El Grupo Popular pide para los jueces los máximos sueldos de la Administración

Las enmiendas del Grupo Parlamentario, Popular al proyecto de ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ) asumen las posiciones corporativistas del sector ultraconsorvador de la magistratura, en algunos casos ni siquiera acogidas por el Consejo General de¡ Poder Judicial (CGPJ), de mayoría conservadora. El grupo de Fraga pide para los miembros de la carrera judicial, entre otras cosas, los máximos sueldos de la Administración y el internamiento en centros especiales de los jueces y magistrados que hayan de ser privados de libertad.

En la presentación a la Prensa, el pasado miércoles, de las enmiendas de su grupo a la LOPJ, tanto Óscar Alzaga como José María Ruiz Gallardón aseguraron no defender los intereses de los jueces y magistrados, sino los de todos los ciudadanos. Un examen detenido del texto alternativo ofrecido al proyecto gubernamental por el Grupo Parlamentario Conservador muestra, sin embargo, que han sido asumidas las propuestas de contenido más corporativista de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM).Mientras tanto, reivindicaciones populares como mayores facilidades para la acción popular o la extensión de la gratuidad de la justicia no han sido recogidas como enmiendas al proyecto de LOPJ.

El grupo de Fraga enmienda el texto gubernamental, idéntico en este punto al texto elaborado por el Ministerio de Justicia, que establece que "el Estado garantiza la independencia económica de los jueces y magistrados mediante una retribución adecuada a la dignidad de la función jurisdiccional" y que "también garantizará un régimen de Seguridad Social que proteja a los jueces y magistrados y a sus familiares durante el servicio activo y la jubilación". El Grupo Popular propugna que la retribución de los jueces no sea inferior a la que, por todos conceptos, se percibe en el cuerpo de funcionarios "que más altas retribuciones tenga señaladas".

Esta enmienda coincide con la reivindicación de la APM, que en su informe de febrero de 1984 al anteproyecto de Justicia pidió incorporar que "ningún juez percibirá unos emolumentos inferiores a los que por todos conceptos estén atribuidos al funcionario que constituya el grado superior de la función administrativa". El CGPJ estimó qué el anteproyecto no garantizaba la independencia económica declarada y solicitó que se situara al juez, Iejos de ningún parámetro de opulencia ( ... ), en el nivel más elevado dentro de los funcionarios públicos".

Preso especial

Otros ejemplos muestran que ni siquiera el CGPJ, de mayoría conservadora, se ha hecho eco de reivindicaciones planteadas por la APM, que el Grupo Parlamentario Popular ha convertido ahora en enmiendas al proyecto de LOPJ. Así ocurre con la propuesta de cárceles especiales para jueces. La APM reprochó al Ministerio de Justicia que no se hubiera ocupado de este tema. Según la citada asociación, "las especiales circunstancias que rodean al juez o magistrado por razón del desempeño de su función jurisdiccional, y especialmente en materia penal, hacen aconsejable que su detención o prisión, en cualquiera de sus formas, no provoquen el ingreso en los usuales establecimientos penitenciarios, por lo que se propone a tal respecto que su detención o prisión se lleve a cabo mediante el internamiento en el local o establecimiento que al efecto designe el presidente del Tribunal Supremo".Los vocales del CGPJ consideraron esta argumentación falta de solidez y estimaron que también podría ser esgrimible por otros profesionales.