¿Por qué no al AES?
La idea de que el recientemente firmado Acuerdo Económico y Social establece las condiciones para relanzar la inversión y generar empleo es contestada por el autor de este artículo. Para ello, se basa además en las dudas que en este sentido han expresado ciertos dirigentes empresariales. Critica asimismo la -a su juicio- manipulada campaña contra Comisiones Obreras, acusada de maximalísmo por oponerse a un pacto social "insuficiente por su contenido".
Imagino que las recientes declaraciones del presidente de la patronal a Diario 16 en el sentido de que "faltan muchas cosas para que se pueda invertir en España"- habrán caído cual jarro de agua helada en los ambientes del Gobierno. Porque después de la firma del Acuerdo Económico y Social (AES) se ha intentado vender al país la idea, con más algarabía que argumentos, de que todas las condiciones estaban dadas para que la inversión se relanzase y se creasen así puestos de trabajo. No parece que la cuestión sea tan sencilla. De ahí que lanzar una campaña, de las más manipuladas que se hayan conocido, contra la CS de CC OO y los que nos hemos opuesto a ese pacto, bajo la acusación de maximalismo o aun cosas peores, no parece que esté sentada en el rigor y en la realidad de los hechos. Valdría la pena intentar una incursión al fondo del problema y dejar a un lado las descalificaciones y anatemas.Hace años que España -y no sólo España- vive inmersa en una profunda crisis económica y no sólo económica. Hasta aquí, quizá, podemos estar de acuerdo. Mas, ¿cómo se supera una situación de crisis como la actual, que contiene todos los rasgos de un cambio de época histórica? No sería ocioso recordar que una premisa para conseguirlo, entre, otras, es realizar una nueva y poderosa acumulación de excedente que permita un salto en la inversión productiva. Inversión que debe alcanzar proporciones mucho más cuantiosas que en el pasado, ante un proceso de profundos y rápidos cambios tecnológicos, cuando la composición orgánica del capital, es decir, la relación entre capital constante y variable, crece sin cesar a favor del primero.
Opción conservadora
Ante una disyuntiva así, las políticas económicas de los Gobiernos pueden adoptar actitudes diferentes, que responden también a intereses sociales diversos y contrapuestos. Dejemos a un lado, al no ser nuestro caso, la de aquellos Gobiernos que funcionan en economías donde la propiedad privada de los principales medios de producción ha pasado a manos públicas, pues lógicamente en estos casos el motor de cualquier acumulación y recuperación es, casi en exclusiva, dicho sector. En las economías occidentales, a las que se llama ahora eufemísticamente de mercado, cuando su verdadero nombre es la de capitalistas, también se pueden adoptar diferentes políticas, según sea, quien gobierne.
Los conservadores, en sus distintas variantes, entienden que el actual sistema económico capitalista es tan natural a la condición de los hombres y las sociedades como el ciclo de las mareas o el régimen de las lluvias, y, por tanto, la única solución radica en que los grandes empresarios privados puedan acumular crecientes beneficios y, sobre todo, crecientes expectativas de mayores beneficios aún que los motiven a 'invertir. Es decir, consideran que el sector privado de la economía es el único motor real de toda posible acumulación y recuperación, y de ahí que la labor del Gobierno y del Estado sea, en su opinión, crearles las mejores condiciones para que dicha acumulación se produzca, al margen del precio social que haya que pagar por ello.
Pues bien, en mi modesta opinión, esta es la opción adoptada por el actual Gobierno español, una de cuyas plasmaciones concretas ha sido el famoso AES y los Presupuestos Generales del Estado. Opción que supone que la mayoría de la sociedad, formada por sectores populares, tenga que soportar un alto coste social en cifras crecientes de desempleo, pérdida de poder adquisitivo, estancamiento en medidas redistributivas vía fiscal y presupuestaria, al tiempo que representan a esos sectores más castigados por la crisis y amplían el poder económico y político de los que ya lo tenía antes.
No es la única política posible
No es ésta obviamente la única política posible, como se pretende machaconamente hacemos creer. Es una de ella, por otra parte harto tradicional, de resultados económicos aleatorios como se está viendo, socialmente injusta y políticamente degradante. Pero veamos si el contenido del AES responde a la anterior afirmación. De entrada se comprueba que en términos reales (véanse presupuestos) la inversión pública desciende en 1985, mientras, por el contrario, se espera que la privada crezca en un 5,5%, teniendo en cuenta la acumulación de beneficios que se ha originado en 1984 (alrededor del 18,4% en términos de rentas empresariales brutas por unidad de producto).
Ello no es de extrañar si tenemos en cuenta que la presión fiscal en 1984 fue del 1,3% y se programa un 0,8% en 1985, reduciéndose el déficit público en medio punto. Si se mantiene la presión fiscal para 1986 -como está previsto-, con reducción del déficit público, y tenemos en cuenta que el servicio de la deuda pública por intereses y amortización de la misma es creciente, podemos concluir que las disponibilidades netas del Estado descienden en términos reales. De esta forma, el Estado español renuncia a cualquier papel activo directo en la lucha contra el paro que no sea crear las mejores condiciones a los empresarios, sin ninguna garantía de que éstos vayan a invertir, como ha recordado sin mucha diplomacia el señor Cuevas.
En el AES no se diseña ningún tipo de reforma fiscal mínimamente progresiva. Deja las cosas como están, con simples declaraciones al uso sobre una lucha contra el fraude que nunca llega y, por el contrario, modifica aspectos del impuesto sobre sociedades que en conjunto suponen un aumento de los beneficios fiscales para las empresas. En el tratamiento fiscal de las rentas más bajas se propone un ajuste técnico para corregir la "progresividad en frío" derivada de los incrementos nominales de renta, pero sin modificar la progresividad del impuesto.
Los empresarios han conseguido así -como reconoce su presidente- frenar cualquier veleidad tendente a modificar el sistema tributario en dirección de la equidad. Si a esto unimos que al Fondo de Solidaridad, exiguo por otro lado, los empresarios no aportan su alícuota parte como ha quedado palmariamente demostrado en reciente artículo aparecido en EL PAIS bajo la firma de E. Lillo y J. Aragón, se reduce la financiación de las empresas a la Seguridad Social; se diseña una política de rentas salariales, pensiones y sueldos de funcionarios claramente moderada, y se encarga a la CEOE el estudio sobre la reforma de la empresa pública, no parece que la patronal española tenga motivos para estar disgustada con el Gobierno socialista.
Gran polvareda ha levantado el tema del despido libre, creando no poca confusión. En puridad, el despido, libre existe en España desde hace años, pues las empresas pueden despedir a un trabajador "por ser rubio o moreno" con tal de que paguen una indemnización. Lo que no hay en el despido gratuito, que es figura diferente. Mas el AES introduce un nuevo elemento que, de llevarse a la práctica, y lo lógico es que se lleve si en él aparece, sería catastrófico para los trabajadores y sus sindicatos. Me refiero a que cuando habla de la homologación de la legislación laboral española a la europea menciona de forma única y expresa la directiva de 17 de febrero de 1975 del Consejo de las Comunidades Europeas.
Esta directiva contempla un sistema de extinción de contratos de trabajo de carácter colectivo -las llamadas aquí regulaciones de empleo-, en el que no aparece la necesidad de que, en última instancia, decida la autoridad laboral sobre su pertinencia o no. El Ministerio de Trabajo es informado y los representantes de los trabajadores consultados, pero la decisión la toma la empresa. Quedarían así modificados sustancialmente, de implantarse este sistema, el Estatuto de los Trabajadores y el importante Decreto 696/80, de 14 de abril, sobre la materia.
El que no se consuela es porque no quiere, y así, se aduce que el artículo 5 de la susodicha directiva afirma que los Estados miembros de la CEE pueden mantener sus legislaciones si son más favorables a los trabajadores. Mas si la intención fuese mantener en el futuro la legislación española tal cual -Decreto 696/80-, ¿por qué entonces mencionar en el AES, única y exclusivamente, la directiva de 1975, cuya única novedad es precisamente eliminar la autorización administrativa para los despidos colectivos? No me parece muy coherente el consuelo.
No niego que en el AES aparezcan aspectos que, de cumplirse, sean positivos, como las promesas de ampliar la cobertura del desempleo o la devolución del patrimonio sindical para dentro de un año largo, pero quizá si se leyese atentamente el AES y los Presupuestos Generales del Estado y nos olvidásemos por un momento de la algarabía propagandística montada desde el poder comprenderíamos mejor la posición de Marcelino Camacho, que yo comparto, ya que el supuesto argumento de que es incomprensible que CC 00 firmase en el pasado otros acuerdos (ANE, por ejemplo) y ahora se niegue a firmar éste es de una simpleza que no merece. comentario.
Es de suponer que un sindicato que se tenga por tal puede tener una política general de acuerdos de solidaridad para contribuir a salir de la crisis, y ello no quiere decir que tenga que firmar cualquier tipo de pacto. Su decisión estará en función del contenido, digo yo, y el de éste AES es fracamente inasumible.
es vicesecretario general del Partido Comunista de España.
