Medio centenar de alcaldes socialistas del País Vasco disponen de escolta policial

A lo largo de la jornada viven estrechamente vigilados por funcionarios policiales, casi siempre distintos, a los que deben comunicar con antelación todos y cada uno de sus movimientos. Así, se ven forzados a desechar cualquier iniciativa espontánea, a hacer una vida regular, a evitar ambientes determinados y a renunciar a una parte de su libertad personal; un precio muy alto que pasa también factura en la vida familiar.La presencia constante de escoltas recuerda al protegido su condición de amenazado y no le evita sentirse el objetivo* de una danza de siluetas y sombras sospechosas. Mira a sus guardaespaldas con resignación y abatimiento y a veces cede a la tentación de' escapar, siquiera un rato, y alejarse de esa asociación extraña, casi absurda. El miedo será libre, responsables de estas medidas, no están dispuestos a permitir que la sombra del terrorismo se alargue impunemente.

Militancia unida

Además de demostrar que los temores no están infundados, el asesinato de Enrique Casas ha provocado entre las bases socialistas un efecto puntual, probablemente contrario al que perseguían sus autores: la afiliación al Partido Socialista de Euskadi aumentó en las semanas siguientes al atentado y, según los dirigentes socialistas, la militancia parece mostrarse, a partir de entonces, mucho más unida en el partido e incluso más activa. Una reacción que no contradice la evidencia de un PSE-PSOE políticamente aislado, blanco de las agresiones sistemáticas de aquellos que no le perdonan el ser la segunda fuerza política de Euskadi: pintadas ("PSOE, asesino"; "PSOE = GAL = polícía"), decenas de ataques y de atentados contra las casas del pueblo, agresiones y tumultos en los plenos de ayuntamientos dirigidos por socialistas.

Con todo, algunos electos del PSE-PSOE sostienen que lo verdaderamente inquietante es el intento permanente de deslegitimizar al partido, de descalificarlo moralmente ante la sociedad, de rechazar la autoridad democrática de alcaldes y otros cargos elegidos por los ciudadanos. Una actitud que, según Ana Miranda, miembro de la ejecutiva del PSE.PSOE y senadora en sustitución de Enrique Casas, nace de la práctica violenta y es fruto de una ideología guerrera que necesita ver en el adversario político a un enemigo, "a poder ser, armado, y siempre peligroso para la supervivencia del propio pueblo o de los grandes ideales que dicen defender".

A juicio de la senadora, en aquellas poblaciones dirigidas por alcalde socialistas, los sectores que, simpatizan con la violencia han hecho de la vida municipal y ciudadana un banco de pruebas, algo así como una experiencia piloto dirigida a acosar al PSE-PSOE y a provocar su desmantelamiento como organización local.

En cualquier caso, el resultado admitido por militantes socialistas es que en general la gente del PSE se siente hoy ajena a Euskadi, pese a los esfuerzos de algunos dirigentes que han intentado desarrollar en el seno del partido un cierto vasquismo. "Nosotros", afirma el alcalde de Irún, Alberto Buen Lacambra, "rechazamos y criticamos la actitud de aquellos afiliados nuestros que interrumpen con protestas una intervención en euskera, pero Otros partidos no hacen lo mismo cuando sus militantes utilizan la violencia o arrojan una urna por los aires".

La experiencia piloto

Buen Lacambra tomó posesión de su cargo en una sesión tormentosa en la que tuvo que hacerse oír a gritos porque alguien había desconectado el sistema de megafonía y nadie parecía capaz de arreglarlo. Su nombramiento se produjo tras un contencioso legal con el Partido Nacionalista Vasco (PNV), partido que llegó a afirmar públicamente que no le reconocería nunca como alcalde. "Como ya ha ocurrido en otros municipios, el PNV y HB (Herri Batasuna) formaron en aquellas semanas un frente común contra nosotros y se mantuvo una postura coherente desde el principio". El alcalde de Irún afirma que ha fracasado "la experiencia piloto" que los sectores más intolerantes pretendieron desarrollar en Irún, y que, de hecho, las relaciones entre las distintas fuerzas políticas y la convivencia en general son hoy aceptables si se comparan con las existentes en Rentería o Hemani.

José María Gurruchaga, alcalde de Rentería, ve en el PSEPSOE el contraste entre una gran base social y una organización frágil y extremadamente débil. Los atentados y asaltos a las casas del pueblo y las agresiones a los corporativos han generado reacciones esporádicas entre la militancia, pero la sucesión de ,estos hechos conduce necesariamente al desgaste de la organización local. Gurruchaga, apaleado brutalmente en uno de los asaltos a la sede socialista de Rentería, no cree que haya descendido el grado de intolerancia ni la presión social de los simpatizantes del terrorismo, aunque al mismo tiempo sostiene que la violencia callejera se circunscribe cada vez más a grupos minoritarios. "Cinco personas pueden cruzar e incendiar camiones en la carretera, provocar un atasco considerable y dar la sensación de caos".

A la pregunta de quién gobierna realmente en Rentería, interrogante que los comentaristas políticos han vuelto a replantearse en las últimas semanas, el alcalde contesta con una breve pausa para señalar a continuación: "En Rentería gobiernan el Gobierno central y el Gobierno vasco, aunque la Ertzaintza no parece asumir sus competencias en la custodia de las carreteras y en concreto, en la retirada de las barricadas". Gurruchaga ilustra esta aseveración con una anécdota reciente: "La Policía Municipal pidió a la Ertzaintza que retirara unas barricadas que obstruían la Nacional I, y al rato la Ertzaintza llamó a la Policía Municipal comunicando que habían tenido conocimiento de la existencia de barricadas en Rentería e indicando que las retiraran".

El alcalde comenta que el llevar escolta policial le resta movilidad y dificulta su trabajo diario. "No puedo elegir: ésta es una situación injusta que te obliga a vivir en una tensión enorme; además, ha habido incidentes entre grupos violentos y los escoltas".