El destino de dos embriones humanos congelados cuyos 'padres' fallecieron apasiona a la opinión pública australiana

Lo que hasta ayer eran simples preguntas hipotéticas sobre la fertilización con embriones humanos congelados, preguntas que se hacían los moralistas, los políticos y los juristas, están hoy en la boca del australiano de la calle. Por ejemplo, ¿qué debe hacerse con los posibles embriones congelados en caso de fallecimiento de los padres? Ha bastado un accidente de aviación a miles de kilómetros para que una polémica que se llevaba a cabo con la típica parsimonia anglosajona se convirtiera en una verdadera urgencia nacional.

Los interrogantes no acaban en el que plantea este caso particular. ¿Cuánto tiempo pueden mantenerse congelados estos embriones? ¿Deben destruirse en algún momento? ¿Tienen los padres derecho a decidir sobre ellos? Incluso, ¿quienes son los padres? ¿Y qué pasa si estos se separan o no se ponen de acuerdo sobre la utilización posterior de los embriones? ¿Puede uno de ellos decidir sin el consentimiento del otro?, en suma, ¿debe seguir adelante el programa de fertilización utilizando la congelación de embriones humanos?Lo sucedido tiene todos los ingredientes necesarios para apasionar al hombre de la calle. Ante todo está el fondo de la cuestión, que implica unos cambios quizá sin precedentes en el futuro mismo de la humanidad en pleno año 1984. Pero a ello se añade ahora la desaparición de una pareja de millonarios sudamericanos -chileno él, argentina ella, fallecidos en un accidente de aviación en Chile-, que en 1981 intentaron sin éxito el embarazo por medio del programa de embriones congelados que se desarrolla en la universidad australiana de Melbourne. En la universidad Monash quedan dos embriones congelados a 156 grados centígrados bajo cero en una solución de nitrógeno.

Por si esto fuera poco, esta pareja suramericana sin hijos ha dejado una herencia de ocho millones de dólares (unos 1.200 millones de pesetas). ¿Son acaso estos embriones herederos potenciales? ¿Hasta cuándo debería guardarse la herencia? ¿Podrían reclamarla, si nacieran, como teóricamente parece posible, dentro de 100 años? ¿Quién va a decidir ahora si se intenta el desarrollo de estos embriones? ¿Y cuándo van a desarrollarse o destruirse estos embriones?

Hace unas semanas, el Gobierno del Estado australiano de Victoria nombró un comité para investigar el tema y proponer las respuestas más adecuadas a estas preguntas.

Opiniones

Mientras tanto, las distintas iglesias han hecho pública ya su postura. La católica, partidaria del programa de fertilización in vitro, pero contraria a la congelación de embriones, se opone rotundamente a la destrucción de los embriones huérfanos. Postura semejante mantiene el movimiento Pro Derecho a la Vida de Melbourne, para cuyos miembros la destrucción de estos embriones equivaldría a un aborto o a un asesinato.Muy distinta es la postura de la Iglesia anglicana, para algunos de cuyos portavoces los embriones huérfanos deberían ser destruidos, por considerar que la única justificación de su congelación era el intento de fertilización de una pareja estéril; desaparecida la pareja, no hay razón alguna para mantener con vida -siquiera sea a 156 grados bajo cero- a estos dos embriones.

Distinto también es el punto de vista de algunos miembros del comité ético del programa de fertilización de la universidad Monash, de Melbourne, del que dependen los científicos que dirigen las investigaciones. Para ellos, no debe destruirse la potencialidad de unos embriones mientras haya alguien que pueda querer utilizarlos. Mientras dura la polémica, los dos embriones permanecen, en compañía de otros 194, congelados en un barril metálico. Por ahora nadie va a decidir sobre su futuro, al menos mientras el profesor Waller y su equipo no entreguen el informe solicitado por el Gobierno.

Y sea cual sea la decisión final, en caso de que alguno de estos embriones llegara a nacer, no por ello sería millonario: ninguno de ellos podría reclamar derecho alguno sobre los 1.200 millones de pesetas de la herencia de sus padres. De acuerdo con una ley aprobada hace apenas un mes por el Parlamento de Victoria, en este Estado la mujer que dona un óvulo no tiene derecho alguno sobre la criatura que pueda nacer de él: la madre es única y exclusivamente la mujer que lo haya parido. De la misma forma, el padre no es el hombre a quien pertenezca el esperma que haya fecundado el óvulo, sino el marido de la que alumbró, al que obligatoriamente hay que solicitar el consentimiento.