El abogado de Catalán negocia con afectados las indemnizaciones que debe el ex 'etarra'

Juan Francisco Martín de Aguilera, abogado de Carlos Catalán Sánchez, el único ex etarra de los indultados por el Consejo de Ministros del pasado miércoles que permanece aún en prisión, negociará con las entidades afectadas las indemnizaciones que su defendido debe pagar como requisito para su puesta en libertad. Según manifestó ayer a este periódico Martín de Aguilera, el senador del PNV Joseba Azcárraga ha negociado con la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Vitoria y la solución ha sido satisfactoria. El propio Azcárraga se negó a comentar nada y dijo que "de momento, no hay solución al caso".Martín de Aguilera, que ayer se entrevistó en la prisión de Alcalá-Meco (Madrid) con Carlos Catalán -que se encuentra "muy hundido", según su defensor-, negociará con Constructora Asturiana la renuncia o el aplazamiento del pago de las indemnizaciones. "La negociación con la otra empresa, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, va a ser más díficil al ser una empresa estatal", según el abogado.

Otra solución

Por otra parte, la oficina del Defensor del Pueblo está estudiando, de una manera global, la posibilidad de que se arbitre otra interpretación "más benévola y generosa" por parte de la Audiencia Nacional al acuerdo del Consejo de Ministros, ya que existen numerosos casos, como el de Carlos Catalán, de ex etarras acogidos a la reinserción y que se encuentran pendientes de indemnizaciones.Las indemnizaciones que Carlos Catalán tiene pendientes suman un total de 3.612.789 pesetas, desglosadas en 2.769.198 pesetas a Constructora Asturiana, SA; 750.000 pesetas a la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Vitoria, y 93.591 pesetas a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

En la operación de reinserción social de elarras, negociada por el diputado de Eúskadiko Ezquerra, Juan María Bandrés, y el ex ministro del Interior, Juan José Rosón, también se dieron en algunos casos problemas de este tipo, según señaló ayer Bandrés a este periódico. El diputado de Euskadiko Ezquerra dijo que la solución fue, en algunos casos, la renuncia de las empresas perjudicadas al pago de las indemnizaciones. En otros casos, en los que los organismos perjudicados no estaban dispuestos a renunciar a la indemnización, se acogieron a la cláusula del acuerdo del Consejo de Ministros, por el que les fue concedido el indulto, en la que se señalaba que los indultados estaban obligados al pago de las indemnizaciones hasta donde fuera posible. Una vez acreditada la insolvencia del indultado, éste era puesto en libertad con la obligación de pagar en un futuro las indemnizaciones a las que fue condenado.

El informe favorable sobre Carlos Catalán, dictado por la Audiencia Nacional, para la concesión del indulto, conforme a la ley de 1870, señala, en el apartado tercero, que una de las condiciones para acogerse a las medidas de gracia es que "el peticionario acredite tener satisfechas las indemnizaciones fijadas en la sentencia firme dictada o, en su caso, la renuncia a ellas de los perjudicados".