HITASA, al hilo de la crisis

Desde que en abril y mayo Javier del Moral, director general del Patrimonio del Estado, se reuniese con los sindicatos representados en HYTASA, hasta mediados de octubre, la postura de la Administración era contundentemente favorable al cierre de la empresa mediante la demostración, con números en la mano, de la inviabilidad de la fábrica textil sevillana. El miércoles 24 de octubre se firmaba en Madrid un documento presentado de forma peligrosamente optimista ante la opinión pública en el que la dirección general afirma que "cabría reconducir la situación hacia una zona de pérdidas moderadas". Entre ambos malabarismos se sitúan las negociaciones, convulsiones y gestos políticos de cuantas instancias sociales han participado en el proceso.La que fuese una de las empresas textiles europeas con mayor volumen de exportaciones, que realiza todo el proceso productivo, que llegase a tener 4.500 trabajadores, que tuvo beneficios hasta 1965, hasta la crisis del sector, suspendía pagos en 1978. Era la antesala de la incautación de febrero de 1980 bajo el mandato de Abril Martorell. Aquel acto supuso un compromiso de moratoria por parte de los acreedores, un sacrificio social de congelación de salarios y un compromiso estatal de concesión de líneas de crédito mediante la aplicación de un plan cuatrienal. Los responsables del plan de reconversión textil consideran errónea la gestión de los directivos del consejo de incautación y anulan varias remesas de fondos, lo que aumenta las pérdidas de la empresa.

Nuevo plan de viabilidad

Las decisiones del Ministerio de Hacienda, ya gobernado por los socialistas, se centran en el cambio de personas -se sitúa a Diego García Morales, ex gerente de Gossypium, única empresa catalana incautada, al frente del comité que coordina las tres empresas incautadas- y en la elaboración de un nuevo plan de viabilidad. Los representantes laborales se quedaron atónitos al conocer que el citado plan giraba en tomo a una inversión de 9.000 millones para poder obtener pérdidas de 3.200 en 1987. Tras el fracaso de la ronda de negociaciones del mes de junio la presión en la calle se hizo cada vez más notoria y el Gobierno autónomo decide hacer del tema HYTASA un asunto de gobierno. En Sevilla se recuerda la imagen de Alfonso Guerra al frente de una manifestación hace ahora siete años; no cabe duda de que la sensibilización ante lo que supone un símbolo para Sevilla debió de jugar en el ánimo de la Junta de Andalucía.Mientras el Parlamento autónomo aprueba una moción presentada por el Partido Comunista de Andalucía (PCA) y decide pedir un crédito-puente de 4.000 millones para evitar el cese de la actividad productiva, la factoría desciende su ritmo de trabajo hasta menos del 50%. El consejero de Economía, Julio Rodríguez, denuncia a los directivos de la factoría como causantes del desastre económico y defiende la viabilidad de HYTASA. Eso mueve a la Dirección General del Patrimonio a vetar a la Junta de Andalucía en toda negociación, pero el presidente autónomo, José Rodríguez de la Borbolla, prefiere a Miguel Boyer y a Felipe González. Un miembro de UGT manifestaba, tras la firma del acuerdo, que se habían producido "cuatro o cinco entrevistas con Boyer y otras tantas con Felipe González, algunas de ellas monográficas". No es aventurado, pues, suponer que el peso de la negociación política haya sido decisivo a la hora del acuerdo.

El acuerdo presupone "importantes sacrificios presupuestarios para reanudar la actividad como empresa integrada" y "sacrificios de los trabajadores para el redimensionamiento de la plantilla". Lo primero se refiere a la dotación, por Consejo de Ministros, de una cantidad necesaria para la compra de materia prima y pago a proveedores, y lo segundo, la jubilación anticipada de 212 trabajadores de forma inmediata y una posibilidad de bajas incentivadas para el excedente de plantilla que una comisión técnica establecerá y para lo que se aceptó el arbitraje del director del Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación (IMAC), Juan Ignacio Moltó, en caso de desacuerdo.

Viabilidad a largo plazo

Pero el reflotamiento definitivo, el, saldo de la deuda -estimada en 10.000 millones de pesetas-, qué, en definitiva, supone la viabilidad a largo plazo, se hace depender de la cuenta de explotación. Las ampliaciones de capital dependerán de la buena marcha comercial. Los miembros del comité de empresa estaban seguros de que tal cuenta sería positiva "si se cumple el resto de los acuerdos", y ello comenzaría a verse en un plazo de dos años. La presencia de dos procesos electorales en ese intermedio hace planear la sombra de la duda sobre la instrumentaliz ación política del arreglo. El acuerdo alcanzado es una posibilidad esperanzadora que carga sobre el colectivo de trabajadores toda la responsabiliadad y deja al azar de los mercados nacionales e internacionales el imprescindible éxito económico.