El PCEml consiguió la legalización después de 3 años

El Partido Comunista de España Marxista-Leninista (PCEml) consiguió su inscripción en el Registro de Partidos Políticos después de una batalla legal con el Ministerio de Interior que duró más de tres años. La inscripción en el Registro de Partidos Políticos del PCEml fue ordenada por el Tribunal Constitucional en febrero de 1981, al estimar el recurso de amparo interpuesto por los promotores del partido contra la reiterada negativa de Interior a inscribirlo en el registro oficial, a pesar de mediar una sentencia favorable del Juzgado de Primera Instancia número 18 de Madrid, dictada en mayo de 1979.

La sentencia del Juzgado de Primera Instancia se convirtió en sentencia firme al dejar pasar el fiscal los 20 días que marca la ley para apelar contra la sentencia. La negativa de Interior a registrar al PCEml, desoyendo la sentencia judicial, provocó una interpelación al entonces Gobierno de UCD del diputado socialista Carlos Sanjuán. Tanto la Fiscalía General del Estado, que en su momento presentó a instancias de Interior la demanda sobre declaración de ilegalidad del PCEml, como el abogado del Estado, se opusieron a que el Tribunal Constitucional admitiera el recurso de amparo, por entender que el PCEml se movía fuera del marco constitucional y que no se había agotado la vía judicial.

El Tribunal Constitucional mantuvo, contra la opinión de la Fiscalía General y el abogado del Estado, que el derecho de creación de partidos políticos es susceptible de amparo, y no quiso entrar sobre la presunta inconstitucionalidad de los fines del PCEml por no tener competencia directa sobre la inconstitucionalidad de un partido político, ya que la suspensión o disolución de los partidos políticos es un tema que compete exclusivamente a los tribunales ordinarios.

Respecto al no agotamiento de la vía judicial, el Tribunal Constitucional declaró que la negativa del Ministerio del Interior a inscribir al PCEml no constituyó un acto autónomo susceptible de ser recurrido en la vía judicial antes de acudir al amparo, sino el incumplimiento de una sentencia firme de los tribunales, por lo que no era necesario acudir a ninguna otra vía judicial.

Un año después de su legalización, concretamente el 27 de octubre de 1982 -víspera de las últimas elecciones legislativas-, el Ministerio del Interior pidió al fiscal general del Estado la ¡legalización del PCEnil y de la organización política Solidaridad Española (SE), que presentaba a Antonio Tejero como candidato al Congreso de Diputados.

La petición no prosperó, y el entonces fiscal general del Estado, José María Gil-Albert, declaró que la sanción penal que supone la disolución de un partido no es fácil que se produzca". "La inscripción de los partidos en el registro -agregó entonces Gil Albert- con los que después suele haber problemas de este tipo se realiza porque, en un primer momento, estos partidos suelen presentar estatutos muy moderados, por lo que no hay posibilidad de actuación sobre ellos".