La quiebra de la solidaridad intergeneracional en España

La crisis económica que desde 1974 afecta a todos los países occidentales, y en especial a España -debido a la vulnerabilidad de su aparato productivo y a la falta de recursos energéticos-, ha puesto de manifiesto cómo principios firmemente sustentados y repetides a lo largo de muchos años no se corresponden con la realidad. Uno de los más importantes es la denominada solidaridad existente en la sociedad, y en concreto entre las distintas generaciones de la misma, cuya ausencia es manifiesta en la vida española.

El examen de varios ejemplos muy recientes demuestra palpablemente cómo las generaciones de edad intermedia tratan de evitar la carga social que les corresponde. La vía elegida actualmente para la financiación del déficit público a través de emisiones de deuda pública de diversas modalidades supone que la carga del mismo es soportada por las generaciones futuras. Así, éstas tendrán que afrontar una carga financiera por los pagos de intereses y devolución de capitales por unos gastos pasados que ellos no han ocasionado y de los que se han visto escasamente beneficiados, ya que el déficit público se destina en su totalidad a financiar gastos corrientes (sueldos, compras de bienes y transferencias) y no a gastos de inversión.Por el contrario, el sistema anterior de financiación del déficit vía crédito del Banco de España, aunque menos ortodoxo, tenía la virtud de que las personas que originaban los gastos soportaban el peso de la carga a través de un impuesto especial, como es la inflación; dicho crédito, al distorsionar el control de la oferta monetaria, presionaba al alza el. nivel general de precios. No obstante, sus efectos recaían fundamentalmente sobre los grupos de la sociedad que tenían menos defensas, como son los pensionistas. En síntesis, el cambio en el sistema de financiación del déficit público supone trasladar el peso fundamental de los costes que el mismo implica desde las personas mayores a las generaciones más jóvenes,

Viejas y nuevas técnicas

Generar déficit por no aumentar los impuestos es una vieja técnica que suelen emplear los Gobiernos actuales de diversos países occidentales. Ello no es novedoso, ya don Manuel Colmeiro, hace más de 100 años, lo señalaba con claridad: "El empréstito (dicen) es una carga que la generación actual echa sobre los hombros de las generaciones venideras, mirando los vivientes a salvar la fortuna amenazada de padecer menoscabo con el peso de nuevos tributos" (1).

La insolidaridad también se manifiesta cuando los ciudadanos se niegan a incrementar sus impuestos para, por ejemplo, aumentar las transferencias a la Seguridad Social, o cuando incurren en fraudes en sus cotizaciones, con lo cual no se obtienen recursos suficientes para pagar las prestaciones, obligando a reducir el nivel de protección social. Este hecho es más grave, al considerar que esos recursos que parte de una generación se niega a pagar son destinados a financiar las prestaciones de nuestros mayores.

Tal falta de solidaridad se manifiesta aún más en las soluciones que algunas personas proponen para remediar la difícil situación financiera de la Seguridad Social, tales como la privatización de determinadas prestaciones. Ello implica que personas de grupos de edad intermedia se desentienden de las prestaciones que benefician a los pasivos, y que son financiadas con las cotizaciones actuales, y además, que en su salvación particular olvidan a las personas de su propia generación con menor nivel de renta, las cuales ven cómo peligran sus prestaciones futuras.

Mercado de trabajo

Los objetivos en el mercado laboral o financiero son todavía más frecuentes y expresivos de esa falta de solidaridad intergeneracional.

En el mercado de trabajo, los asalariados que tienen un empleo, colectivo formado por personas mayoritariamente de grupos de edades intermedias (2), excluyen a los más viejos, forzando, ante la situación de crisis económica, las jubilaciones anticipadas, que afectan a la generación mayor, e incluso son partidarios de impedir el acceso de estas personas al mercado de trabajo (3). Asimismo obstaculizan la entrada de los jóvenes (4) realizando horas extras -que impiden el ingreso de nuevos trabajadores-, negocian incrementos para sus salarios por encima de la productividad -de forma que el empresario, para ajustar sus costes laborales, no contrata- y defienden el reparto del trabajo existente mediante la reducción de jornada sin bajar los salarios, negándose a admitir la evidencia de que sólo jornadas más reducidas, pero con salarios más bajos, posibilitan la incorporación a la actividad laboral de más trabajadores.

Nuevas fórmulas

En el mercado financiero, personas de los grupos de edad intermedios con mayores posibilidades de ahorro buscan fórmulas para que sus activos no tributen a Hacienda, provocan minusvalías ficticias o evaden el dinero a otros países, lo que origina una disminución de los ingresos públicos y provoca un aumento del déficit público, incrementando asimismo el déficit en la balanza de pagos por la vía de la evasión de capitales y obligando a que las autoridades económicas se puedan ver en la necesidad de adoptar medidas de carácter restrictivo que afectarán al crecimiento de la economía en su conjunto, a la creación de empleo y, en última instancia, a los segmentos del mercado de trabajo más marginados (jóvenes que no encuentran un empleo y personas maduras que terminan por ser despedidas).

La crisis ha puesto de manifiesto la insolidaridad de la sociedad española. Gran parte de los ciudadanos, bajo el lema "Sálvase quien pueda", no atiende a razones ni a discursos políticos. El Gobierno debe sancionar a aquellos que se apartan voluntariamente de sus deberes fiscales, monetarios o de Seguridad Social; los partidos políticos deben incentivar esa solidaridad y acentuar la misma con programas que no generen mayor déficit público, y los interlocutores sociales tendrían que intentar que los efectos de la crisis en el mercado de trabajo sean equivalentes para todos los grupos de edad. Si todos ellos confluyen en esta idea, será posible que los ciudadanos jóvenes y los más viejos tengan un presente y un futuro más esperanzador y no piensen que la sociedad les ha marginado, lo cual arrastra profundos efectos negativos desde el punto de vista social, político y económico.

1 Manuel Colmeiro, Principios de Economía Política, página 480. Madrid, 1873.

2 El 67,7% de los ocupados tenía entre 25 y 54 años en el segundo trimestre de 1984, según la Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística.

3 El 62% opina, en una encuesta realizada en 1979 por la Fundación de Investigación Económica y Social, que a los mayores de 60 años se les debía impedir el empleo. Véase Papeles de Economía Española, número 8, página 336.

4 Los jóvenes de 16 a 24 años representaban la séptima parte de los ocupados y la mitad de los parados en el segundo trimestre de 1984, según la Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística.

es economista y técnico de la Administración civil.