Los editores de diarios quieren participar en la regulación jurídica de la televisión privada

La segunda convención nacional de la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE), que ayer fue clausurada en Santander, acordó por unanimidad solicitar de la Administración la apertura de un diálogo al objeto de que la opinión de las empresas informativas sea tenida en cuenta en la regulación jurídica de la televisión privada en España. La última sesión de trabajo de la convención estuvo dedicada a analizar la libertad de prensa y el ejercicio del periodismo, centrándose el debate en torno al acceso a la profesión periodística.Partidarios y detractores de la regulación del acceso a la profesión periodística reavivaron la ya antigua polémica en el marco de la convención de la AEDE, cuya tercera y última sesión de trabajo estuvo presidida por Jesús de Polanco, presidente del consejo de administración de EL PAÍS.

Entre los primeros se encontraba como ponente el presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid, Luis Apostua. Éste propuso a los empresarios la apertura de negociaciones en torno a tres aspectos, que él consideraba básicos, al objeto de sustituir la legislación vigente. El acuerdo propuesto por Apostua debería centrarse en el acceso a la profesión, creación de una comisión paritaria que estaría encargada de otorgar las certificaciones profesionales y el establecimiento de estatutos de redacción en todos los medios.

Pedro J. Ramírez, director de Diario 16, dijo que la posición de las asociaciones de la Prensa en el debate suscitado no era representativa del total de los periodistas españoles y negó que en torno a dicho tema existieran cuestiones a, negociar entre empresarios y profesionales del periodismo. En su opinión, "todo intento de legislar en materia de libertad de expresión termina convirtiéndose en un catálogo de restricciones a esa libertad".

Por otra parte recomendó a la AEDE que "no se sienta acomplejada" al defender la inexistencia de una normativa para el acceso a la profesión periodística. Para el director de Diario 16, el vacío normativo actual se acerca a la situación ideal, por lo que se mostró partidario de que no exista una regulación específica de la cláusula de conciencia y del secreto profesional y de que se incluya la primera en la legislación laboral y el segundo en el Código Penal.

El periodista Pedro Altares puso de manifiesto la pervivencia de ciertas secuelas dejadas por las leyes de Prensa promulgadas en 1938 y 1966. Para Altares, el reglamentarismo profesional, la libertad bajo sospecha y el poder omnímodo de los directores -que practican, afirmó, una especie de caudillaje- son aspectos legados por los citados textos. Altares advirtió en tomo a la inexistencia de colectivos profesionales con implantación capaces de organizarse para "hacer valer sus opiniones ante la empresa y el director del periódico", precisando que las organizaciones actuales se mueven entre la ideología y la función asistencial.

Finalmente Carlos Soria, decano de la facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de Navarra, se enfrentó a la polémica desde el punto de vista del derecho. Señaló que el artículo 20 de la Constitución "en modo alguno se establece ningún requisito para el acceso a la profesión periodística, pero", añadió, "tampoco lo prohibe". La duda surge, en su opinión, si se recurre al artículo 36, que establece la regulación por ley de los colegios profesionales y del ejercicio de las profesiones tituladas, si se considerase como tal al periodismo.