El Gobierno regional pedirá una ley especial para demoler urbanizaciones ilegales

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid pedirá a la Asamblea legislativa regional la aprobación de un proyecto de ley que faculte al Ejecutivo para adoptar medidas de disciplina urbanística de carácter extraordinario, tendentes a atajar el fenómeno de las denominadas urbanizaciones ilegales. El anuncio fue efectuado por el titular de la Consejería de Ordenación Territorial, Eduardo Mangada, durante la presentación de un completo estudio, o Libro Blanco sobre las 107 urbanizaciones ilegales que se han contabilizado en la provincia.

Algunas de las urbanizaciones, por encontrarse en terrenos de alto valor ecológico o plantear problemas de contaminación muy difíciles de solucionar, entre otros aspectos "muy negativos", deberán ser demolidas. Los responsables de la consejería de Ordenación Territorial, Medio Ambiente y Vivienda de la Comunidad, afirmaron también que algunos ayuntamientos, concretamente Chinchón y Colmenar de Oreja, han dado facilidades para el asentamiento de las urbanizaciones ilegales. Eduardo Mangada afirmó que el fenómeno de las urbanizaciones ilegales es un caso especial y requiere actuaciones complejas y flexibles, que las leyes urbanísticas actuales no contemplan expresamente. Por esa razón, la Asamblea aprobará con toda probabilidad, gracias a la mayoría absoluta de los representantes socialistas, un proyecto de ley cuyo ámbito territorial de aplicación será exclusivamente el abarcado por las propias urbanizaciones. Mangada expresó su esperanza de que en 18 meses, apartir de la aprobación del proyecto de ley, el tema de las urbanizaciones ilegales quede resuelto

El pasado sábado, la consejería presentó a la Asamblea el Catálogo de Urbanizaciones Ilegales, redactado por encargo previo del órgano legislativo. El catálogo consta de 107 fichas individualizadas sobre cada urbanización, en las que se recoge la superficie ocupada, número de parcelas, viviendas construidas o en construcción, nombres de los promotores, licencias concedidas o denegadas, impacto sobre el medio ambiente, etcétera. Mangada afirmó que, sobre los datos recogidos en el catálogo, se puede comprobar que el fenómeno de las urbanizaciones ilegales "no es algo tan espontáneo como parecía, sino que es un negocio perfectamente planeado, en el que los nombres de algunos promotores aparecen con frecuencia".

En cuanto a las medidas a adoptar, Mangada habló de dos vías diferentes de actuación. Una es la línea dura, en aquellos casos en que las urbanizaciones estén situadas sobre terrenos de alto valor paisajístico y ecológico, "en las que habrá que emplear la excavadora" y devolver al territorio su fisonomía primitiva.

Otra es la posibilidad de regularizar la situación de aquéllas urbanizaciones que presenten un gran número de viviendas ocupadas, o se encuentren sobre terrenos de escaso valor ecológico, aunque en este caso los promotores tendrán que comprometerse a efectuar las cesiones de suelo que establece la ley, terminar las obras de urbanización y garantizar los servicios mínimos.