El extraño caso de la detención de Otelo
La operación antiterrorista en Portugal puede volverse contra sus organizadores
Dando la razón al director general de la Policía Judicial, que afirmaba hace una semana que la redada había "golpeado centros vitales de la organización terrorista, pero no alcanzado su corazón", dos portavoces de las FP-25 se permitieron el lujo de convocar a los medios de comunicación portugueses para una espectacular conferencia de prensa en una playa cercana a Lisboa.Con esta acción se cuestionaba doblemente la eficacia del dispositivo policial: se suministraban a los periodistas pruebas concluyentes de su identidad, se puntualizaban cuáles de las acciones atribuidas a la organización han sido efectivamente ejecutadas por ella (el espectacular atraco contra un transporte de fondos bancarios en Lisboa, que rindió cerca de 120 millones de pesetas, y cuatro atentados), se exculpaba a Saraiva y a la mayor parte de los detenidos y sobre todo se aseguraba que su "capacidad operativa no ha sido afectada por la redada, como quedará probado a corto plazo".
Las nuevas detenciones y la captura de importantes alijos de armas, anunciadas como inminentes, tardan en hacerse realidad, y a medida que el tiempo pasa, las dudas y las críticas aumentan, hasta el punto de que nadie parece ahora dispuesto a asumir la responsabilidad política de la operación: el primer ministro estaba en el extranjero; el ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor General del Ejército no supieron previamente los pormenores; el ministro del Interior niega cualquier iniciativa por su parte, y el de Justicia deja entender que el poder ejecutivo fue "sobrepasado" por el judicial, que, como corresponde a un Estado de derecho, es plenamente independiente.
La imagen de firmeza y autoridad forjada en unas horas mediante un despliegue policial sin precedentes en Portugal -42 detenciones, allanamiento de sedes de un partido legalizado (Fuerza de Unidad Popular) y respaldo explícito o tácito del Gobierno y de los grandes partidos políticos- abre grietas profundas.
El conservador Colegio de Abogados protesta contra las limitaciones impuestas al ejercicio del derecho de defensa y exige la presencia de un agente de policía en las entrevistas entre los deténid s y sus defensores.
Indignación castrense
En los medios castrenses, la sorpresa provocada por las circunstancias que rodearon la detención del teniente coronel en activo Otelo Saraiva de Carvalho deja lugar a una creciente indignación: después de dejar en entredicho la eficacia de los servicios de información militar, que no habían detectado ningún comportamiento ilícito por parte del cerebro de la revolución portuguesa de 1974, la policía parece ahora incapaz de justificar de manera satisfactoria su precipitación.Los militares progresistas se sienten ofendidos en la persona del hombre que simbolizó la revolución de los claveles, y los derechistas no se muestran menos indignados. Para estos últimos, o bien Otelo Saraiva de Carvalho es realmente culpable, y es inadmisible que fuera reincorporado en 1982, por una decisión política, a las filas del Ejército, o bien no lo es, y su detención como un vulgar delíncuente común constituye una ofensa intolerable que mancha la honra de todos los militares.
Aparte de sus escasos aspectos prácticos, la vasta operación antiterrorista del Gobierno Soares es también polémica a nivel político. Hace meses que Soares y otros miembros de su Gobierno denunciaban la existencia de una conspiración manejada por los comunistas y algunos medios militares para desestabilizar el régimen democrático portugués. El Partido Social Demócrata, segundo miembro de la coalición, exigía de los socialistas instrumentos legales para defender las instituciones democráticas, la autoridad del Estado y la seguridad ciudadana, y llegó a condicionar su permanencia en el Gobierno a la aprobación de las leyes sobre Seguridad Interna y Servicios de Información antes de las vacaciones parlamentarias de verano.
La coincidencia de la operación contra las FP-25 y el inicio del debate parlamentario sobre la ley de Seguridad Interna, que otorga al primer ministro poderes prácticamente ¡limitados para tomar todas las medidas de excepción necesarias para la defensa de la "seguridad de las personas, de los bienes, y del orden público", llevó a parte de la opinión pública portuguesa a sospechar de la existencia de un plan preestablecido para presionar al Parlamento en favor de los proyectos gubernamentales.
La publicidad internacional dada al problema del terrorismo en Portugal por la detención de Saraiva de Carvalho, que fue noticia de primera página en buena parte de la Prensa internacional, puede, efectivamente, actuar en favor de un refuerzo de los medios represivos del Gobierno de Lisboa, pero las reacciones en el interior han sido exactamente opuestas.
En todos los medios políticos, de la derecha y, de la izquierda, de la oposición y de la mayoría, se pone el acento sobre la torpeza política de la iniciativa: si los tribunales condenan a los detenidos como terroristas queda probado que las autoridades disponen, sin necesidad de recurrir a medidas de excepción, de los medios necesarios para desmantelar cualquier brote subversivo y la ley de Seguridad Interna es superflua. Y si no queda probada la culpabilidad de Otelo y de sus supuestos cómplices, parece, como mínimo, peligroso dotar de medios aún más expeditivos a unas fuerzas del orden y a una policía más preocupadas de probar su eficacia que de respetar las limitaciones impuestas por la legalidad democrática.
Es en la derecha, e inclusive en la extrema derecha extraparlamentaria, donde surgen las más acerbas críticas a la acción del Gobíerno: en estos medios, a Mario Soares se le acusa simultáneamente de defender terroristas como su amigo Otelo y de echar mano, para conservar el poder, del mismo aparato de represión (policía política, censura, violación de los derechos civiles) que utilizó Salazar.
Se llega incluso a insinuar que la detención de Otelo y de los supuestos miembros de las FP-25 hace el juego a los comunistas, que, según estas insinuaciones, montaron una trampa al Gobierno con la triple finalidad de "limpiar la imagen democrática" del partido de Alvaro Cunhal, desembarazarse de la competencia política de la ultraizquierda y de su líder carismático (Saraiva) y desmoralizar a la policía y a las fuerzas del orden.
Se discute apasionadamente la existencia de un cerebro maquiavélico que orquestó toda la operación y de una conspiración -de derecha o de izquierda, según los gustos- contra las libertades democráticas. En un país al que 50 años de dictadura anclaron en la idea de que "en política, lo que parece, es", ésta es tal vez la más dramática conclusión del caso Otelo: la opinión pública portuguesa no parece muy convencida 10 años después de la revolución de la estabilidad del régimen democrático y está siempre dispuesta a creer que una simple operación policial esconde un golpe de Estado en gestación.
El síndrome golpista -difuso, pero persistente-, alimentado por la Prensa y los medios políticos y que renace en cada situación de crisis económica 0 política, es el más serio obstáculo que se opone a cualquier esfuerzo serio de estabilización y recuperación económica, social y política de Portugal. Mario Soares está decidido a ignorar la agitación que le rodea, y que se refleja hasta en el interior del Gobierno y de la coalición que lo apoya. Y precisará en las próximas semanas de toda su autoridad y prestigio para mantener el control de la situación y recoger los dividendos políticos que espera obtener de sus recientes éxitos europeos.
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