El Juzgado de Instrucción dicta auto de procesamiento y prisión provisional contra seis ex directivos de la Caja Rural de Santander

El Juzgado de Instrucción número 3 de Santander ha dictado auto de procesamiento contra seis ex directivos de la Caja Rural de Santander, entre los que se encuentra el ex director de la entidad, Tomás Mier, y el ex presidente, Amós Fernández, ambos cesados, junto al resto del consejo rector, en, febrero de 1982 por el Ministerio de Economía y a propuesta del Banco de España, una vez constatada la existencia de numerosas irregularidades en su gestión al frente de la entidad.El auto judicial decreta la prisión provisional de todos los procesados, a los que se acusa de delitos de falsedad y apropiación indebida, fijándose para cuatro de ellos una fianza de cinco millones de pesetas y de un millón para los dos restantes. Asimismo el juez requiere a los procesados para que solidariamente depositen una fianza de 300 millones de pesetas.

La decisión adoptada por el magistrado juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Santander se produce un año y medio después de que el entonces presidente del comité de empresa de la entidad de crédito ganadero presentase una querella contra el ex director y el ex presidente de la Caja Rural, por los presuntos delitos de falsedad e imprudencia temeraria, decretándose entonces el procesamiento de los dos directivos citados. El recurso presentado contra dicho procesamiento y el personamiento de la propia Caja Rural en la querella en noviembre de 1983, cuatro meses después de que una junta general designase un nuevo consejo rector de la entidad, lo que originó un nuevo e importante aporte de documentación al procedimiento judicial, determinaron la ampliación del procesamiento a otros cuatro ex directivos.

Pagos de extratipos

A los procesados Mier Gutiérrez y Fernández Gómez, que además de ocupar la dirección y la presidencia del consejo rector de la entidad, respectivamente, de sempeñaban cargos de responsabilidad en la UTECO y otras cooperativas ganaderas, se les acusa de haber dispuesto de más de 20 millones y medio de pesetas y una cuenta de crédito abierta a nombre de la cooperativa Aja-Bareyo, cuya existencia era desconocida para los directivos de ésta. A través de dicha cuenta fueron camuflados, según el auto de procesamiento, diversos pagos de extratipos a depositantes, habiendo participado también los acusados en el falseamiento de los balances de la entidad en los años 1980 y 81.Los dos anteriormente citados, junto a Vicente Ruiz Gañán, interventor de cuentas de la Caja Rural y secretario de UTECO, José Antonio de la Llama Vázquez, directivo de la entidad crediticia y constructor, y Antonio Solana Gutiérrez, tesorero de la Caja Rural y presidente de UTECO, participaron, según refleja el auto de procesamiento, en la desviación de fondos a través de tres cuentas corrientes abiertas a nombre de otras tantas cooperativas de las que eran directivos, y cuyo descubierto total alcanza en la actualidad a cerca de 276 millones de pesetas. Por último, el sexto procesado, Manuel Ramiro, es acusado de la presunta firma de los talones bancarios con los que se llevaron a cabo los pagos con cargo a las citadas cuentas corrientes, sin que tuviera autorización para ello.

El procesamiento de los ex directivos de la Caja Rural fue valorado positivamente por los actuales rectores de ésta, quienes entienden que se ha dado un primer paso para proceder a la aclaración definitiva de las irregularidades cometidas en la entidad durante un largo período y que han producido un agujero de más de 2.500 millones de pesetas.

La crisis de la Caja Rural estalló en el verano de 1981 tras conocerse la auditoría realizada por el Banco de España, que ponía al descubierto la existencia de irregularidades. La situación alcanzó su punto culminante con el cese del director y consejo rector de la Caja Rural en febrero de 1982.