El Gobierno, optimista sobre la posibilidad de consensuar una nueva ley Electoral

El Gobierno se muestra optimista acerca de las posibilidades de llegar a consensuar un futuro proyecto de ley orgánica Electoral que regulase las próximas elecciones generales que deben celebrarse presumiblemente, a comienzos del segundo trimestre de 1986, según manifestaron a este periódico fuentes relacionadas con las negociaciones que se realizan. Los mismos medios señalaron que el vicepresidente, Alfonso Guerra, "ha completado ya prácticamente una primera ronda de consultas con los partidos parlamentarios, después de que, esta semana, se entrevistase con el representante de la Minoría Vasca en el Congreso de los Diputados, Marcos Vizcaya, en un encuentro al que ambas partes prefirieron no dar publicidad. La semana anterior, Guerra se entrevistó, igualmente sin publicidad, con el representante de la Minoría Catalana, Miquel Roca, quien se mostró "básicamente de acuerdo" con las ideas del Gobierno, fundamentalmente consistentes en modificar lo menos posible la actual normativa electoral, contenida en un decreto-ley de 1977.Entre las novedades que podrían incorporarse al borrador de proyecto de ley que está comenzando a redactarse en Presidencia se incluye la posibilidad de que un diputado sea sustituido a lo largo de los cuatro años que dura la legislatura, y no solamente en los dos primeros, como ocurre en la actualidad; también se estudia una eventual creación de la figura del diputado y el senador suplente, que ocupe temporalmente un escaño cuya titularidad corresponde a otro.

El proyecto incorporará igualmente las incompatibilidades que afectarán a diputados y senadores. El Tribunal Constitucional dictaminó la pasada primavera que este tema no podía ser regulado en una ley aparte dando así la razón a las tesis del Grupo Popular.

Oposición del PCE

Antes de las vacaciones veraniegas, el vicepresidente del Gobierno mantuvo varios contactos con el secretario general de Alianza Popular, Jorge Verstrynge, con quien se habría mostrado de acuerdo en varios puntos fundamentales de la futura ley, excepción hecha del intento de los socialistas de proporcionalizar el sistema electoral en el Senado, actualmente regido por el sistema mayoritario. Sin embargo, esta discrepancia podría anularse, dado que el PSOE y el Gobierno no parecen hacer cuestión fundamental de este cambio, único verdaderamente sustancial propuesto.La idea de ampliar el número de escaños en el Congreso de los 350 actuales a 400 parece, igualmente, haber quedado olvidada, por más que los comunistas insisten en la necesidad de eliminar la idea del voto útil instaurando un sistema de lista nacional que suponga la creación de 50 nuevos escaños. De hecho, el PCE -Guerra se entrevistó con su secretario general, Gerardo Iglesias, a finales del pasado mes de julio- es el único partido que discrepa abiertamente de la actual normativa electoral, y prepara un texto alternativo al que, en su día, presente el Gobierno en las Cortes.

Todos los grupos se muestran de acuerdo, no obstante, en la necesidad de modificar algunos aspectos no sustanciales de la actual normativa, como son el establecimiento de un más rígido control de los gastos durante las campañas y una más generosa regulación del acceso de los partidos menores a los medios de difusión públicos, señaladamente la televisión. También se establecería en la nueva norma una actualización permanente del censo electoral.

De acuerdo con recientes declaraciones del secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, Eduardo Martín Toval, la necesaria elaboración de un nuevo texto legal que contenga todos los aspectos relacionados con las elecciones, incluso regularizando y homologando los actos electorales (generales, municipales, autonómicos), debe ser necesariamente consensuada.

Los sondeos efectuados hasta ahora por Guerra permiten suponer al Gobierno que, con la ya citada excepción del PCE, un proyecto de ley Electoral gozaría de mejores perspectivas de consenso que la reforma de la función pública o el proyecto de ley de Bases de Régimen Local, donde no ha sido posible llegar a un acuerdo con la oposición conservadora.