El Grupo Popular elude en sus propuestas el control parlamentario para el poder judicial

El Grupo Parlamentario Popular hace compatibles, en el texto alternativo ofrecido al proyecto de ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ), pendiente de debate en el Congreso de los Diputados, su propuesta de amplio techo de autogobierno de la justicia por parte de Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el casi nulo papel que pretende asignar al Parlamento para el control de un poder tan ambiciosamente configurado.

En contraste con la escasa responsabilidad parlamentaria del CGPJ atribuida por el grupo de Fraga, el diputado de Euskadiko Ezkerra (EE), Juan María Bandrés, plantea la posibilidad de una moción de censura que lleve consigo la disolución y nueva elección del CGPJ, órgano de gobierno de la justicia.El Gobierno prevé en el proyecto de LOPJ la posibilidad de formulación de mociones parlamentarias contra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con motivo de la presentación a las Cortes Generales de una Memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades de la administración de justicia. El propio CGPJ declaró en su informe sobre el anteproyecto de ley que es consciente de que la autonomía gubernativa implica una correlativa responsabilidad política. En cambio, el texto alternativo del Grupo Popular limita el control parlamentario sobre dicho poder a la elaboración de una respuesta escrita con las "observaciones y conclusiones" sobre la memoria, "que se remitirá como respuesta de las Cortes Generales al Consejo General del Poder Judicial".

Añade que "en ningún caso la Mesa admitirá las propuestas de resolución presentadas por los grupos parlamentarios en las que se contengan directivas que, afectando al proceso de aplicación e interpretación de las normas jurídicas, puedan menoscabar la independencia del poder judicial".

Más competencias

Igualmente, el Grupo Popular propone suavizar todavía más el moderado control parlamentario previsto por el Gobierno. El proyecto de LOPJ dice que el contenido de la memoria podrá dar lugar, además de a la presentación de mociones y a la adopción de cuantas medidas prevean los reglamentos de las Cámaras, al planteamiento de "preguntas de obligada contestación por parte del Consejo". El texto alternativo del grupo conservador propone, en cambio, que las Cortes Generales podrán escuchar un informe del CGPJ "y solicitar las aclaraciones y ampliaciones complementarias procedentes".

Mientras tanto, el Grupo Popular no sólo amplía al máximo el catálogo de atribuciones del CGPJ, sino que la competencia decisoria sobre algunas materias, establecida por el Gobierno, la convierte en "plena y exclusiva". Tal competencia, que en el proyecto de LOPJ afecta, entre otras, a la selección, formación, perfeccionamiento, destinos, ascensos, situaciones administrativas y régimen disciplinario de los jueces y magistrados, la extiende también al resto de personal que presta servicio en la administración de justicia y al director y resto de personal del Centro de Estudios Judiciales. Asimismo, incluye entre tales competencias decisorias plenas y exclusivas la elaboración y aprobación no sólo del anteproyecto de presupuesto del CGPJ, sino también el de la administración de justicia.

Moción de censura

Por lo demás, el Grupo Popular pretende ampliar el poder del CGPJ al incluir, entre sus facultades, el informe sobre régimen retributivo de magistrados, jueces, secretarios y personal al servicio de la administración de justicia, proyectos de ley y disposiciones de carácter general en materias penal y penitenciaria y disposiciones de cualquier rango que afecten al personal judicial o a la organización y mantenimiento de los servicios de la justicia.

El contraste con la posición del Grupo Popular, entre las enmiendas formuladas por el diputado de Euskadiko Ezkerra, Juan María Bandrés, figura la propuesta de un posible voto parlamentario de censura sobre la gestión del CGPJ que, en caso de ser aprobado por tres quintos de los miembros del Congreso y del Senado, sería disuelto y, en consecuencia, los vocales que lo integran habrían de ser nuevamente elegidos. Esta propuesta se complementa con la atribución al CGPJ de un alto techo de competencias y con la iniciativa de que el Parlamento elija a los 20 vocales del mismo, 10 por el Congreso y 10 por el Senado.