La Junta de Jueces y el ministerio fiscal analizarán los hechos denunciados, atribuidos a la falta de una Policía Judicial
La falta de una auténtica policía judicial y el no sometimiento de los funcionarios policiales a la autoridad de los jueces y magistrados fue considerada en sectores jurídicos consultados por EL PAIS como la causa de la actuación de varios policías denunciada por el magistrado Jacobo López Barja de Quiroga. Según estas fuentes es probable que hoy se reúna la Junta de Jueces de Madrid y que la Junta de Fiscales inste al ministerio público que se persone en el procedimiento judicial abierto.El portavoz de la corriente Judicial progresista Jueces para la Democracia, Cándido Conde Pumpido, manifestó que hecho como los denunciados "demuestran que no existe policía judicial y que en la preparación de los policías no se inculca el sometimiento al poder civil y al poder judicial. Así se puede dar el caso de que la autoridad judicial, encargada de hacer respetar los derechos ciudadanos, resulta vejada y despreciada por quienes debieran considerarse sus subordinados".
Cándido Conde-Pumpido resaltó el carácter especial de autoridad judicial del magistrado López Barja de Quiroga en el lugar donde ocurrieron los hechos por tratarse de un juez penal de Madrid, "que en cualquier momento cumple su obligación si interviene en su jurisdicción cuando considera que se está cometiendo un delito, como es el de golpear a un detenido". El portavoz de Jueces para la Democracia recordó que es práctica frecuente que los agentes de policía se nieguen a obedecer las órdenes judiciales si no coinciden con las del superior policial respectivo.
Por su parte, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, Joaquín Navarro Estevan, antre la noticia de que hoy podría reunirse la Junta de Jueces, señaló que, "en caso de que no la convoque el propio decano, apoyaré una iniciativa colectiva para que se reúna y propondré, además, que no se ciña a este episodio lamentable, sino a la necesidad de que sea efectiva la debida cooperación, respeto y acatamiento a magistrados y fiscales por parte de los funcionarios policiales".
Insistió en la necesidad de una policía judicial para "la existencia de un auténtico Estado de derecho". Aseguró que, en todo caso, "una vez que un magistrado se da a conocer como juez de instrucción, la policía no tiene pretexto alguno para no ponerse a sus órdenes, sin perjucio de cualquier responsabilidad posterior del magistrado; y si, como parece, ordenó la detención de quienes le insultaban, los policías que incumplieron esta orden cometieron el delito de desobediencia".
El Consejo General del Poder Judicial, máximo órgano de gobierno de la justicia, ha sido informado por el magistrado denunciante de los hechos. Asimismo, en medios jurídicos se esperaba ayer que el ministerio fiscal adoptara hoy mismo el acuerdo de personarse en las actuaciones judiciales en marcha, en cumplimiento de una de sus funciones: velar por la independencia de los tribunales.
