policía Nacional con fecha de 26 de octubre pasado. Esta norma supone que los miembros del Cuerpo Superior de Policía quedan al margen de la dirección del orden público. El Sindicato Profesional de Policías (SPP) considera esta medida "como una militarización encubierta de la seguridad ciudadana".

Según la circular, el nuevo mando encargado a escala nacional del orden público es el inspector general del Cuerpo de Policía Nacional, Félix Alcalá Galiano. El Secretariado General de la Seguridad Ciudadana lo compondrán un coronel, un teniente coronel y cuatro comandantes. En cuanto a los mandos territoriales, las regiones policiales con sede en Madrid y Barcelona dependen a partir de ahora de un coronel jefe de la Policía Nacional. La dirección de las demás regiones queda encargada a un coronel o a un teniente coronel. Anteriormente estos cargos los ocupaban miembros del Cuerpo Superior de Policía, según indicó un portavoz del SPP, sindicato mayoritario en el sector. La dirección de las salas de operaciones -conocidas como el servicio del 091 - pasa a depender de oficiales y suboficiales de la Policía Nacional, según la importancia regional o provincial y las "posibilidades de efectivos reales", como indica la circular.

Ley de Policía

Las jefaturas locales de orden público quedan a partir de ahora adscritas a los jefes de las guarniciones de Policía Nacional. Las salas de operaciones pasan a depender de cuatro oficiales y suboficiales en Vigo (Pontevedra), Gijón (Asturias), Santiago de Compostela (La Coruña), Mérida (Badajoz), El Ferrol (La Coruña), Cartagena (Murcia), Jerez de la Frontera (Cádiz), Ceuta y Melilla, mientras que las restantes serán dirigidas entre cuatro suboficiales y cabos primero.La circular de 26 de octubre desarrolla un real decreto de 28 de marzo de 1984, que "contradice la ley de Policía de diciembre de 1978", según subrayó un portavoz del SPP. Este sindicato, que agrupa a más del 80% de los miembros del Cuerpo Superior de Policía, considera la citada ley como "la más progresista de las normas policiales existentes, ya que impide en sentido estricto una militarización de la policía, además de diferenciar claramente las distintas funciones de la Guardia Civil, la Policía Nacional y el Cuerpo Superior de Policía".

Según el mismo portavoz, "en la ley queda claro que la dirección del orden público es competencia de los mandos del Cuerpo Superior, único cuerpo de la seguridad del Estado con personal totalmente civil". "Sin embargo, el decreto que lo desarrolla transfiere esta competencia a los mandos de la Policía Nacional, cuya mayoría son militares".

En este sentido, el SPP interpuso un recurso contra el mencionado decreto en el mes de abril, por considerar que "supone la militarización del órgano directivo encargado del orden público, ya que los altos mandos policiales son militares".

"El citado decreto supone una militarización de la calle", añadió el portavoz del Sindicato Profesional de Policías.

Este periódico no obtuvo ayer la versión al respecto del portavoz del Ministerio del Interior, quien no pudo atender a las llamadas realizadas, según se indicó en su despacho.