Los proyectos de leyes fiscales vulneran la Constitución, según abogados de Madrid

Destacados miembros del Colegio de Abogados de Madrid sostienen que los proyectos de ley de represión del fraude fiscal y de reforma del Código Penal en materia de delitos contra la Hacienda pública vulneran, en su actual redacción, determinados preceptos y derechos constitucionales, sobre todo en lo que se refiere al secreto profesional de algunos profesionales, especialmente de los abogados. Así lo manifestaron ayer en una reunión con los medios informativos, presidida por Antonio Pedrol, decano del colegio, los abogados José Antonio López Huertas, Jesús González Pérez y Gonzalo Rodríguez Mourullo y el propio decano, entre otros.La preocupación que ha despertado en el Colegio de Abogados de Madrid la actual redacción -en estudio por el Congreso de los Diputados- de los dos proyectos de ley con los que se pretende perseguir el fraude fiscal ha impulsado a su junta directiva de la corporación a organizar un debate público sobre los dos textos legales. Este encuentro se celebrará los próximos días 17 y 18 en la sede del Colegio de Abogados de Madrid, a partir de las 19.30 horas, y en él participarán, entre otros, los especialistas Gonzalo Rodríguez Mourullo, Horacio Oliva, Jaime Basanta, Jesús González Pérez, Magín Pont y David Edwards, este último experto en Derecho Comparado. También participarán miembros de la Administración todavía sin especificar.

Los abogados se muestran especialmente especialmente preocupados por la formulación en los proyectos de ley tanto del deber que tendrán los profesionales de proporcionar a la Administración de Hacienda todo tipo de datos con trascendencia tributaria que conozcan por sus relaciones económicas con otras personas, como las sanciones que los funcionarios de Hacienda podrán imponer a quienes incumplan este mandato.

Si prosperan estos proyectos, los abogados, los auditores y otros profesionales relacionados con la gestión de impuestos estarán obligados a denunciar tales datos. "Se dará el caso de que un juez o un tribunal que se niegue a entregar una información a un inspector de Hacienda podrá ser sancionado hasta con seis millones de pesetas", explicaron algunos abogados.