Fuerte aumento de los intereses y retroceso de la inversión pública, principales cambios en la estructura del gasto

El fuerte avance de los pagos por intereses, que absorberán el 11,4% de los 6,09 billones de pesetas totales, frente al 5,4% de 1984, y el ligero retroceso de la inversión pública (del 8,4% al 7,8% en inversiones reales y del 13% al 12,2% en transferencias de capital) constituyen los principales cambios en la estructura de gastos previstos para el próximo año por el Estado, en comparación con el presente ejercicio. Los gastos estatales crecerán el 12,8%, hasta situarse en 6,09 billones de pesetas. Si se le suman los de los organismos autónomos administrativos y comerciales -aumento del 7,1%, totalizando otros 2,92 billones- así como la Seguridad Social, el gasto total consolidado ascenderá a 9.997.756 millones de pesetas, con un incremento del 11,3%.

Las notas de austeridad en el gasto y el diseño de importantes cambios estructurales en el mismo, justificadas por el Gobierno en aras de los objetivos de fomentar la inversión privada y el empleo, aparecen repetidas en la documentación entregada ayer y fueron reiteradas por el ministro de Economía y Hacienda. Miguel Boyer ilustró la austeridad al resaltar que, si se descuentan al proyecto de ley de presupuestos los gastos "inevitablemente dedicados a las cargas financieras generadas por los déficit de años anteriores", el crecimiento del gasto público sería el próximo año del 7,4%, porcentaje que contrasta con el 11% de aumento nominal (con inflación) esperado para la producción de bienes y servicios o Producto Interior Bruto (PIB).Gastos financieros

En efecto, la mayor modificación radica en los gastos financieros, que ascenderán a 6923.848 millones de pesetas para el Estado, lo que duplica con exceso las asignaciones de 1984, y a 1.022.548 millones si se cuentan los de organismos administrativos y comerciales, en cuyo caso el crecimiento conjunto resulta algo menor (del 75,5%).

Aunque gran parte de este aumento procede de la transformación de certificados de regulación monetaria en pagarés del Tesoro -lo que libró de aflorar pérdidas al Banco de España y cargó casi 300.000 millones de pesetas en intereses anuales al Estado- ningún otro capítulo arroja incrementos tan abultados.

Contando organismos autónomos y Seguridad Social (es decir, con base en los citados 9,9 billones de pesetas de pagos), las remuneraciones de personal crecen el 7,5% (hasta 2,18 billones), las compras de bienes y servicios el 10,2% (hasta 680.945 millones), los intereses el 75,3% (hasta 1.023.719 millones), las transferencias corrientes el 11,3% (hasta 4,57 billones) y las de capital un 27,6% (hasta 621.177 millones). Por el contrario, descienden las inversiones reales un 3,4% (hasta 731.665 millones) y la variación de activos y«pasivos financieros, aunque estos capítulos vienen determinados por las amortizaciones de deuda y cabe recordar que no incluyen las amortizaciones de pagarés del Tesoro, que se renuevan de año en año y sólo afloran al presupuesto al final de cada ejercicio por el importe de los intereses.

El mayor impacto de los intereses queda reflejado en la estructura de gastos del Estado, donde pasan de representar un 5,4% en 1984 a un 11,4% en 1985. Se trata del único capítulo que aumenta, pues los gastos de personal bajan del 22,7% al 21,7%, las compras de bienes y servicios se mantienen en un 3,4%, la inversión real baja del 8,4% al 7,8%, las transferencias de capital (otra forma de inversión, pues alimenta la realizada por empresas y organismos públicos) bajan también del 13% al 12,2%. Incluso descienden del 41,8% al 40,1% las transferencias corrientes, como consecuencia de la desaceleración de las efectuadas a corporaciones locales, comunidades autónomas y empresas públicas.

En los últimos años, este era el capítulo que más importancia ganaba, por el alza de dichos capítulas y de las prestaciones de desempleo (ahora aumentan un 12,8%, hasta 327.000 millones) y Seguridad Social (ahora suben un 22%, hasta 754.000 millones).

Diversas competencias

En el cuadro adjunto sobre reparto de los gastos entre los grandes centros gestores se reflejan de alguna manera estos fenómenos. Pero cabe advertir que el paso de competencias y de gastos a las comunidades autónomas (dato cuya relevancia queda señalada en los 755.000 millones de los dos últimos capítulos) distorsiona la, comparación entre los ministerios que han sufrido más o menos transferencias, sobre todo de personal (es el caso de los enseñantes en Educación y Ciencia). Aún así, puede observarse que los ministerios tradicionalmente más inversores (Obras Públicas y Urbanismo, Transportes, Industria, Agricultura y el propio de Enseñanza, pues en Defensa los varios cientos de millones de pesetas de inversión no se consideran como tal en términos de Contabilidad Nacional) resultan con dotaciones en descenso, salvo en Industria y Energía.

La documentación entregada no incluye este año cuadros de reparto de la inversión por ministerios. Sí precisa que el conjunto de las operaciones de capital del Estado crecen un 4,7% (de 1.160.000 a 1.214.000 millones). El ministro subrayó que, con los 71.000 millones de inversión para reposición de materias transferidas a comunidades autónoma, el aumento sería del 10,5%. Todavía así las inversiones quedan por debajo del 11 % de aumento nominal esperado para la producción de bienes y servicios.