Suráfrica, ¿evolución o revolución?
En medio de una crisis económica creciente, la República de Suráfrica inauguró el 18 de septiembre un nuevo Parlamento tricameral, en el que por primera vez desde la fundación del asentamiento de El Cabo por el empleado de la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales Jan van Riebeeck, el 6 de abril de 1652, representantes de las comunidades mestiza y asiática ocupan escaños en cámaras separadas. La población negra de Suráfrica, más del 70% del total, estimado en 25 millones de habitantes, se convertía una vez más en la gran ausente del proceso político de su país. Suráfrica se debate hoy en un dilema cada vez más acuciante: ¿hay tiempo todavía para una evolución pacífica que permita integrar sin traumas a la población negra en el destino común de la república o, por el contrario, ya es tarde y la marea revolucionaria, que se está gestando día a día en los guetos negros, acabará arrasando el sistema? Un enviado especial de EL PAÍS ha visitado recientemente Suráfrica.
Con excepción del partido nacional del presidente P. W. Botha, en el poder en Pretoria desde 1948, nadie en Suráfrica, ni siquiera el resto de los partidos blancos representados en el nuevo Parlamento tricameral que abrió sus puertas en la ciudad de El Cabo a mediados de septiembre parece estar de acuerdo con la nueva Constitución de la república.Para el doctor Andries Treurnicht, líder del ultraderechista Partido Conservador, escindido del Partido Nacional a causa precisamente de la tímida reforma constitucional iniciada, la nueva Constitución significa "el fin del hombre blanco en África del Sur". El miembro de la comisión de asuntos exteriores del Partido Conservador, S. P. Barnard, declaraba a EL PAÍS que "será necesario arbitrar un sistema en virtud del cual un Gobierno de mayoría blanca no sea simplemente sustituido por uno de mayoría negra". Más a la derecha de esas posiciones, si eso es posible, se ha creado una "comisión para la creación de un Estado boer" sólo para blancos. Su presidente, Robert van Tonder, preconiza la fusión de las actuales provincias del Transvaal y el Estado libre de Orange, que fueran repúblicas independientes desde mediados del siglo XIX hasta la derrota de los boers (antiguos colonos granjeros descendientes de holandeses) por las tropas británicas en 1902, en una nación boer.
En el otro lado del arco político, el líder del Partido Progresista Federal (PFP) y jefe de la oposición en la Cámara blanca, doctor F. Van Zyl Slabbert, se muestra totalmente contrario a la Constitución, "porque sigue excluyendo a la mayoría de la población surafricana". El diputado del PFP y catedrático de Derecho africano comparado, profesor Nicolaas Olivier, manifestaba a este diario que la re forma electoral constituye "una invitación a la revolución, y es un mecanismo destinado a reforzar el apartheid por medio de la participación en el sistema de los mestizos y los indios".
Por su parte, el secretario para El Cabo occidental del Frente Unido Democrático (UDF), Trevor Manuels, declaraba a este periódico que el éxito de la campaña emprendida por el UDF contra la Constitución quedó demostrado con el bajo índice de participación en las elecciones de agosto por parte de las comunidades mestiza y asiática. Sólo un 30% de los 2.650.000 mestizos y un 20% de los 850.000 asiáticos participaron en la votación. El UDF es una organización no racial, que cuenta con unos dos millones de afiliados. "No aspiramos a ser un partido político ni a sustituir al (prohibido) Congreso Nacional Africano (ANC)", manifiesta Manuels. "Pretendemos", añade, "que la voz de nuestro pueblo se oiga y que se refuerze su unidad". Y la voz se oye cada vez con más fuerza. En los primeros días de octubre, unas declaraciones del ministro de Ley y Orden, Louis la Grange, en contra de "organizaciones terroristas encubiertas" y una campaña de la radio oficial surafricana contra el UDF hacen pensar a los observadores en la posibilidad de que el Gobierno decida en breve prohibir sus actividades.
En noviembre de 1983, la población blanca de Suráfrica, 4.538.000 personas, de acuerdo con el censo de 1980, decidió en referéndum, por un 66%, aceptar la nueva Constitución propuesta por el Gobierno del Partido Nacional de P. W. Botha.
La reforma ha supuesto un cambio del ejecutivo y del legislativo. Se ha instituido la figura del presidente ejecutivo, elegido por un colegio electoral compuesto por miembros de las tres cámaras, y un Parlamento tricameral, con una House of Assembly para blancos con 118 miembros; una House of Representatives para mestizos o coloureds, con 85 diputados, y una House of Delegates para asiáticos con 45 parlamentarios. El colegio electoral, que designa el presidente ejecutivo, cargo que ha recaído naturalmente en el anterior primer ministro Botha, mantiene la misma proporción del 4/2/1 entre sus miembros que el Parlamento tricameral, por lo que con el sistema actual es casi imposible no sólo que un negro acceda a la primera magistratura, ya que ni siquiera cuentan con una cámara segregada, sino que el cargo pueda recaer en un mestizo o asiático.
La aparente ecuanimidad concedida en la Constitución al sistema tricameral asignando un voto igual a cada una de las tres cámaras queda invalidada en la práctica, al ser necesario enviar cada proyecto de ley en el que no exista unanimidad al arbitraje del President's Council, organismo asesor del jefe del Estado, donde una vez más se repite la proporcionalidad del 4/2/1 entre sus miembros.
Sin embargo, para algunos, la reforma supone el inicio de un proceso en el que no se puede dar marcha atrás. El portavoz del departamento de Desarrollo y Planificación Constitucional, C. Odendaal declaraba a EL PAÍS que "en África no se pueden hacer cambios de la noche a la mañana". "No se puede ignorar a los blancos en este país, porque pueden convertirse en tan radicales como los negros. Pero no hay futuro en Suráfrica si no se incorpora a los negros al proceso político". Para el diputado por el Partido Laborista en la cámara mestiza, C. Ebrahim, "el libro de la dominación exclusiva blanca ha sido cerrado con esta reforma". "Nuestra presencia en el Parlamento no supone una capitulación, porque entendemos que somos más útiles dentro que fuera".
