El Gobierno autónomo requisa materiales de construcción de viviendas ilegales
Un equipo de técnicos y operarios de la Consejería de Ordenación Territorial de la Comunidad de Madrid, con la colaboración de fuerzas de la Guardia Civil y de la Policía Municipal de los ayuntamientos de San Agustín de Guadalix y Fresno de Torote, procedieron los días 29 y 30 de agosto a retirar y almacenar los materiales de construcción de una serie de viviendas ilegales que se estaban construyendo en los municipios citados.En el caso de San Agustín de Guadalix, pequeña población situada a 34 kilómetros de Madrid por la carretera de Burgos, el alcalde había sido advertido en reiteradas ocasiones de que no podía dar licencia de construcción para edificios de tres plantas, ya que las normas subsidiarias que rigen en la localidad sólo admiten dos.
El alcalde, Antonio Ronda, independiente -que ayer no pudo ser localizado-, ha hecho caso omiso de las advertencias, hasta el punto de que fue la propia consejería la que ordenó a sus técnicos que procedieran a retirar los materiales de construcción de una finca situada en el casco urbano. La operación se llevó a cabo en contra del parecer del alcalde, quien, al final, accedió a buscar un lujar para su depósito.
Miles de ladrillos, vigas, aparatos sanitarios, losas y otro materiales de construcción fueron depositados en un almacén municipal, de donde no podrán ser retirados por el constructor hasta que no adecue su proyecto a las normas urbanísticas vigentes en el pueblo. La finca ha quedado precintada.
La consejería ha dispuesto también, en aplicación de las normas contenidas en la ley de Disciplina Urbanística, la suspensión de todas las licencias irregulares concedidas por el Ayuntamiento de San Agustín de Guadalix, una vez que el alcalde se negó a hacerlo por sí mismo, tal y como le instó a hacerlo aquel departamento en numerosas ocasiones a lo largo de este últímo año.
En Fresno de Torote, a 38 kilómetros de Madrid, en el partido judicial de Alcalá de Henares, se retiraron los materiales y la maquinaria y se paralizó la construcción de dos chalés enclavados en la urbanización de El Jardín de Sarracines, que se construían sin licencia municipal.
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