Un juez posibilita el régimen abierto de cuatro reclusos de extrema derecha

MadridCuatro presos de extrema derecha, tres de ellos implicados en el asesinato de la militante del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) Yolanda González, perpetrado en Madrid en febrero de 1980, y otro en el atentado contra la revista El Papus, realizado en Barcelona en septiembre de 1977, han sido rebajados, por resolución judicial, al mínimo grado penal, lo que les permite pasar a una situación de régimen abierto o de libertad condicional. Entre ellos se encuentra David Martínez Loza, ex jefe nacional de seguridad de Fuerza Nueva (FN), condenado a seis años en relación con el asesinato de Yolanda González.

Los otros tres presos son Felix Pérez Ajero y José Ricardo Prieto Díaz, condenados a seis años en la causa de este mismo asesinato, y Angel Blanco Férriz, implicado en el atentado contra El Papus, en el que resultó muerto el ordenanza Juan Peñalver. Blanco Férriz se encuentra en libertad condicional, mientras que los otros tres se pueden acoger al régimen abierto, que les permite la excarcelación temporal.

La decisión de rebajar la clasificación de estos presos corresponde al juez de vigilancia, que es el encargado del control penal de los internos. Los mismos responsables judiciales de vigilancia han atenuado asimismo el régimen de otros cuatro internos condenados por delitos relacionados con la extrema derecha, aunque en esta ocasión de primer (alta peligrosidad) a segundo grado.

Los cuatro presos que se han visto favorecido por esta segunda medida son Emilio Hellín Moro e Ignacio Abad Velavázquez (condenados a 43 y 28 años respectivamente de cárcel como autores materiales del asesinato de Yolanda González) y José Fernández Cerra y Carlos García Juliá, condenados a 193 años cada uno por la matanza de Atocha, como autores de un asesinato consumado de cinco personas y un asesinato frustrado de otras cuatro.

Esta resolución judicial ha sido acogida con cierta sorpresa en medios penitenciarios, que, sin embargo, respetan la decisión del juez. No obstante, estas decisiones judiciales han contrariado a los funcionarios, máxime cuando el rebajado Emilio Hellín fue interceptado por la policía en 1983 mientras proyectaba una fuga en las cárcel de Cartagena.