Almunia y Romero refuerzan la ofensiva iniciada por Solchaga de cara a la Comunidad

Joaquín Almunia, ministro de Trabajo y Seguridad Social, y Carlos Romero, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, iniciaron ayer su periplo europeo dentro de la ofensiva que el Gobierno español va a desarrollar por diferentes capitales comunitarias, en la recta final de las negociaciones para el ingreso de España en la CEE. El ministro de Industria, Carlos Solchaga, inició esta gira con su visita, la pasada semana, al Reino Unido.Asimismo, el ministro de Economía, Miguel Boyer, acudirá a Bruselas el próximo día 23 para entrevistarse, entre otras personas, con el vicepresidente de la Comisión Europea y encargado de la ampliación, Lorenzo Natali. Boyer había aplazado en octubre una cita similar.

Joaquín Almunia, ministro de Trabajo, encontró ayer "gran comprensión para resolver el caso español con un acuerdo satisfactorio" en el capítulo de Asuntos Sociales en su homólogo luxemburgués Jean-Claude Junker, con el que se entrevistó en la capital del Gran Ducado, informa Andrés Ortega desde Bruselas.

En este capítulo, y más concretamente en la cuestión de la libertad de circulación de los trabajadores, Luxemburgo desea imponer excepciones, y aunque la libertad de circulación de la mano de obra entre España y los diez va a ser de siete años, el Gran Ducado quiere que este período transitorio se alargue hasta 10 años en su territorio, con ciertas restricciones adicionales en cuanto a cambio de empleo.

Esta demanda luxemburguesa no está directamente dirigida contra España, sino contra Portugal. Un 12 % de la población activa del Gran Ducado es portuguesa, y Luxemburgo quiere poner un freno a esta inmigración, que se ha quintuplicado en los últimos ocho años, mientras la española se ha reducido, estando en la actualidad compuesta por 800 trabajadores y 1.700 residentes en total. "Tratar de igual forma problemas distintos es desigual", manifestó Almunia, satisfecho de la "comprensión política" de Junker y de que "hay vías de solución".

Almunia marchó ayer para Bonn donde hoy proseguirá sus encuentros. La República Federal de Alemania (RFA) es una pieza clave en el capítulo laboral. El ministro quiere que los españoles que ya trabajan en la RFA y sus familiares gocen de las mismas prestaciones laborales de la seguridad social alemana que tienen otros trabajadores comunitarios en la RFA. Pero Bonn no lo entiende sí, proponiendo aplicar estas prestaciones con el criterio del país de residencia de los familiares de los trabajadores, y no el del lugar de trabajo del jefe de la familia. Este problema afecta a unos 3.000 españoles y no supone más de 200 millones de pesetas al año para Bonn. Pero la RFA teme el "efecto de imitación" que puede producir en los inmigrantes turcos, país que, a largo plazo, podría ingresar en la CEE.

Contingentes para automóviles

Por otra parte, de cara a la importación en España de automóviles comunitarios tras la adhesión, la Comisión Europea ha propuesto a la parte española la introducción de unos contingentes arancelarios que representarían un 5% en el primer año, un 7,5% en el segundo y un 10% en el tercero del parque automovilístico matriculado anualmente en España. La Comisión quiere que éste sea contingente único para todas las cilindradas. De hecho, con 3 1.000 vehículos en el primer año doblan los dos contingentes existentes en la actualidad.El arancel se situaría en un 15% ó 19 % (cuando en la actualidad es del 36,7%), y no sufriría variación hasta que el desarme arancelario de España frente a la CEE alcance este nivel, suprimiéndose el sistema contingentario. La parte española considera estas propuestas demasiado duras, y en los próximos días intentarán reducir las diferencias en reuniones técnicas.