Más de un centenar de auditorías serán iniciadas este año en el sector público

El plan de auditorías del sector público para el presente año pretende iniciar la revisión de cuentas entre los ayuntamientos acogidos a la ley de saneamiento de las haciendas locales (cerca de 800), así como otras en 109 empresas y organismos públicos. Por las efectuadas hasta el momento (algunas con la ayuda de firmas privadas, que recibirán más de 200 millones de pesetas), una decena de casos de presuntos fraudes o malversaciones han sido denunciados a la Fiscalía General del Estado y un millar de cuentas abiertas en bancos y cajas para ingresar las tasas cobradas irregularmente por distintos ministerios y organismos públicos han sido regularizadas o canceladas.

Al presentar ayer el plan de auditorías, el secretario general de Hacienda, Juan Francisco Martín Seco, y el interventor general del Estado, Ricardo Bolufer, insistieron en que lo importante no es descubrir irregularidades, sino proporcionar a los administradores de recursos públicos criterios de eficacia, información y organización, cuya ausencia impide conocer posibles derroches. Según Bolufer, las auditorías y controles realizados indican que "los fraudes o malversaciones apenas existen, aunque también que los sistemas actuales son ineficaces y la organización está mal desarrollada". No obstante, apuntaron que cerca de una decena de casos han sido denunciados ante la Fiscalía General del Estado. Además de que resulta difícil demostrar que los implicados en irregularidades se han llevado dinero -lo que limita estas denuncias a efectos penales-, en muchos casos es imposible abrir expedientes administrativos, debido a que los titulares de los organismos públicos afectados no eran funcionarios o no continúan en el cargo.

Control de las tasas

Dentro de los controles de legalidad, una de las actuaciones más amplias se ha centrado en el destino de las tasas que cobraban numerosos organismos públicos, para luego gestionarlas al margen del presupuesto del Estado e ingresarlas en cuentas bancarias (muchas veces sin la requerida autorización de Tesoro) mientras se aplicaban a cubrir futuros gastos. Al tiempo que se han descubierto fallos en la gestión y el cobro de estos cuasi-precios por servicios púbficos y que las conclusiones servirán para la anunciada reforma de los centenares de tasas existentes, las auditorías ya terminadas en 10 ministerios han permitido regularizar un millar de cuentas bancarias hasta ahora descontroladas.Paralelamente, los controles de eficacia, entre los que destacan las auditorlas efecuadas a los presupuestos o a la ejecución de los gastos presupuestados por una docena de ministerios y diversos organismos autónomos, han servido para sacar conclusiones de cara a la presupuestación para 1985. Como complemento, en el segundo semestre del presente año empezarán, por universidades y hospitales, las llamadas auditorías de sistemas, destinadas a examinar qué funciones desarrolla el organismo revisado y establecer un sistema lo más racional posible.

En total, la Administración socialista ha terminado hasta la fecha 50 auditorías: junto a las citadas para ministerios, las de empresas como Uteco Jaén, Dirección General de la Marina Mercante, Comisaría de Abastecimientos y Transportes, Lactaria Española, Industrias del Frío y de Alimentación, Carnes y Conservas Españolas, Filmoteca, Tabacalera, Trasmediterránea, Aeropuertos Nacionales, Iberia, Aviaco, Elcano, Federación Española de Fútbol, Puerto de Barcelona, Metro de Madrid, Medios de Comunicación Social del Estado y Mercorsa.

Hay otras 27 auditorías en marcha, entre ellas las de diversos ministerios, las de las empresas ferroviarias Feve y Renfe, y las de Hytasa, Intelhorce, Gossypium, Tragsa, Instituto de Crédito Oficial, Viajes Marsans, Enagás, Sociedad General de Autores y Canal de Isabel II.

El plan para 1984, que incluye buena parte de las anteriores, y que no fue anunciado antes para garantizar mayor efectividad, según sus autores, prevé 109 revisiones de cuentas, así como la de ayuntamientos, ministerios y organismos autónomos. Los seis criterios de selección han sido: sociedades estatales que reciben subvenciones de explotación o capital, las que ampliaron capital en 1983 para mejorar su estructura financiera, organismos y sociedades de sectores estratégicos que se desvían de los objetivos previstos, organismos autónomos cuya auditoría es necesaria para elaborar los presupuestos, ayuntamientos acogidos a la ley de Saneamiento y controles financieros de cara a los presupuestos y a las tasas.