Los grupos parlamentarios, satisfechos con las respuestas de Sainz de Robles sobre la justicia

La Comisión de Justicia e Interior del Congreso se dio por satisfecha ayer con las respuestas del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Federico Carlos Sainz de Robles, sobre la situación de la justicia, a propósito de la presentación de la memoria del pasado año judicial. Ninguno de los diputados que intervino, incluidos los socialistas, usó el derecho reglamentarlo a repreguntar o hacer observaciones sobre las respuestas de Sainz de Robles. Igualmente, la comisión renunció a designar una ponencia para profundizar en torno al estado de la Administración de justicia, y optó por que los grupos parlamentarios presenten propuestas de mociones.

De acuerdo con la nueva regulación reglamentaria de estas sesiones, tras la contestación del presidente del CGPJ, Ios intervinientes podrán hacer uso de nuevo de la palabra durante un tiempo máximo de 10 minutos por grupo". Asimismo, tras la comparecencia del presidente del CGPJ, la comisión puede designar una ponencia que informe en el plazo de 15 días sobre "el estado y las actividades de la administración de justicia contenidos en la memoria". Con motivo de la presentación por Sainz de Robles de la anterior memoria, realizada el pasado 7 de junio, destacados diputados socialistas comentaron que se reservaban para "emplearse a fondo" cuando se presentara la siguiente, cerrada al 30 de junio de 1984.Sainz de Robles contestó ayer, durante cuatro horas, a las cuestiones planteadas por los diputados, que fueron previamente advertidos por Peces-Barba de que no debían referirse al proyecto de ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ), pendiente de debate en la Cámara, y de que les "retiraría la palabra" si abordaban problemas relacionados con la actividad jurisdiccional de jueces y magistrados.

Justicia 'semiparalizada'

Las mayores críticas al CGPJ fueron las realizadas por el socialista Francisco Granados, quien denunció "el estado de semiparálisis de la Administración de justicia" y preguntó por las medidas adoptadas contra los magistrados que no alcanzan los módulos establecidos por el propio CGPJ de ser ponentes de 125 sentencias anuales en lo civil y de 150 resoluciones en lo penal. Sainz de Robles contestó que tales módulos son "convencionales e indicativos" y que sirven para valorar el rendimiento, pero que no puede imponerse a ningún magistrado un número determinado de sentencias.

Sainz de Robles confirmó la invitación al legislador, contenida en la memoria, para que se modifique la ley del Divorcio en la línea de ampliar las soluciones de divorcio por consenso, que ponga "definitivamente la oferta legal a la altura de la verdadera demanda social".

A otras preguntas de diputados de la izquierda, Sainz de Robles ofreció algunos detalles sobre la actividad sancionadora del CGPJ, y, en concreto, dijo que los expedientes contra los magistrados Ricardo Varón Cobos y Jaime Rodríguez Hermida por su participación en la puesta en libertad del mafioso Antonio Bardellino se han suspendido hasta que recaiga resolución judicial. Reconoció que el punto negro del CGPJ es la Escuela Judicial, si bien estimó "milagroso" lo poco que se está haciendo, habida cuenta del escaso presupuesto con que cuenta.

Las preguntas de los diputados del PNV, Minoría Catalana y Grupo Popular dieron oportunidad a Sainz de Robles para informar, entre otras cosas, de que el Gobierno no responde a algunas iniciativas legislativas sugeridas por el CGPJ; que la credibilidad de la justicia supera el 51 %, según la última encuesta conocida, y que la gratuidad puede incrementar la lentitud de la Administración de justicia. El presidente del CGPJ manifestó al diputado nacionalista catalán Joaquím Xicoy que no es precisa la "reverencia" hacia la justicia, ya que basta el respeto.