Los votos socialistas y de Minoría Catalana aprobaron la ley de Régimen Local

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer, con los votos de los diputados socialistas y los de la Minoría Catalana, la ley de Bases de Régimen Local. Tomás de la Quadra, ministro de Administración Territorial, al finalizar los debates, avanzó la esperanza de un acuerdo global con la Minoría Vasca y anunció el comienzo de las conversaciones para el próximo jueves.El pleno aprobó sin gran oposición un artículo según el cual el Gobierno, en casos límite, y previo acuerdo del Senado, podrá proceder a la disolución de ayuntamientos o diputaciones.

En la sesión plenaria del Congreso, en la que se concluyeron los debates de la ley de Bases de Régimen Local, las incidencias más notables se redujeron a las posturas contrapuestas, en la defensa de sus enmiendas, de dos miembros de la Coalición Popular, Juan Manuel de la Vallina e Hipólito Gómez de las Roces.

Para De la Vallina, las competencias que la ley adjudica a las comunidades autónomas en materia de desarrollo de la legislación del Estado bordean lo inconstitucional, y para ello sería necesaria una ley orgánica.

De las Roces solicitó, por contra, que todas las comunidades alcanzaran el techo que estatutariamente tienen Cataluña, País Vasco, Galicia, Andalucía, Valencia y Canarias. Se mantuvo el texto del proyecto que diferencia ambos tipos de comunidades. Las citadas tienen un control más absoluto sobre los ayuntamientos y, de hecho, sus actas ya son enviadas al Gobierno autónomo. Estas comunidades tienen reconocida la posibilidad de crear institutos de estudios de régimen local y la dirección de todas las actividades sectoriales relacionadas con la Administración local.

El Senado, garante

Conservadores y comunistas se manifestaron en contra de la posibilidad de disolución de ayuntamientos y diputaciones por parte del Gobierno central o el de la comunidad autónoma correspondiente, pero esta cuestión, que ya figuró en el anteproyecto elaborado por el Gobierno de UCD, que no llegó a ser debatido, ha sido mantenida con una ligera modificación. Esta disolución de ayuntamientos o diputaciones está destinada a controlar los casos extremos o, lo que es lo mismo, "en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses supralocales".La iniciativa necesitará en todos los casos el acuerdo del Senado. El socialista Luis Fajardo, en la defensa de este artículo, adujo legislaéión comparada al manifestar que también en los países de nuestro entorno, para las situaciones límites, existen cláusulas de salvaguardia.

Los conservadores finalizaron los debates manteniendo su idea del escaso contenido con que han quedado las diputaciones. Juan María Bandrés, de Euskadiko Ezquerra, estimó que la ley no respeta las competencias autonómicas del País Vasco, y los peneuvistas manifestaron de nuevo su disconformidad con el hecho discriminatorio de que se respeten los derechos forales navarros y no los de las tres provincias de Euskadi.