La futura ley Electoral no ampliará el actual número de diputados en el Congreso

La ley orgánica Electoral que elabore el Gobierno mantendrá, contra las ideas que se manejaron en un principio, el actual número de diputados, no incluyendo, por tanto, 50 escaños más procedentes de una lista nacional, según pudo ayer saber EL PAIS de fuentes seguras. El Gobierno pretende tener elaborado un anteproyecto para ser enviado a las Cortes antes de finales de este año, pero antes tratará de consensuar los aspectos más importantes de esta ley con la oposición conservadora. El de la ley Electoral se configura ya como el más trascendental y duro de los temas políticos del otoño, calificado de "decisivo" por todos los partidos; será, sin duda, objeto del principal debate parlamentario en el próximo periodo de sesiones.

El vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, se entrevistó, a comienzos de la pasada semana, con el secretario general de Alianza Popular, Jorge Verstrynge, para informarle de los principales aspectos básicos de los "preborradores" -según la terminología empleada por las propias fuentes gubernarnentales- de una nueva legislación electoral. El Gobierno se ha comprometido a que las próximas elecciones generales se regulen por una nueva normativa, que sustituya a la vigente, procedente de un decreto-ley de 18 de marzo de 1977.Posteriormente, varios dirigentes parlamentarios de Alianza Popular -Miguel Herrero de Miñón, Alfredo Navarro, Jorge Verstrynge, José María Aznar y Abel Matutes- se reunieron para estudiar las ideas intercambiadas por Guerra con el secretario general aliancista. Esta reunión, considerada más de partido que de la Coalición Popular, concluyó con la sensación de que las ideas delineadas verbalmente por el vicepresidente del Gobierno "podrían, después de todo, ser positivas, aunque pudiesen oponerse determinados reparos concretos". En cualquier caso, Guerra no entregó, según parece, papel alguno a Verstrynge, por lo que en medios de AP se insistía ayer en el "desconocimiento de lo que el Gobierno se trae realmente entre manos".

Alianza Popular parece conforme con la idea básica de mantener en 350 el número de escaños en la Cámara baja y de no modificar el sistema para la elección de senadores, manteniendo el método D'Hondt. El aumento de escaños hasta el número de 400, máximo permitido por la Constitución, fue "una posibilidad considerada en algún momento", pero ya abandonada casi definitivamente por el aumento de gastos que acarrearía y por consideraciones prácticas: tal aumento penalizaría a las regiones.

Entre las novedades que incorporaría la nueva ley orgánica Electoral se encuentran la incorporación de una regulación específica para las elecciones municipales y para las autonómicas, así como de las incompatibilidades que en el futuro afectarán a diputados y senadores. Este último punto viene dado como exigencia procedente del Tribunal Constitucional, que, en una sentencia emitida hace unos días, falló en contra de la pretensión socialista de regular las incompatibilidades de los parlamentarios a través de una ley específica enviada a las Cortes a finales del pasado año y contra la que los senadores del Grupo Popular presentaron recurso previo de inconstitucionalidad.

Permanente actualización del censo

Medios gubernamentales aseguraron que la redacción de una nueva ley Electoral "no corre prisa" y que ésta no quedará ultimada antes de finales de año, "por más que las discusiones con otros partidos puedan iniciarse desde ahora". Pese a ello, se sabe que otra de las novedades del futuro proyecto será la incorporación de un sistema de actualización permanente del censo electoral. Los mismos medios gubernamentales admitieron que "podría darse la interpretación" de que estas líneas generales "continúan favoreciendo el bipartidismo". Pero -añadieron- se trata de la única manera de garantizar una estabilidad del sistema.Los intentos de un consenso sobre el borrador de ley Electoral tratan de restaurar el proyecto gubernamental de pactar las grandes leyes que afectan a la configuración del Estado. Las iniciativas en este sentido han encontrado hasta ahora un absoluto fracaso, tanto por lo que respecta al proyecto de ley de Reforma de la Función Pública como a la ley de Bases de Régimen Local, debates ambos que se reproducirán en el próximo periodo de sesiones.

Todo ello hace que el periodo parlamentario otoño-invierno se presente sobrecargado de temas: en primer lugar, el debate sobre el estado de la nación, que tendrá lugar en el Congreso de los Diputados a mediados de septiembre, según lo prometido por los socialistas, que se comprometieron a comparecer en un acto de estas características anualmente. También se realizará el ya clásico debate presupuestario, y el que afectará a la situación de la justicia en España, con motivo de la discusión en torno al proyecto de ley orgánica del Poder Judicial; aunque el proyecto no ha sido aún aprobado por el Consejo de Ministros, se espera que sea enviado a las Cortes en el curso de las dos próximas semanas. Medidas antiterroristas, legislación laboral -devuelta por el Senado- y proposición de ley socialista para suprimir el recurso previo de inconstitucionalidad serán otros puntos destacados de debate en el plenario del Congreso a partir de septiembre.