España estrenará desde la adhesión el estatuto de país intermedio, hasta ahora inexistente

España, tras su adhesión a la CEE, va a adquirir un estatuto hasta ahora desconocido en la Comunidad: el de país intermedio. España, con su riqueza y con su población, estrena así una nueva categoría comunitaria, que va a provocar cambios importantes en el sistema de funcionamiento de la CEE. El más importante de estos cambios es quizá que, en decisiones votadas por mayoría cualificada entre los doce, dos países grandes no podrán ya bloquear la aprobación de un texto.Con el ingreso de España y Portugal, la CEE puede contemplar un largo período de estabilidad en el número de países miembros que la componen, lo que, como señalaba recientemente el comisario Christopher Tugenhadt, permitirá una mayor planificación a medio y largo plazo, después de las incertidumbres de tres ampliaciones: primero, al Reino Unido, Dinamarca a Irlanda; luego, a Grecia, y finalmente, a los dos países de la Península Ibérica. En el horizonte -habiendo rechazado Noruega su integración- sólo queda la lejana demanda de Turquía de entrar en la CEE. En la CEE a diez existen países grandes (RFA, Reino Unido, Francia e Italia), países medianos (Holanda, Bélgica, Grecia y eventualmente Portugal), países pequeños (Noruega e Irlanda) y un país, Luxemburgo, aún más pequeño. Salvo por su superficie -sólo inferior a la de Francia-, España no entra en estas categorías. Por su población (38 millones de habitantes) se sitúa entre los 53 millones de franceses y los 13,8 millones de holandeses. Por su riqueza nacional, expresada en producto interior bruto, se sitúa en quinto lugar. Por la riqueza por habitante tan sólo aventaja a Irlanda, Grecia y Portugal.

La propuesta que hará -con toda probabilidad- la CEE a España el martes quiere reflejar esta situación, sin, como señala la Comisión Europea, "modificar sensiblemente la distribución de fuerzas entre los Estados miembros" en el capítulo de las instituciones.

Acudir al voto

Para decidir sobre propuestas de la Comisión Europea, el Consejo de Ministros, cuando no ha lugar a la unanimidad, puede acudir al voto. Éste está ponderado según criteros demográficos y políticos entre los Estados miembros. Así, los grandes tienen 10 votos cada uno, los medianos 5, los pequeños 3 y Luxemburgo, 2. Es necesaria una mayoría de 45 votos para aprobar algo, lo que significa que no se puede decidir nada en contra del parecer de dos grandes ni tampoco los cuatro grandes pueden imponer su decisión sobre los demás.

A España, la CEE le ofrecerá una postura de nuevo intermedia: 8 votos (y 5 a Portugal). Esto no parece estar en discusión. El debate versa sobre lo que ha de constituir una mayoría cualificada en la CEE de doce. La Comisión propone 51 votos, otros Estados quieren más, con lo que se debería llegar a 53 o 54. Esto querrá decir, si España la acepta, que renuncia a la posibilidad de constituir una minoría de bloqueo junto a Italia y Grecia, pues el sistema del consejo luego se reproduce en los comités de gestión de los productos agrícolas y otros.

Sí se llega a esta cifra -Londres es quien más se resiste-, se llegará a otra consecuencia importante en la vida de la CEE: dos países grandes ya no podrán bloquear decisiones por sí solos, salvo que acudan al veto para cuestiones en las que defiendan un interés vital. Dicho sea de paso, para las decisiones sobre textos no propuestos por la Comisión bastará el apoyo directo, sin ponderación, de ocho de los 12 países,

Aprovechando la llegada de España, la Comisión Europea quiere mejorar el sistema de decisiones, transformando algunas que requerían la unanimidad en mayoritarías, para lo cual es necesario un cambio en los tratados. Y que puede tener efectos importantes en una Comunidad, capitaneada por Francia, que pretende escapar de la regla de la unanimidad.

En el Parlamento Europeo, con 58 del futuro total de 510 escaños, España también ocupará una posición intermedia. Aquí también se sigue un criterio demográfico para la distribución de los escaños, pero corregido para evitar la preponderancia de los países grandes, que cuentan con 81 diputados en la Cámara de Estrasburgo. Holanda cuenta con 25. Si en la RFA un eurodiputado representa a 760.000 habitantes, en Irlanda la proporción es de uno a 213.000. El eurodiputado español, de nuevo intermedio, representará a 655.000 ciudadanos.

La única excepción

La única excepción a este estatuto será en el seno de la Comisión Europea, el órgano ejecutivo y burocrático de la CEE. Ya es prácticamente seguro que los países grandes conservarán dos comisarios cada uno. Y lo mismo tendrá España. No es para echar las campanas al vuelo, pues lo importante no es cuántas de las 17 carteras de este colegio de comisarios tendrá España, sino cuáles.

Lo mismo cabe decir de los funcionarios que tendrá España en la CEE. Eni principio, sólo en la Comisión, le corresponderían unos 240, de directores generales a cocineros. España podría conseguir más; sin embargo, lo importante es situar algunos en puntos claves, como la Dirección General de Agricultura, la de Pesca o, dentro de cierta lógica, encargar a un español de las relaciones con América Latina.