100 aseguradoras amenazadas de liquidación, con un millón de clientes e ingresos anuales de 25.000 millones de pesetas

La comisión liquidadora de entidades de seguros, que el viernes celebró su primera reunión de trabajo, espera imprimir una "extraordinaria celeridad" a las indemnizaciones que deberán pagar las compañías sometidas a su labor. En medios informados se indica que, de alguna forma, tendrá que afrontar la crisis de un centenar de compañías con casi un millón de clientes y recaudación anualpróxima a los 25.000 millones de pesetas. Desde el 1 de octubre pasado, todos los asegurados, salvo los de vida, pagarán un recargo del 5 por 1.000 en sus primas, lo que proporcionará a los liquidadores 2.000 millones.

La comisión, constituida el pasado día 10 por cuatro representantes de la Administración y otros cuatro de las entidades aseguradoras, nombró el viernes director gerente y trazó sus primeros planes de trabajo. El cargo ha recaído en Evaristo del Río Castromil que ha pasado por las empresas públicas Banco de Crédito Industrial, Aviaco y la secretaría del Consejo de Administración de Iberia, puesto que desempeña en la actualidad.No todas las aseguradoras ya sancionadas con la liquidación - 15 en lo que va de año-, ni las que lo sean en el futuro -otras 85 incursas en expedientes administrativos previos-, estarán encomendadas al nuevo ente. La comisión sólo intervendrá cuando las compañías ya sancionadas por el Ministerio de Economía y Hacienda no tengan liquidadores, cuando las próximas afectadas por una orden de disolución no los designen en el plazo de 15 días o cuando las personas nombradas por las aseguradoras incumplan reiteradamente sus obligaciones.

Hasta ahora, tales incumplimientos han sido frecuentes, en perjuicio de los asegurados que han sufrido siniestros o del conjunto de los acreedores. Compañías cuya orden de liquidación apareció hace varios años en el Boletín Oficial del Estado por falta de garantías o por haber infringido normas administrativas han seguido abiertas y no han respondido de sus obligaciones.

Según un portavoz de la comisión liquidadora, el principal servicio que prestará a los asegurados y a otros acreedores consistirá en imprimir "una extraordinaria celeridad" al pago de indemnizaciones. Para ello, dispondrá de anticipos y podrá vender inmuebles o carteras de las sociedades en disolución, así como negociar convenios con los acreedores que hagan innecesarias las quiebras.

El dinero necesario saldrá de la venta de bienes y créditos, de los 2.000 millones de pesetas anuales que pagarán los asegurados por el recargo del 5 por 1.000 sobre las primas y de las cédulas u obligaciones que emita la comisión y suscriban las compañías de seguros en situación saneada. Los intereses y amortizaciones de estos títulos, que serán encajables en las reservas de las compañías de seguros con una consideración similar a la de la deuda pública, serán pagados igualmente con el citado fondo de 2.000 millones de pesetas anuales.

En la primera reunión del viernes han sido analizados los problemas que plantea su actuación, a la espera de que la Dirección General de Seguros señale cuáles deben ser las primeras compañías que necesiten liquidación.

El mismo portavoz coincidió con otras fuentes de la Dirección General de Seguros en señalar que todavía se desconoce el número y dimensión de las compañías liquidables, así como los recursos necesarios. Para el primero, puede haber otras 85 compañías susceptibles de liquidación, dentro de los seis centenares que engrosan el sector. Las fuentes de la Administración reiteraron que las aseguradoras con problemas de supervivencia pueden significar un 5% de la recaudación anual del sector (es decir, 25.000 millones sobre medio billón de pesetas), aunque la cifra de un millón de clientes se mantiene en el terreno especulativo.

También coincidieron en que la comisión resultante y su concepción, contestadas por una parte del equipo directivo de la Dirección General de Seguros que dimitió el pasado verano, resultarán las más idóneas para comprometer a las principales compañías en esta parte del saneamiento del sector. El otro impulso procederá de un mayor control financiero por parte de la Administración y de la reciente ley de Ordenación del Seguro Privado, que liberaliza la actividad, pero obligará en los próximos años a las aseguradoras menos capitalizadas a fusionarse o a ponerse en manos de otras.

La necesidad de contar con la colaboración de las grandes compañías y la negativa del Gobierrno a que el Estado financie el saneamiento del sector provocó sucesivas transformaciones en los proyectos para afrontarlo. Desde la idea de corporación, o fondo de garantía similar al bancario, se pasó a la sociedad gestora y a la liquidadora. En las últimas discusiones ha resultado desplazado el anterior equipo directivo de la administración de seguros, nutrido por inspectores, disconformes con la política de demora en las soluciones sufrida en los últimos años por la inspección y los asegurados.