La desprotección civil

LA TRAGEDIA de La Gomera -con el doloroso balance de las 16 muertes ocurridas, entre ellas la del gobernador civil de la provincia- está relacionada con las condiciones de aislamiento y con las deficiencias de infraestructura de la isla canaria, pero también con el marco general de la organización y la dotación de la protección civil en España. Si bien el origen de las escandalosas insuficiencias de esos servicios se remonta al pasado, es del todo punto indispensable que el Estado y la sociedad española se planteen, como tarea urgente y prioritaria, una revisión global de nuestra estrategia de defensa civil.La situación de la protección civil en España se mueve entre la escasez de recursos y la confusión administrativa. La Dirección General de Protección Civil, en el Ministerio del Interior, cuenta con una dotación de 300 funcionarios, dispone de magros fondos presupuestarios, y se halla instalada en un edificio compartido con una empresa de hostelería. El proceso de transferencia a las comunidades autónomas de competencias relacionadas con la protección civil tiende a crear vacíos de poder y zonas de fricción que pueden resultar dramáticamente negativos a la hora de afrontar tareas que, por su propia naturaleza, exigen una respuesta urgente y sobre la marcha. Sirva como ejemplo que el Instituto para la Conservación de la Naturaleza (Icona) ha transferido ya parte de sus competencias sobre los servicios en tierra a determinadas comunidades autónomas, pero sigue ejerciendo el control de la insuficiente flotilla -12 aviones- de lucha contra incendios.

La anunciada ley de Protección Civil, enviada al Congreso, deberá ser el instrumento. para tales fines. Parece, sin embargo, que las dificultades presupuestarias, el temor a los conflictos con las comunidades autónomas en la distribución de competencias y el -orden de prioridades del Gobierno y del Ministerio del Interior pueden retrasar indefinidamente el dictamen de la ponencia y el debate en comisión y en pleno. Desgraciadamente, los incendios y las inundaciones no tienen la cortesía de aguardar a que el poder legislativo concluya sus tareas, a que el Estado de las autonomías encuentre un acomodo definitivo y a que la reducción del déficit público permita al Ministerio de Hacienda asignar los fondos necesarios para una eficaz protección civil. Los muertos de La Gomera son un dramático testimonio de ello.

Según algunas estadísticas, en España se han producido en este año unos 6.000 incendios forestales; la mayor parte, durante el verano. Las inundaciones del pasado año en Vizcaya y Guipúzcoa fueron excepcionales, pero no son irrepetibles. El litoral mediterráneo se halla anualmente amenazado por las riadas y los desbordamientos de ríos. Frente a la tozuda insistencia de tales calamidades, resulta inaceptable que se endose enteramente a las catástrofes -naturales unos efectos que la responsabilidad y la capacidad de previsión, de los hombres deben paliar. La simple comparación entre los recursos asignados al proyecto FACA y la ridícula dotación de aviones del Icona podría servir para ilustrar ese aserto. En España hay casi más alcaldes que bomberos, mientras que el personal y los recursos de los servicios de protección civil de la Administración central y de las comunidades autónomas se hallan bajo mínimos. La protección civil es, el termómetro de la modernidad de un país: bien está llorar a los muertos y asistir a los entierros, a condición de que no se quede todo en gestos emocionales o pésames políticos.

¿Habrá que aguardar a que los terrores milenarios que suele suscitar el anuncio del paso del cometa de Halley animen a nuestros legisladores y gobernantes a cambiar su pasiva actitud de resignación frente a las inundaciones y los incendios por una resuelta estrategia de protección frente a las amenazas del entorno?