Los municipios cobrarán la próxima semana los 27.000 millones que les debe Hacienda

El secretario de Estado de Hacienda, José Borrell, ha decidido cursar orden al Tesoro público para que pague a los ayuntamientos los 27.000 millones de pesetas correspondientes a las liquidaciones de la participación de los municipios en el Fondo Nacional de Cooperación Municipal. Con ello, se evita el peligro de que los funcionarios deja sen de cobrar sus salarios.

Este pago de los 27.000 millones, que se producirá la próxima semana, se realiza con prácticamente dos meses de retraso conforme a las previsiones iniciales, y ha estado a punto de colocar a un importante número de corporaciones locales a las puertas de una situación financiera angustiosa, por la que el 80% de sus funcionarios no hubieran podido percibir sus salarios correspondienes al presente mes.El artículo 13 de los Presupuestos Generales del Estado para 1983 ha sido la principal causa objetiva de esta dramática situación. En él se establecía una modificación sustancial en la contribución del Estado a las economías de los ayuntamientos. Hasta ese momento el 8% de los ingresos fiscales del Estado, derivados de la recaudación de tributos no susceptibles de cesión a las comunidades autónomas, iban destinados a conformar el Fondo Nacional de Cooperación Municipal, que a su vez se distribuía entre los distintos ayuntamientos en base a una escala que atribuía un coeficiente del 2,85 a los municipios con más de un millón de habitantes, mientras que a los más pequeños, los de menos de 5.000 vecinos, se les aplicaba un coeficiente del 1. La nueva normativa respeta este esquema para el 75% de las aportaciones estatales, pero introduce un nuevo mecanismo de valoración para el 25% restante en base al esfuerzo fiscal que realice cada corporación. Este nuevo concepto introducido, el del esfuerzo fiscal, se ha constituido en el eje de todos los problemas para que los ayuntamientos percibieran la liquidación correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado de 1983 en el plazo inicialmente previsto, y que finalizaba el pasado mes de abril.

Discrepancias ministeriales

La realidad es que del 8% en que estaban anteriormente establecidas las aportaciones estatales a las economías municipales, los 223.000 millones de pesetas que realmente van a percibir representan finalmente un 7,23%. Pero el problema auténtico está situado en torno a los conceptos que integran ese esfuerzo fiscal, y que, según fuentes de la Federación Española de Municipios y Provincias, resultan excesivamente poco claros, al no estar determinados expresamente los conceptos asimilables a este término. En principio, este esfuerzo fiscal responde al importe líquido de las recaudaciones por impuestos locales dividido entre el número de habitantes de cada municipio. Los datos facilitados por las propias corporaciones locales, ciñéndose a la letra de la ley, ofrecían un abanico que se abría desde las 203 pesetas de impuestos locales por habitante y año hasta las 69.000 pesetas.Los responsables del Ministerio de Administración Territorial percibieron que semejantes diferencias no eran posibles, y llegaron a la conclusión de que se barajaban conceptos excesivamente heterodoxos en las informaciones recibidas de las distintas localidades. Otro tanto ocurrió con la Federación de Municipios, cuyo secretario general declaraba que la aplicación literal del concepto de esfuerzo fiscal estaba dando lugar a unas situaciones "moralmente dudosas, pero jurídicamente aceptables". A la vista de esta situación, desde el Ministerio de Hacienda se solicitó información adicional a la facilitada inicialmente por los ayuntamientos para proceder al pago de estas liquidaciones complementarias a las aportaciones estatales con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 1983. La Federación de Municipios se comprometió a ello, y, concretamente, instó a unos 25 municipios a que le facilitaran la información que solicitaban desde el Ministerio de Economía y Hacienda.

Esfuerzo fiscal

En todo este proceso había mediado una comunicación del ministro de Administración Territorial, Tomás de la Quadra, en el mes de junio a su homónimo de Hacienda, Miguel Boyer, por la que solicitaba que se procedieran a realizar estas liquidaciones a todos aquellos municipios cuyo esfuerzo fiscal aparente no sobrepasara las 15.000 pesetas por habitante. Los que excedieran esta cantidad (198 ayuntamientos, que representaban una cifra por este exceso de unos 1.500 millones de pesetas) serían objeto de un estudio y negociación posterior. Hacienda, según manifestaciones de un portavoz autorizado, pretendió buscar una fórmula de acuerdo con los municipios, por entender que la solución planteada por el Ministerio de Administración Territorial se apartaba de lo establecido legalmente. Hasta que los responsables de este departamento no llegaron a la convicción de que era imposible este acuerdo no se establecieron los mecanismos necesarios para que los municipios percibieran los casi 27.000 millones de pesetas.