El problema no es Flick

LAS INFORMACIONES -rodeadas de confusos y contradictorios desmentidos- en el sentido de que el PSOE se habría beneficiado indirectamente de las entregas de dinero realizadas por el consorcio Flick a los partidos alemanes han vuelto a poner de relieve la cuestión de la financiación de los partidos en este país.Dejando a un lado los aspectos rocambolescos del relato, y los inevitables intentos de utilización por la derecha reaccionaria, lo sucedido pone de relieve la necesidad de una mayor transparencia informativa en estas materias, que afectan no sólo, ni principalmente, al partido del Gobierno sino a todos y cada uno de los que operan en la democracia española. Es ridículo suponer que el mismo dinero de Flick es el que ha servido a los socialistas alemanes para financiar el apoyo a la democracia en España y en Portugal. Sin embargo parece un hecho que los socialistas españoles han financiado una parte de sus actividades, durante un período indeterminado e impreciso de tiempo, gracias a las ayudas de la Fundación Ebert, perteneciente a los socialdemócratas germanos. Y que subvenciones de parecido género y de instituciones de similar aspecto pero de distinta ideología han tenido democristianos, liberales y conservadores de este país, lo mismo que partidos de la izquierda extraparlamentaria (para no hablar de la financiación que el fascismo internacional ha proporcionado a las tramas negras).

El secretario de finanzas de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE ha declarado, por lo demás, que el SPD ayudó monetariamente a los socialistas españoles hasta 1977, pero que esas subvenciones se interrumpieron en tal fecha. Como decimos, es un secreto a voces que los partidos españoles, desde la extrema derecha hasta la izquierda, pasando por conservadores, centristas, socialistas y comunistas, han recibido, en una u otra etapa de su historia, apoyos financieros de sus correligionarios extranjeros. Esas ayudas han utilizado, en ocasiones, canales legales, como las fundaciones o los avales de créditos bancarios. Sería difícil de probar la existencia de otros conductos secretos, penalmente sancionados por las leyes de delitos monetarios y de contrabando y defraudación. Pero la dificultad de la prueba no despeja la sombra de la sospecha. La necesidad de crear, casi de la noche a la mañana, las estructuras de los partidos políticos, imprescindibles para un sistema de democracia representativa moderna, suele esgrimirse, hacia el pasado, como circunstancia atenuante de esos comportamientos irregulares, auténtico secreto de Polichinela de la etapa de la transición. La peculiar combinación de agresividad en la forma y prudencia en el fondo, con la que los partidos se echan mutuamente en cara sus pecados de financiación, es un síntoma significativo de las arenas movedizas sobre las que se desarrolla esa incruenta batalla.

Y, sin embargo, la democracia española afronta graves peligros para su estabilidad si los partidos políticos no acreditan ante los ciudadanos la total transparencia de sus vías de financiación, de sus presupuestos de gastos y de sus sistemas de gestión. Las bajas tasas de afiliación de los partidos -los militantes efectivos del PSOE apenas rebasan el 1% de sus votantes- y los enmohecidos hábitos de participación ciudadana de los españoles reducen a una mínima expresión la financiación de esas organizaciones mediante cuotas y donativos espontáneos. Sólo los grandes partidos pueden beneficiarse de las subvenciones estatales por los escaños obtenidos y los sufragios conseguidos en las elecciones. Pero la moralización de nuestra vida pública sería un objetivo de imposible cumplimiento si las formaciones políticas del sistema parlamentario no dieran ejemplo a la hora de justificar sus ingresos y sus gastos.

La ley de Partidos Políticos, promulgada el 4 de diciembre de 1978, ha mostrado sus espectaculares insuficiencias y lagunas. El proyecto de ley de Régimen Electoral, enviado ya por el Gobierno al Congreso, regulará exclusivamente los gastos de las campañas electorales. El Grupo Socialista del Congreso solicitó, el pasado 23 de octubre, la creación de una comisión parlamentaria para la investigación de la financiación de los partidos políticos. Esa comisión de encuesta tendría capacidad para investigar las irregularidades, corrupciones o tráfico de influencias en las relaciones de los partidos con la Administración local, la Administración central, los organismos autónomos y las empresas públicas. A los socialistas, que tendrán necesariamente mayoría en la comisión, les incumbe la responsabilidad de conseguir que esas encuestas sean llevadas con plena neutralidad, objetividad y transparencia, a ser posible bajo la presidencia de un parlamentario de reconocida independencia, y de no afiliación al partido mayoritario. Si la comisión desea obtener credibilidad desde el comienzo, las denuncias sobre comisiones en las contratas otorgadas por algunos ayuntamientos socialistas, la fallida operación de compra de azúcar al FORPPA y las implicaciones españolas del consorcio Flick deben figurar en el primer punto de su agenda.