Un edil socialista y otro de AP en Lugo, acusados de construir sin licencia

Dos concejales del Ayuntamiento de Lugo, Manuel Rivera Vigón, de Alianza Popular, y Fabriciano González Penela, del Grupo Socialista, se hallan implicados en la construcción de sendas viviendas en la zona rural del municipio sin la correspondiente licencia municipal, según se ha puesto de manifiesto en la última reunión de la comisión permanente. Las denuncias partieron en un principio del PSOE contra el concejal de AP Rivera Vigón, y posteriormente Fue el Grupo Popular el que denunció a su vez al socialista González Penela.El Ayuntamiento investiga si el zoncejal socialista, además, empleó miembros de la brigada municipal de vías y obras. Pese a que ambos concejales han iniciado ya los trámites de legalización de las obras, no se descarta que sean expulsados como militantes de sus partidos.

Una de las construcciones que se levanta en el lugar de Outeiro, a unos seis kilómetros de la capital, iba a ser una obra de carácter menor, concretamente un trastero, para el que se había solicitado la licencia municipal a nombre de María del Carmen López Fernández, esposa del concejal de AP Rivera Vigón. No obstante, en la actualidad se encuentran muy avanzadas las obras de una vivienda de carácter unifamiliar.

Al margen de carecer de la licencia, en las obras de construcción han sido utilizados, presuntamente, miembros de la brigada municipal de Vías y Obras -de la que Rivera Vigón es el concejal delegado- fuera de sus horarios de servicio.

Por otra parte, el concejal socialista González Penela inició también la construcción de una pequeña vivienda, de la que hasta ahora se han realizado sólo los cimientos, en la parroquia de Santa Comba, sin el pertinente permiso municipal.

El descubrimiento de ambas infracciones urbanísticas ha causado un profundo malestar en el seno de los partidos a los que pertenecen los dos concejales. A este respecto el alcalde de Lugo, Vicente Quiroga, aseguró que en estos casos "se procederá como si se tratara de otros ciudadanos cualesquiera. Si las obras son legalizables, sus promotores deberán proceder de inmedidato a su legalización, pero desde luego se trata de un asunto muy desagradable, porque el ejemplo para los ciudadanos no puede ser peor".

El Ayuntamiento de Lugo se enfrenta con importantes problemas disciplinarios urbanísticos, a los que ha venido prestando especial atención el partido socialista desde su puesto en la oposición municipal. Ayer mismo fue vista la causa contra un constructor por desacato al alcalde al negarse a paralizar una edificación ilegal.