Tensión en las empresas concesionarias de autopistas de peaje por las dificultades económicas de varias de ellas

Las empresas concesionarias de autopistas de peaje vuelven a pasar por momentos de cierta tensión, provocados por los problemas que tienen algunas. El Ministerio de Obras Públicas ha llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento de Cádiz para fijar la compensación del levantamiento del peaje del puente sobre la bahía de Cádiz. La sociedad Iberpistas, que explota el tramo Villalba-Adanero, tiene pendientes pagos de obligaciones vencidas. La fusión, defendida en un momento por la Administración, de Aumar, Bética e Iberpistas está congelada, aunque alguna otra operación de este tipo se está perfilando.

El caso de Iberpistas es aparte dentro de todo el sector. Esta sociedad es la única que no cuenta con el seguro de cambio para sus operaciones de endeudamiento exterior. La construcción de autopistas en España contó con el apoyo de la Administración que, al imponer a las empresas concesionarias que buscaran la financiación necesaria en el exterior -liberando así a bancos y cajas de ahorro de prestar a estas sociedades-, garantizaba el mantenimiento del tipo de cambio para esas operaciones. La sociedades concesionarias pagan los créditos en divisas al tipo de cambio al que negociaron la firma de los mismos, independientemente del valor de la peseta frente a las otras monedas.La parte fundamental de la financiación obtenida por Iberpistas para la construcción de la autopista lo fue a través de sucesivas emisiones de obligaciones que fueron adquiridas por las cajas de ahorro. Estas emisiones vencen y en los últimos ejercicios Iberpistas no ha hecho frente a los pagos al haber tenido problemas de generación de fondos. En la actualidad las cajas de ahorro son acreedoras de Iberpistas por unos 2.000 millones de pesetas entre amortizaciones vencidas e intereses no pagados. La deuda crece diariamente por los intereses de demora. La autopista presenta unos niveles de utilización muy elevados, lo que la hace potencialmente rentable si se superan los problemas coyunturales por los que atraviesa.

Iberpistas no tiene seguro de cambio y ha tenido que hacer frente en los últimos años a un encarecimiento muy importante de su financiación exterior como consecuencia de la subida del dólar. La fórmula para eludir el problema del riesgo de cambio en Iberpistas ha sido la de adquirir, cuando la Administración española lo ha permitido, títulos en divisas. Gracias a un crédito concedido por el Banco Central, accionista de Iberpistas, en mayo de 1982 compró bonos del Banco Mundial que le han permitido eludir los problemas derivados del riesgo de cambio.

En el caso de Iberpistas la Administración no se encuentra tan atada de pies y manos como en los de Aucalsa y Autopistas del Atlántico. Al no tener seguro de cambio por parte de la Administración debe ser la propia sociedad concesionaria la que busque una salida a su situación. Las alternativas que se manejan en la actualidad son tres: una inyección de capital procedente de los actuales accionistas, entre los que se encuentra el Banco Central -accionista de Autopistas del Mare Nostrum y de Bética- y varios de los consejeros de este banco; esa misma inyección procedente del Estado, que exigiría fuertes contrapartidas al no tener mayores compromisos con la solvencia exterior de la economía española por esta sociedad, o ir hacia una ejecución de las garantías hipotecarias que penden sobre las obligaciones no pagadas.

Lo normal sería que al final se decidieran por la primera alternativa, dada la rentabilidad de la concesión y que el Estado, si tiene que intervenir para sacar de la situación a la sociedad, impondría claramente sus condiciones. En medios de la sociedad se piensa que habría una cuarta alternativa que consistiría en que Iberpistas contara con los mismos avales y seguro de cambio que el resto. Para ello proponen vender los bonos del Banco Mundial que tienen en su cartera -lo que les proporcionaría unos 2.000 millones de pesetas de beneficios por tipo de cambio pero se necesita que el Estado garantice las emisiones exteriores. La Administración podría estar de acuerdo con esta alternativa siempre y cuando pudieran entrar con un paquete importante de acciones en la sociedad.

Intentos de fusión

Desde la Administración se ha propiciado que aquellas sociedades que tuvieran accionistas comunes caminaran hacia una fusión ordenada de cara a impedir nuevos sobresaltos como los del verano del año pasado, cuando el Estado tuvo que hacerse cargo de Autopistas del Atlántico y de Aucalsa (Astur-Leonesa), a punto de suspender los pagos de sus obligaciones exteriores. Después, la Administración y la Diputación foral de Navarra tuvieron que comprar la totalidad de las acciones de la autopista de Navarra, aquejada de la misma enfermedad. Las autopistas catalanas se han fusionado para evitar que Acesa, filial de Acasa, entrara en la misma pendiente de suspensión de pagos. Acesa corre desde este año con las pérdidas de su filial al formar ahora ya una única empresa.El Ayuntamiento de Cádiz recibirá en los próximos cinco años 3.400 millones de pesetas como compensación al levantamiento del peaje en el puente de la bahía de Cádiz, último tramo de la autopista Sevilla-Cádiz. La mitad de esta cantidad será en dinero y el resto se entregará mediante la realización de determinadas obras públicas. La supresión del peaje formó parte de las decisiones administrativas tomadas por el último Gobierno de UCD. La cifra a percibir por el ayuntamiento procede del establecimiento de un justiprecio del puente de 4.200 millones de pesetas, de los que 3.200 se destinarán al ayuntamiento.

El resto, en tomo a 800 millones de pesetas, es lo que el Estado estaría dispuesto a dar a Bética de autopistas, sociedad concesionaria del tramo Sevilla-Cádiz, para compensarla por la ausencia de ingresos derivados del peaje del puente. La posición de partida de Bética se cifra en valorar estos menores ingresos en cerca de 19.000 millones, en pesetas de cada año que, traducido a pesetas actuales superarían los 5.000 millones. El precio que el Estado esta dispuesto a pagar es el equivalente a lo que costaría construir uno nuevo.