El juez que ayer vio la demanda para declarar ilegal a Herri Batasuna sospecha que su sentencia "no va a gustar"
El juicio sobre la demanda para declarar ilegal a Herri Batasuna (HB) como asociación política quedó ayer visto para sentencia en el Juzgado de Primera Instancia número 15 de Madrid. El fiscal había presentado a finales de mayo de este año una demanda por la que solicitaba del juzgado una declaración de ilicitud penal para la coalición nacionalista radical. El juez, Luis Fernando Martínez Ruiz, tiene un plazo de cinco días para resolver sobre la demanda. Fuentes jurídicas informaron a este periódico que el juez había manifestado en privado que "la sentencia no va a gustar" , sin mayor precisión, y había añadido poco después: "De todas formas yo ya tengo mi carrera hecha".
El caso sobre la ilicitud o legalización de HB no concluye con esta sentencia, ya que contra ella cabe recurso ante la Audiencia Territorial primero y ante el Tribunal Supremo después. Es prácticamente seguro que, cualquiera que sea la decisión, alguna de las dos partes presentará recurso ante la instancia superior.La vista, a la que asistió como espectador el máximo dirigente de la coalición, Jon Idígoras, se inició con la intervención del fiscal, quien mantuvo su petición de que se declare la ilegalidad de HB, "ya que en sus estatutos existen componentes como para solicitar esa medida".
El fiscal afirmó que los partidos políticos son el instrumento idóneo de expresión del pluralismo pero que deben estar sujetos a los principios constitucionales, entre los que destaca el de la unidad de la nación. Agregó que los estatutos presentados por HB son muy ambiguos y que no contribuyen a aclarar los fines reales de la asociación.
El fiscal añadió que en reiteradas ocasiones durante el proceso de legalización, iniciado en marzo de 1983, HB se ha negado a recoger en los estatutos el acatamiento explícito a la Constitución.
Respecto a hacer constar la españolidad de los miembros de la coalición, el fiscal dijo que en lugar de poner "españoles" habían buscado una fórmula -"los que por imperativo legal ostentan la condición civil de súbditos españoles"- en la que se incluyen términos ya superados.
El ministerio público concluyó señalando que los estatutos de HB no cumplen los requisitos legales para que dicha asociación pueda ser inscrita como partido político.
Combate político
El abogado de la coalición Txema Montero calificó de "atípico" el procedimiento que se ha seguido en este caso, y señaló que se trata de ilegalizar a la tercera fuerza política del País Vasco.
"La resolución judicial", dijo Montero, "no nos puede hacer perder la perspectiva de que estamos en un combate político y que, a pesar de la importancia de este trámite judicial, son necesarias soluciones políticas".
El letrado afirmó que el proceso se ha prolongado mucho por medio de una "guerrilla de procedimientos".
Según Montero, ninguno de los 11 informes elaborados por el Ministerio del Interior y presentados como prueba por el fiscal hace referencia a conducta apologética de bandas armadas de miembros de HB, sino a posibles delitos de expresión, como críticas al Gobierno o denuncias de malos tratos.
En la prueba presentada por la defensa, según el abogado, se demuestra que también cargos de otros partidos han hecho declaraciones similares a las de miembros de HB, sin que ello supusiera ninguna acción encaminada a la ilegalización de esos partidos.
Txema Montero señaló que el tratamiento dado a HB es un agravio comparativo evidente que vulnera el principio de igualdad ante la ley, ya que los estatutos de varios partidos legalizados, como el Partido Nacionalista Vasco o Euskadiko Ezkerra, en el ámbito del País Vasco, o Unión del Pueblo -Gallego o Partido Comunista de España Marxista-Leninista, en el resto del territorio, no han acatado expresamente la Constitución ni han reconocido la españolidad de sus militantes.
Precedentes
El abogado puntualizó que el derecho de asociación es anterior a la Constitución y reconocido internacionalmente, mientras que la unidad del Estado español o la monarquía como forma de Estado son formas ad hoc.
Montero precisó que no se puede pretender que un partido político se identifique expresamente con todos los artículos de la Constitución, porque "es absurdo", y así Esquerra Republicana de Catalunya propone el cambio en la forma de Estado, de monarquía a república; y Alianza Popular, la modificación de todo el título VIII de la Carta Magna. Lo importante es la identificación con el ordenamiento constitucional democrático, como ya está recogido en los estatutos de HB, señaló.
El letrado hizo un análisis de la llamada cuestión vasca desde la pérdida de las guerras carlistas, y finalizó diciendo que se perdió una oportunidad de oro para solucionarla al no recoger en la Constitución los derechos de los vascos.
