Absuelto del delito de estafa el empresario Robert Graupera tras un acuerdo laboral

José Robert Graupera y Luis Miguel Camacho Arranz, propietario y gerente de la firma Robert, SA, respectivamente, fueron absueltos por sentencia dictada in voce al finalizar el juicio oral, celebrado en la mañana de ayer ante la Audiencia Provincial de Barcelona, de los presuntos delitos de estafa, falsificación de documentos mercantiles y atentado a la libertad y seguridad en el trabajo.En las conclusiones definitivas, el ministerio fiscal retiró la acusación de estafa al considerar que, si bien hubo elementos de ésta, los hechos se realizaron con la intención de salvar la empresa. Por los delitos de falsificación de documentos mercantiles y atentado a la libertad y seguridad en el empleo, el fiscal solicitó únicamente un mes un día de arresto menor y una multa de 50.000 pesetas para cada uno de los procesados, en lugar de los 12 años solicitados en las conclusiones provisionales para el conjunto de los tres supuestos delitos.

La acusación particular, en representación de los 67 trabajadores que componían la plantilla, retiró sus cargos, ya que, según informaron fuentes jurídicas, la empresa había aceptado abonar una cantidad aproximada a la mitad de los 15 millones de pesetas solicitados inicialmente por el fiscal en concepto de indemnización.

En su intervención, el ministerio fiscal señaló que la buena fe de la empresa había sido evidente, al considerar que la continuidad de las actividades de la misma fue impedida "por el corte del fluido eléctrico"; señaló asimismo que, a pesar de todo y con el objeto de salvar la empresa, se realizaron importantes inversiones, por valor de unos 60 millones de pesetas, y fueron adquiridos nuevos terrenos para proseguir sus actividades, lo que finalmente no fue posible. Las conclusiones provisionales, en cambio, habían considerado que Robert Graupera, hermano del ex gobernador civil de Tarragona y antiguo alcalde de Mataró por UCD José Robert Graupera, y Luis Miguel Camacho Arranz, "presentaron balances notablemente distintos en el expediente de suspensión de pagos y en el de regulación de plantilla, con el objeto de eludir las indemnizaciones de los trabajadores". La defensa afirmó que no hubo intencionalidad delictiva en las falsificaciones de documentos.