CEOE confirma que el presidente del Gobierno prometió más facilidades de despido

El presidente del Gobierno, Felipe González, prometió a la CEOE que, si firmaba el pacto social, se modificaría la legislación laboral española, de manera que no sería necesaria la autorización administrativa para que las empresas de menos de 25 trabajadores pudieran proceder al despido colectivo por causas tecnológicas o de fuerza mayor, según fuentes de la propia patronal que confirmaban así la versión publicada ayer por Diario 16. Sin embargo, el compromiso no pudo hacerse efectivo por la oposición de UGT que rechazó cualquier fórmula que sirviera para flexibilizar el mercado de trabajo.

Las negociaciones del acuerdo económico y social (AES) se encuentran prácticamente estancadas por el contencioso existente entre los representantes de la CEOE y de la UGT. La primera de estas organizaciones exige que se cumpla el compromiso que Felipe González hizo llegar a los empresarios, mientras UGT ha mostrado su rechazo frontal al tema. La CEOE había aceptado volver a las negociaciones el pasado sábado confiando en que de ella saldría un acuerdo que recogería el espíritu y la letra de lo prometido. Sin embargo, UGT se negó aquella misma tarde a incluir en el texto del acuerdo -entonces prácticamente consensuado- cualquier cosa que pudiera interpretarse como una aceptación de las exigencias de la patronal. Ello provocó la redacción de un comunicado en el que se obviaba el punto conflictivo del despido colectivo, que quedaba pendiente de negociaciones posteriores.

La petición de la CEOE se refiere a los expedientes de regulación de empleo por causas teconólogicas o de fuerza mayor en empresas de menos de 25 trabajadores. La legislación actual establece que para proceder a este tipo de despidos es necesario que exista autorización administrativa (las direcciones generales de Empleo). La práctica habitual seguida en estos casos se basa en conseguir que el expediente llegue acordado entre empresarios y trabajadores a la autoridad laboral. El acuerdo se consigue habitualmente elevando la indemnizaciones a los trabajadores afectados.

Normativa más favorable

Los empresarios, para evitar este mayor coste del despido, exigen que, en consonancia con la legislación de la mayoría de los países de la CEE, se elimine el requisito de autorización previa, quedando la decisión del despido en manos del empresario que indemnizaría de acuerdo con las cantidades establecidas en el Estatuto de los Trabajadores. Sin embargo, la CEE también recomienda que en aquellos países en los que exista una normativa más favorable para el trabajador se aplique ésta y no la recogida en sus directrices. Felipe González, a través de Luis Solana, prometió a los representantes empresariales, que en los temas de despido colectivo el Gobierno adaptaría la legislación a la existente en los países europeos. Decisión que se tomaría en el propio acuerdo económico y social.

La fórmula que, tras el rechazo de la UGT, se ha propuesto a la patronal no les satisface. El Gobierno propone que se cree una comisión mixta que estudie este tipo de despidos y el Ejecutivo, "en su caso", decidirá si elabora un proyecto de ley. La CEOE quiere más: desea que se les asegure que, una vez que la comisión haya concluido sus trabajos, existirá un proyecto de ley para adecuar nuestra legislación laboral en el momento en que se produzca el ingreso de España en la CEE.

Mientras tanto, los representantes del Gobierno, de la CEOE y de UGT continuaron ayer celebrando encuentros y consultas para finalizar la redacción del texto definitivo del acuerdo económico y social. Hoy será presentado un bosquejo del mismo al órgano directivo de la CEOE, y UGT lo presentará mañana ante su consejo confederal.