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Editorial:

Una flota que hace aguas

LOS INCIDENTES en los que se han visto implicados últimamente los pesqueros Santa Teresa, Valle de Atxondo y Sonia, -a los que hay que sumar ayer mismo la acción de una patrullera de la armada española contra un pesquero cántabro que faenaba ilegalmente- la denuncia por parte portuguesa del acuerdo pesquero firmado con España en 1978, y las dificultades que están surgiendo en el cierre del capítulo pesquero en las negociaciones hispano-comunitarias ponen agudamente de relieve los problemas del sector.La industria pesquera aporta aproximadamente el 1 % del producto interior bruto, proporciona trabajo indirecto a casi un millón de personas y en estos momentos se encuentra abocada a un proceso de reestructuración para adecuarse a las normas de funcionamiento de la Comunidad Económica Europea.

A la luz de los datos aportados por el Ministerio de Agricultura y Pesca ante el Parlamento, de los 17.740 buques registrados que, en teoría, componen nuestra flota, tan sólo se encuentran en actividad 11.073: es decir, el 38% de nuestros barcos no está en funcionamiento. Además, el 75% de esa flota registrada lo integran barcos menores de 20 toneladas de registro bruto, y el 46% lo componen barcos de más de 20 años de vida. 0 sea que el potencial pesquero español lo forman en una parte importante buques viejos, con la proa apuntando hacia el desguace y que, por su tonelaje, se ven circunscritos obligatoriamente a faenar en bajura. Estos hechos, unidos a la progresiva variación que se ha ido produciendo en el derecho del mar a raíz de la reserva de las 200 millas marinas, el recorte en, el número de licencias y en el volumen de capturas permitido en aguas de la CEE y el fuerte aumento en el precio del combustible -que representa aproximadamente la tercera parte de los gastos de explotación de cada barco-, han dado alas a la tradicional indisciplina del sector.

De esta forma, el alza de los gastos, junto a las cada vez mayores restricciones para faenar, han impulsado un aumento importante de las actividades irregulares de los pescadores. Por señalar simplemente las actuaciones realizadas por las autoridades españolas, el número de expedientes incoados a barcos nacionales, que fue de 50 en 1982, pasó en 1983 a 553, mientras que en los seis primeros meses de este año habían sumado ya 219. En todos estos casos, las principales irregularidades se centran en capturas de especies de tallas antirreglamentarias, faenar con mallas más pequeñas de lo permitido, pescar en fondos prohibidos y llevar menos tripulantes de lo ordenado: A ello hay que añadir las múltiples multas ocasionadas por faenar en aguas prohibidas, y, por primera vez ayer, el ametrallamiento del pesquero Hermosa Primavera por negarse a obedecer las intimaciones de una patrullera, lo que hace suponer que desde ahora se tratará de cortar con mayor energia que hasta la fecha. tal seguimiento de ilegalidades.

Está en marcha un decreto de diciembre del pasado año por el que se concede financiación privilegiada para renovar el tipo de embarcación anticuada que predomina en el sector por modernos barcos de 20 a 150 toneladas, y está a punto de aprobarse otro complementario que se extenderá a las embarcaciones de 500 toneladas. Con ello se pretende no sólo modernizar nuestro parque de naves, de forma que permita alcanzar otros caladeros, sino también unificar fuerzas evitar la atomizacion que existe en el sector. También este año se han establecido precios mínirnos para unas cuantas especies -como el bonito o el boquerón-, por debajo de los cuales son adquiridos por la Administración, y con lo que se asegura una cierta estabilidad en las ventas de los pescadores. Estos primeros pasos hacia una mayor ordenación del sector están dando sus frutos en lo que respecta a nuestra balanza comercial, pero todavía queda mucho por hacer. Mientras el sector se reestructura, es difilcil, pese al ejemplo de ayer, que el Gobierno pueda impedir las transgresiones de los pescadores españoles en aguas extranjeras y que continúen los contenciosos con la CEE, Portugal y Marruecos. Sin embargo, el hecho de que los pescadores actúen fuera de la ley no debe impe dir al Gobierno analizar las condiciones en que esas irregularidades se producen y tampoco hacerle olvidar que es misión de las embajadas españolas proteger a los ciudadanos de este país. Quizá una acción más enérgica sobre los armadores, responsables en gran parte de las actuaciones ¡legales de los barcos, y un mayor control de la acción de los pesqueros en aguas próximas a las españolas, constituya la respuesta adecuada.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 29 de octubre de 1984