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Tribuna:TRIBUNA LIBRE

Jornada de trabajo y creación de empleo: el objetivo de las 35 horas semanales

Uno de los grandes temas olvidados en las negociaciones en curso para la concertación social es el de la reducción de jornada como mecanismo de generación de empleo. El autor de este artículo plantea el objetivo de la jornada de 35 horas como uno de los temas a incorporar en la mesa de negociación, esbozando una alternativa que reduzca los posibles efectos negativos de la misma a corto plazo.

La creación de empleo en los países occidentales se enfrenta en la actualidad con dos grandes limitaciones: la continuidad de la crisis económica, que condiciona la obtención de tasas elevadas del producto interior y el acelerado desarrollo tecnológico al que asistimos, ejemplificado en la automatización de los procesos productivos, no sólo industriales, sino también en los sectores terciarios, únicos creadores de empleo en la última década.Con crecimientos de la productividad, en concreto en nuestro país, entre el 3% y el 5% anual, se requiere una cifra de crecimiento en torno al 4%-5% del PIB para empezar a generar un saldo neto positivo de puestos de trabajo, cifra aún lejana del 3% estimado por el Gobierno como resultado de la economía española para 1984.

Sólo en el marco de la llamada economía oculta, aplicando condiciones laborales por debajo de los niveles legales, y con situaciones productivas en general bastante obsoletas, se mantiene una cierta tendencia hacia la creación de empleo. Parece como si el país renunciase a su propia reestructuración optando por un camino fácil, de competir vía reducción drástica de los costes laborales; vía que, de generalizarse, nos abre las puertas del tercermundismo, más que la entrada hacia Europa. La vía tecnológica se alza como la única posible para que España se enganche al carro de las sociedades avanzadas. Y, sin embargo, a mayor desarrollo tecnológico menor capacidad de generación de empleo en el conjunto del sistema productivo.

Reducir la oferta

Dejando de lado la opción de reducir costes laborales, al menos como solución definitiva (lo que no niega seguir en la línea de reformas del marco laboral, que en parte contribuyen a este objetivo, tratando de evitar rigideces innecesarias), y con las limitaciones a la expansión de la demanda de trabajo que implica el desarrollo tecnológico y una crisis que no termina de ver solución estable, sólo quedan las posibilidades de o bien repartir la demanda existente o bien reducir la oferta de trabajo.

Reducir o al menos mantener el volumen de población activa existente es algo que se viene impulsando ya desde hace años de forma directa o indirecta con diversas medidas. Directamente a través de distintas medidas como la prolongación de la edad de escolarización obligatoria, la reducción de la edad de retiro obligatorio.

La propia situación del mercado de trabajo auspicia, indirectamente, la retirada del mismo de amplios colectivos de población activa potencial: mujeres que se recluyen en las labores del hogar, o jóvenes que alargan de modo voluntario su período de estudios, son los llamados desanimados que como tal su retirada tiene carácter transitorio, y estarían dispuestos a incorporarse al mercado laboral ante un cambio en las expectativas del mismo. Pero la primera opción conlleva un enorme coste social -las jubilaciones- que agudizan los problemas económicos del país, (déficit público incontenible, etcétera) y la segunda, al margen de las tensiones sociales que, engendre (masificación de la universidad...), no contribuye a reducir e. desequilibrio entre oferta y demanda de trabajo de forma estable.

En este contexto, la idea de repartir el traba o existente se convierte en la alternativa con mayores probabilidades de éxito a medio plazo. La idea no es tan descabellada, como se ha presentado desde algunos sectores empresariales, y conviene, no obstante, desarrollarla con medidas complementarias a la reducción de jornada que minimicen las implicaciones económicas negativas que a corto plazo pueda generar.

La disminución de la jornada de trabajo ha sido una constante a le largo de la historia del capitalismo. Desde las 14 y 16 horas de jornada diaria de la Inglaterra de Dickens hasta las 38 y media semanales de los metalúrgicos alemanes hay un largo camino de unos dos siglos, pero irreversible. La utopía de Tomás Moro, las 36 horas de jornada semanal, han entrado ya en el terreno de lo posible. En suma, la dinámica del sistema económico, impulsado por un constante avance de la productividad del factor trabajo a expensas del cambio técnico, arrastran tras de sí una reducción paulatina de la jornada laboral. Sin duda, trabajar menos horas ha permitido, al margen de la coyuntura económica concreta, mantener volúmenes de ocupación, en descenso, pero adecuados a los deseos de la población óccidental. Cabe incluso afirmar que en una perspectiva temporal dilatada ha abierto camino para la solución de los problemas de empleo arraigados en las crisis cíclicas del capitalismo.

El problema, en la actualidad, estriba en plantearse si de una manera voluntaria, por acuerdo o por decisión de las autoridades económicas, es posible llevar adelante una reducción de la jornada de trabajo con efectos positivos sobre el empleo -no es necesario añadir el carácter progresivo de la media en una perspectiva social- sin dañar más la maltrecha situación de las economías occidentales y más en concreto la española.

Empezaré por analizar los argumentos que se han esgrimido eja contra de la implantación de la jornada de 35 horas.

Argumentos contrarios

Sobre la reducción de jornada, se ha dicho, en primer lugar, que no crea empleo porque es compensada por un aumento de la productividad, y además incita a inversiones encaminadas a sustituir trabajo por capital. Además, se argumenta que no tiene en cuenta el hecho de que muchas empresas mantengan cierto nivel de infrautilización de la mano de obra contratada. Ambos argumentos son irrefutables; pero que la reducción de jornada sea absorbida íntegramente por incrementos de productividad o reducción del excedente de trabajo depende la cuantía de aquélla. Por ejemplo, la reducción de jornada auspiciada por el actual Gobierno al implantar la jornada de 40 horas semanales y 30 días anuales de vacaciones el pasado año, ha supuesto una disminución del tiempo de trabajo pactado en convenios de unas 60 horas anuales entre 1982, y 1984, es decir, aproximadamente un 1,5%, como media de la jornada laboral. Esto sobre jornada pactada, paralelamente la jornada efectiva -tiempo real de trabajo- se ha incrementado ligeramente o se mantiene constante. Con estas dimensiones en la reducción de la jornada el empleo generado por la medida, en términos netos, ha sido nulo.

En todo caso ha podido contribuir a que el proceso de ajuste de plantillas, intenso en nuestro país desde 1976, se haya desacelerado.

En segundo lugar, se ha indicado que el tiempo libre creado corre el riesgo de ser utilizado en la economía sumergida, lo cual también puede ser cierto. Sin embargo, en otro artículo publicado en EL PAIS (16 de abril de 1982) he mostrado cómo dentro de la oferta potencial de trabajo para la economía sumergida el pluriempleo ocupaba un espacio reducido y son precisamente los parados oficiales -registrados o contabilizados en las encuestas de población activa- y los no oficiales (desanimados: estudiantes, amas de casa) quienes constituyen el contingente fundamental de demandantes de empleo en los mercados paralelos de trabajo.

Así pues, la reducción del trabajo negro pasa en gran medida por la creación de empleos adecuados en el mercado oficial o regular para la oferta disponible.

Por último, se esgrime el argumento de, los costes de la operación para las empresas. Si se reduce la jornada de trabajo sin alterar el nivel individual de retribuciones y se aumenta la plantilla no cabe duda de que, al menos a corto plazo, si no se modifica el volumen de ventas, el peso de los costes laborales se incrementa deteriorándose las condiciones de competitividad. Esto es cierto. Ahora bien, parece que no se está considerando el coste, que recae sobre las empresas también, de las políticas de protección al desempleo y la política de fomento del empleo -éstas, escasamente generadoras del mismo-. Cabe, pues, aquí una alternativa de cambiar una reducción de la jornada de trabajo con una estabilización de su coste unitario, con cargo en parte a los Presupuestos del Estado, en parte a los salarios, y, también, recogiendo algún sacrificio por la parte empresarial.

Se puede esbozar una propuesta concreta pendiente de matices que recogería los siguientes elementos:

1. La concertación social en curso debiera incluir un acuerdo sobre reducción de jornada hasta las 35 horas semanales, en un período de dos años, en principio con carácter voluntario a negociar en cada ámbito concreto de negociación, en función de la situación de empresas y sectores. No parece procedente la aplicación de una medida. gubernativa con carácter general y uniforme.

2. En el proceso de negociación colectiva habría de completarse la medida de reducción de la jornada con acuerdos sobre el empleo a crear -y su organización-, acuerdos sobre congelación salarial transitoria -en cuantía proporcional a los incrementos previstos y en función del coste de empleo a generar- y sobre descuentos en la productividad en la empresa -rendimiento, absentismo, etcétera- De igual modo convendría cuantificar el importe de la aportación empresarial al proceso.

Mayor productividad

En este sentido, una reducción de la jornada semanal de cinco horas (de 40 a 35) sería absorbida, en parte, bien por mejoras en la productividad, bien por elevación del grado de ocupación real de la mano de obra (disminuyendo el nivel de absentismo, mejorando la organización del proceso de producción, etcétera) y el resto, las horas destinadas a la generación de nuevo empleo, sería financiado con las aportaciones de trabajadores, empresarios y Administración, de modo que se lograra mantener constante, en términos reales, el coste unitario de la hora trabajada. El Estado cuenta con instrumentos en su ámbito de actuación para implementar e incentivar la aplicación de un acuerdo sobre reducción de jornada.

Las negociaciones que en estos días se están desarrollando entre la Administración y los interlocutores sociales para alcanzar un acuerdo marco es lugar adecuado para concretar los pormenores y evaluar los efectos de la implantación de lajornada de 35 horas. Soy consciente de la dificultad de dinamizar el mecanismo de la negociación colectiva en nuestro país, tradicionalmente polarizado en la variable salarial, para dar cabida a estas materias. Pero la situación exige un esfuerzo por parte de todos y va siendo hora de desembarazamos de Inercias y tabúes del pasado.

La reducción de jornada es la única vía posible, a medio y largo plazo, para alcanzar un cierto equilibrio en el mercado de trabajo, generando un flujo neto positivo de puestos de trabajo. La utopía de Tomás Moro es ya hoy una necesidad ineludible y urgente de poner en práctica.

Santos M. Ruesga Benito es profesor de Estructura Económica de la Universidad Autónoma de Madrid.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 17 de septiembre de 1984