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Entrevista:

Sainz de Robles: "No quiero ser reelegido"

El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Federico Carlos Sainz de Robles, hace en esta entrevista un resumen de los cuatro años que lleva al frente del órgano de gobierno de uno de los tres poderes del Estado. Señala los aciertos y los fallos que, en su opinión, ha tenido el consejo, habla de las tensiones con los otros poderes y precisa la contradicción que, a su modo de ver, existe entre los proyectos sobre la justicia que presentaban los socialistas cuando estaban en la oposición y lo que se han visto obligados a asumir tras llegar al Gobierno. Asimismo asegura que le gustaría no ser reelegido como presidente del Tribunal Supremo y del consejo porque se encuentra cansado. Sainz de Robles apunta que la corrupción se ha observado únicamente en aquellos órganos judiciales muy grandes que están bloqueados y opina que en las próximas elecciones para el consejo primarán las personas sobre los programas.

Federico Carlos Sainz de Robles, 56 años, casado y padre de cinco hijos, abogado, profesor universitario y posteriormente magistrado de la Sala Tercera, de lo contencioso, del Tribunal Supremo, lleva cuatro años al frente del Consejo General del Poder Judicial.Pregunta. Acaba de cumplirse el cuarto aniversario de la constitución del Consejo General del Poder Judicial. ¿Puede hacer un balance de estos cuatro años?

Respuesta. En un plano general, el Consejo, en estos cuatro años, ha tenido que coger su sitio en la escena social y política. Era un organismo nuevo que nació con una ley de urgencia, precipitada, sacada del seno de la ley orgánica del Poder Judicial, entonces proyecto de UCD, porque había que nombrar a los magistrados del Tribunal Constitucional. Se hizo una ley yo no diría que mala, pero desde luego incompleta, y se diseñaron unas competencias un poco ambiguas. Con este instrumento, y sobre todo con el apoyo que entonces daba el proyecto alternativo del PSOE, el Consejo empezó a abrirse su sitio. Y creo que hoy, con una crítica seria que está por hacer, se ha abierto su sitio en la escena política. De modo que, como balance o resumen, yo diría que ese sitio se ha ocupado con gran dignidad, con gran transparencia; que el Consejo ha sido consciente de que le faltan muchos apoyos normativos; que también algunas veces le ha faltado la temperatura política o pulso de poder del Estado y se ha arrinconado en sus tareas burocráticas, pero que el pulso ha renacido siempre, y que tengo la absoluta confianza de que este año no sólo va a renacer, sino que se va a acrecentar y que, por tanto, en resumen, el Consejo es alguien en la sociedad política española.

P. El servicio de inspección ha sido considerado como uno de los mayores aciertos del Consejo. ¿Es realmente así?

R. En efecto, la ley orgánica y la Constitución atribuyen al Consejo la inspección de los tribunales. La inspección tenía un carácter pésimo. Era casi un organismo represivo, y aunque, para hacer justicia, la de los últimos tiempos había cambiado por completo de estilo y de propósito, planeaba todavía la inspección antigua, que iba a castigar o que iba a perseguir unos determinados hechos, naturalmente a instancia del Ejecutivo, algunos políticos y otros no políticos. El Consejo encontró la piedra filosofal. Ahora el servicio de inspección lo integran unos magistrados, dependientes del Consejo, que van a un órgano judicial, ven lo que ocurre allí y que actúan como si fueran notarios o fotógrafos. Registran las disfunciones y proponen o el apoyo necesario o un plan de seguimiento, o un plan de absorción de los atrasos o sugieren a la sección disciplinaria la imposición de la sanción que proceda, si es que aprecia una negligencia o un incumplimiento grave de los deberes.

Pero, para mí, lo importante del servicio de inspección es que jamás se ha conocido lo que pasa en la justicia como se ha podido conocer a través de este servicio de inspección. Los datos estadísticos de que se dispone han sido un buen apoyo, pero de la estadística a la realidad hay un abismo. Y creo que ese abismo no diré que se ha llegado a llenar con el servicio de inspección, porque posiblemente eso no se consiga nunca, pero desde luego se ha ganado una faz, una cara, un rostro.

P. Una vez que se conoce la realidad de la justicia, ¿está previsto algún plan de actuaciones para subsanar las deficiencias?

R. Queda un último año del Consejo en el que hay que aprovechar esos datos. El Consejo ya expresó su opinión en el informe al proyecto de la ley orgánica del Poder Judicial y con el nuevo informe al proyecto definitivo. Yo creo que ahora hay que dejar a los legisladores que terminen su tarea tranquilamente, sin que el Consejo interfiera en el debate, independientemente de que los consejeros, a título individual, opinen. Mi criterio es que el Consejo no debe incidir ya en este tema, pero hay que aprovechar los datos potenciando la Escuela Judicial, organizando hasta el final los apoyos de la justicia.

P. ¿Se va a modificar el sistema de oposiciones?

R. El Consejo ha propugnado que el sistema de oposición es el más acorde con la Constitución, pero al mismo tiempo habría que modificarlo de raíz. En los estudios sobre selección y modificación del sistema se ha previsto que lleve aparejado un programa de la Escuela Judicial, perfectamente organizado, con una duración prevista. Y esto creo que ha de ser el gran cometido del Consejo; su testamento, su legado o la conclusión de su labor.

P. ¿Y qué ocurre con los socia listas?

R. Cambia el Gobierno, y a cambiar el proyecto alternativo socialista se produce la tensión con el poder activo que está actualmente en el poder. ¿Qué ocurre ahora de diferente? Pues que estamos en el momento en que se está elaborando el documento esencial del Poder Judicial, y entonces esas tensiones son más intensas. Pero creo que lo que tendríamos que aprender es que la intensidad de una tensión debe reportar un beneficio y no una paralización. Creo que la actitud del Consejo ha sido tensionar para avanzar, ejercer un derecho de crítica que le corresponde como poder del Estado, y que corresponde también a las personas, y ser constructivo.

P. El primer Consejo le eligió como presidente. ¿Piensa que va ser reelegido?

R. Me parece un tema prematuro. Queda un año justo. La constitución de las elecciones para el Consejo en la legislación vigente no prevé una campaña electoral del presidente y me parecería absolutamente deshonesto nada que se pareciera a una campaña electoral. Además, yo no quiero ser reelegido. Se lo digo categóricamente, y si me permite un giro del lenguaje, yo quiero no ser reelegido, que es más rotundo. Creo que he cumplido la misión para la que he venido aquí, y ahora el Consejo que venga tendrá su propio programa, y, lógicamente, debe tener su hombre, un hombre adecuado para ese programa.

Aprovecho la ocasión para decir que desearía ver esos programas en el horizonte como ciudadano y como magistrado, no como presidente. Porque creo que los equipos tienen su momento, su figura, e, independientemente de eso, estoy muy cansado.

P. ¿Qué puede contar de la corrupción en la Administración de Justicia, los citeros, los reintegros y suplidos, etcétera?

R. Como en todo delito de sujeto múltiple, esa práctica viciosa existe porque uno pide y otro da. Aquí, o nos mojamos todos o la justicia no aparece. Esto no quiere decir que el Consejo no tenga que impedirlo, y, de hecho, cuando puede, lo realiza, como en el caso del Juzgado 24, que ha habido una letrada decidida y lo ha denunciado. Yo le digo que yo como magistrado y como juez de instrucción me he encargado algunas veces de expedientes disciplinarios y me he venido muchas veces con las manos vacías. Porque aquella corrupción que todo el mundo iba a denunciar, que todo el mundo conocía, luego nadie sabía nada. Y claro, la presunción de inocencia también cuenta.

En cuanto al planteamiento general, la corrupción existe siempre en órganos grandes y colapsados, y donde el colapso y la mala organización impide la inmediación del juez. En las magistraturas de trabajo prácticamente no existe esta corrupción. Detectamos la causa en una situación y una distribución inadecuadas del trabajo. Cuando se ha llegado al colapso, al borde de no poder trabajar, se han encontrado estos remedios de los citeros porque las notificaciones faltaban, porque no se ha decidido a dar al secretario la fe pública como la tienen los notarios y en todos los países de Europa. El fenómeno es muy amplio, pero a pesar de lo que el Consejo puede hacer, si no contamos con la colaboración de los profesionales, abogados y procuradores, no se conseguirá jamás nada.

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