"Antes de irnos moriremos en esta tierra"

"Antes de irnos, moriremos en esta tierra". No lo dicen como un lamento fatal, sino con enérgica disposición. Son 17 familias labradoras de As Enchousas, más allá de El Ferrol, en el noroeste montañoso de Galicia, amenazadas de deshaucio de las tierras que ya trabajaron sus mayores, y que han llevado su caso, un pleito de reminiscencias casi medievales, ante el mismo Tribunal Constitucional. Todos los años, el 23 de enero y el 11 de agosto hacían cola en la Casa da Pena para pagar, al precio del trigo, el arriendo de las tierras, en un rito foral que ya parecía totalmente redimido en Galicia. Hace siete años dejaron de cobrarles, y entonces supieron que las tierras de la condesa de Pardo Bazán, las tierras que ellos trabajan, habían sido vendidas.

En el lugar de Os Edrados, a media tarde, Julia Pérez, de 45 años, cuida del ganado, mientras su marido, Jesús Pena, corta con la hoz los matorrales que pugnan por invadir el sendero y sus tres hijos pequeños acarrean la hierba. Julia tuvo su cuna en este lugar. Como su madre, Isolina, de 70 años, y su tía Manuela, de 86, que miran con desasosiego la visita de cualquier extraño desde que el maleficio llamó, ya dos veces, a la puerta. "¿Adónde vamos a irnos?", pregunta en voz alta Julia. "De aquí no le marcha nadie", sentencia Jesús, "si no es con los pies por delante".Otras 16 familias de As Enchousas y Os Edrados, la mayoría con prole numerosa, como las de Daniel da Capilla y Olegario dos Acibros, están amenazadas de deshaucio, sin haber podido ofertar por las tierras que son su medio de vida ni por el techo que ya cobijó a sus antepasados. Según la versión que les ha llegado, los herederos vendieron las posesiones de Pardo Bazán, que se prolongaban en el horizonte del valle de Moeche, por 46 millones de pesetas. "Dicen que las dejaron por 1.000 pesetas el ferrado; más valiera que se las regalaran al Estado". Desde la venta, hace siete años, la vida ha sido para ellos una angustiosa espera, un largo peregrinaje judicial.

"¿Adónde voy yo?"

Evangelina Soto, viuda y con seis hijos, se encontró el pasado 8 de junio con la presencia del juez de As Pontes, un representante legal de la sociedad compradora de las tierras y un inusitado despliegue de la Guardia Civil ante su casa. Pronto apareció también una máquina excavadora y cuatro tractores. Se trataba, en pocas palabras, de que desalojara la humilde vivienda para proceder después a su derrumbamiento. "¿Y adónde voy yo?", preguntaba Evangelina. "Que le den albergue los vecinos", decía el procurador. Los otros afectados se concentraron allí. "Actuamos unidos, porque si no, nos comen", afirma Julia. La operación se detuvo tras comprobar el juez que la letra fría de los papeles no expresaba la realidad dramática del litigio.Anteriormente, las máquinas habían intentado penetrar en las fincas que trabajan Julia Pérez y los suyos. "Estuvimos un mes casi de permanente vigilia frente a las palas". Primero les comunicaron que las tierras "ya no les pertenecían", y después avisaron de que "iban a cruzar los sembrados". "Cuando oí el ruido de las máquinas", cuenta Julia, "cogí una herramienta y me planté delante. Después vinieron los otros labradores, y así nos pasamos un mes haciendo guardia hasta que se fueron".

Pepe do Cal y Maruja Pena no son colonos de los antiguos. Llegaron hace 26 años, recién casados, y en la casa de piedra y pizarra que entonces hicieron habitable con las propias manos han criado a seis hijos. Están orgullosos. De la nada levantaron una pequeña explotación con 14 vacas y un toro charolés. "Sería un crimen sacarnos de aquí".

No conocen a los nuevos propietarios. El cabeza visible, Armando Romero, que regenta viarias granjas en la comarca, pasa en coche con frecuencia, pero nunca les ha hablado personalmente. En un rito secular, el 23 de enero pagaron otra vez los arriendos, en moneda, a precio de trigo, en la Casa da Pena. Lo volverán a hacer el 11 de agosto.