Felipe González califica el atentado de "provocación contra la política pacificadora"

El presidente del Gobierno, Felipe González, dijo ayer que "este acto de naturaleza criminal es un nuevo intento de poner en grave peligro la convivencia en el País Vasco y constituye una clara provocación contra la política de pacificación y reinserción desplegada por el Gobierno de la nación". González hizo un llamamiento a la "serenidad de todos los ciudadanos vascos y a la cooperación de las fuerzas políticas y las instituciones para defender la convivencia libre en el marco de nuestro Estado de derecho".

El presidente expresó la firme voluntad de su Gobierno de "esclarecer plenamente la autoría de este crimen injustificable". Un portavoz del Ministerio del Interior manifestó que la noticia había causado gran consternación al ministro José Barrionuevo y que inmediatamente se habían impartido las órdenes oportunas a los responsables de las fuerzas de seguridad para efectuar el despliegue necesario tendente a localizar y detener a los autores.El ministro de Justicia, Fernando Ledesma, declaró que "cualquier forma de violencia es una brutalidad siempre, y por tanto condenable". En relación a la posible incidencia de este atentado en la tramitación de la ley antiterrorista en el Senado, prevista para hoy, el ministro contestó, que no creía pueda tener influencia. De la misma opinión fue el presidente del Senado, José Federico de Carvajal, aunque éste indicó que "quizá este hecho terrorista exija una mayor celeridad en la aprobación de una ley contra las bandas armadas".

Por su parte, el PSOE condenó el "brutal asesinato" que "supone una clara provocación de sectores extremistas que buscan la desestabilización del País Vasco y el enfrentamiento violento en el seno de su sociedad", e hizo un llamamiento a la serenidad para evitar que los asesinos logren los objetivos que persiguen.

Manuel Fraga, presidente de Alianza Popular, declaró que su partido "condena este atentado, como cualquier otro, desde su posición de defensa de los derechos humanos y de los métodos democráticos". Julen Guimón, secretario general del PDP y diputado por Vizcaya, afirmó que "se trata de un crimen que condenamos sin ninguna reserva; por muchas que fueran nuestras discrepancias políticas, nunca podremos justificar la violencia y menos el asesinato".

El diputado de UCD, Luis Mardones, dijo que los centristas repudian cualquier acto de sangre y añadió que "esto puede desencadenar la ley del talión a mayores niveles". Carles Gasoliba, de Minoría Catalana, lamentó el atentado, que "enrarece la situación en el País Vasco y puede contribuir a desestabilizar la situación".

Andreu Claret, portavoz del PCE, estimó que "es un acto de gravísimas consecuencias que pone de manifiesto las contradicciones del proceso de pacificación de Euskadi. Claret añadió que "el PCE, al tiempo que condena tajantemente este asesinato, reitera su opinión de que la existencia y la actuación impune de grupos terroristas, como los GAL, supone un obstáculo decisivo a la solución pacífica y política del problema de la violencia en Euskadi. En este sentido, reclamamos un vez más una actuación decidida del Gobierno destinada a conocer el origen de estos grupos y a acabar con su existencia".

José Ramón Caso, secretario general del CDS, manifestó que "cualquier acto de violencia es condenable". El gabinete de prensa de Unión Liberal difundió un comunicado en el que indica que su partido "rechaza la violencia de cualquier signo" y afirma que "este tipo de atentados pone en peligro la democracia en el País Vasco y el entendimiento entre todas las fuerzas políticas que nosotros propugnamos".

La central sindical UGT manifestó, en una nota de la comisión ejecutiva confederal, que el asesinato es "un nuevo acto de violencia gratuita que distorsiona la convivencia ciudadana en Euskadi" y, tras condenar el crimen, "hace un llamamiento a todos los ciudadanos del Estado y del País Vasco en particular, a que desde la serenidad y la racionalidad se edifique una convivencia en paz".