La defensa de Ruiz-Mateos insiste en plantear la inconstitucionalidad de la expropiación

En el Juzgado de Primera Instancia número 18 de Madrid tuvo lugar ayer la continuación ole la vista oral del interdicto presentado por los hermanos Ruiz-Mateos paí a la recuperación de los bienes, acciones y documentos de las empresas del grupo Rumasa expropiadas por el Estado el 23 de febrero de 1983. La primera sesión del interdicto se celebró el 18 de junio pasado, fecha en que el juez José María Gil Sáez ordenó que continuase ayer, para dar tiempo a la aportación de las pruebas pedidas por la defensa.

Por parte de ésta intervino como primer ponente, el catedrático Jorge Carreras, quien trató de demostrar que en la fecha de la expropiación las acciones y títulos de propiedad de Rumasa "estaban poseídas pacíficamente por los hermanos Ruiz-Mateos".Según otra de las pruebais solicitadas, el 23 de febrero de 1983 "se inició un acto de fuerza a consecuencia del llamado pulso entre Miguél Boyer y José María Ruiz-Mateos. La actuación administrativa ha sido una vía de hecho, por lo que procede el interdicto para la recuperación de las acciones y títulos, según el artículo 125 de la ley de Expropiación Forzosa". Subrayó el ponente la necesidad de plantear la cuestión de inconstitucionalidad para que el Tribunal Constitucional se pronuncie al respecto. Jorge Carreras solicitó que se acoja la demanda interdictal.

Crispín de Vicente, en una emotiva intervención, señaló que en la expropiación hubo "un acto flagrante de despojo. La Administración no ha respetado la Constitución ni el ordenamiento jurídico vigente".

El ponente solicitó al juez que plantee cuestión de inconstitucionalidad del real decreto-ley, ampliado por la posterior ley de Expropiación, y dicte sentencia condenatoria para el Estado por la que se reponga a sus clientes en la posesión de sus acciones y se les indemnice por daño! y perjuicios.

Los argumentos de los interdictos presentados por los actuales abogados de Ruiz-Mateos estan basados, en lo sustancial, en los preparados por el anterior equipo de abogados del financiero, dirigido por Matías Cortés.

El abogado del Estado, Juan Segura, se opuso a los argumentos de la defensa de Ruíz-Mateos solicitando una sentencia absolutoria para la Administración.

El juez ha concedido a las partes un período de 10 días para que aleguen lo que crean oportuno sobre la cuestión de inconstitucionalidad. Posteriormente, en el plazo de tres días, decidirá si plantea el caso al Tribunal Constitucional, con lo que quedaría pospuesta la sentencia interdictal. En caso negativo, la sentencia se dictaría en cinco días.