El déficit por la construcción del sistema autonómico equivale al 8,5% del coste de la crisis bancaria

La fase transitoria del proceso autonómico está a punto de completarse con la discusión y aprobación de la ley que fijará los porcentajes de participación de las comunidades, autónomas (CC AA) en los ingresos del Estado, cuyo proyecto llegará probablemente esta semana a las Cortes. El funcionamiento del sistema de financiación de las CC AA permitirá conocer, por primera vez este año, cuál ha sido su contribución al aumento de los ingresos y de los gastos públicos y, por tanto, al déficit.Ninguna fuente solvente de la Administración central, de las que han sido consultadas por este periódico, se atreve a hacer estimaciones o pronósticos sobre el volumen de déficit provocado por el proceso autonómico, entre otras razones, porque parece imposible saberlo, ya que aún no han sido tramitados los resultados del año 1983. Sin embargo, existe la creencia, bastante generalizada, de que, en su etapa de puesta en marcha, el proceso autonómico aumentará al menos los gastos de este año en torno a los 36.000 millones de pesetas, cifra fijada para el crédito extraordinario que deberá cubrir el llamado "efecto financiero".

"Pese a las recientes noticias alarmistas sobre el aumento del gasto es difícil que el déficit del año pasado, para todas las comunidades autónomas, supere los 50.000 millones de pesetas". Esta afirmación de los especialistas se corresponde ahora con las últimas declaraciones públicas del propio ministro de Economía, Miguel Boyer, en el Congreso de los Diputados, sobre las cuentas de 1983: "Las estimaciones primeras del déficit conjunto de CC AA y corporaciones locales eran excesivamente elevadas y posiblemente el déficit conjunto de CC AA y corporaciones locales no supere los 100.000 millones de pesetas". Las primeras fuentes oficiosas hablaron, hace un par de meses, de un déficit de 130.000 millones de pesetas. Boyer rebajó esta cifra, el 10 de mayo, a 100. 000 millones y, 14 días más tarde, volvió a rebajarla situándola entre 60.000 y 100.000 millones de pesetas. Teniendo en cuenta que el déficit de los ayuntamientos puede superar la mitad de esa cifra, quedan menos de 50.000 millones de déficit para las 17 autonomías.

El efecto acumulado en tres años por el proceso autonómico sobre el déficit público puede rondar los 85.000 millones de pesetas, de los que 49.000 millones corresponden a insuficiencias de valoración en el coste efectivo de los servicios transferidos desde 1981, y 36.000 millones de pesetas al crédito extraordinario previsto para cubrir, en 1984, el llamado "efecto financiero" (véase EL PAÍS de 21 de mayo de 1984). El déficit acumulado por la construcción del Estado de las autonomías desde 1981 resulta, pues, inferior a las pérdidas de Seat e Iberia durante un año, y representa el 8,5%. de lo que ha costado resolver la reciente crisis bancaria española.

Los 49.000 millones de viejas insuficiencias de valoración fueron reconocidos por acuerdo de 20 de diciembre de 1983, y se distribuyen así: 31.000 millones de pesetas para Cataluña, 13.000 para Galicia, 3.000 para Andalucía y 2.000 para el resto. La contribución de las CC AA a engordar el déficit público en unos 85.000 millones de pesetas no es sólo por mayor gasto, sino porque el gasto se realiza y se controla en un sitio distinto. Es decir, las autonomías se gastan de más lo que el Estado central se gasta de menos. En el momento en que se transfiere el dinero para cubrir el coste efectivo de cada comunidad -en el mapa adjunto pueden verse los costes efectivos de los servicios transferidos hasta febrero de 1984- se da de baja dicha cantidad en el presupuesto del ministerio de procedencia. El total del coste efectivo de todas las autonomías asciende a 347.080 millones de pesetas, lo que supone menos del 7% del Presupuesto del Estado.

"Los gastos de lubricar y poner en marcha el proceso autonómico", según declara uno de los arquitectos del Estado de las autonomías, "no son improductivos, destinados a pagar escrituras de notarios, o gastos corrientes, empleados en sueldos de funcionarios o en mantenimiento, sino que se dirigen a inversiones reales, a realizar más escuelas, más obras públicas, a mejorar la infraestructura regional, a cubrir necesidades sociales insatisfechas, etcétera, y sin la holgura de este efecto financiero de 36.000 millones de pesetas no se habría cerrado el 80%. de los traspasos, embarrancados por la tacañería de algunos miembros del Gobierno central, más preocupados por los apuntes contables que por la construcción del Estado".

Parlamentarios e interventores

Consejeros autonómicos han manifetado su extrañeza por una "cierta incomprensión y desconfianza encontradas sobre sus sistemas de intervención y control del gasto". "Es como si hubieran descubierto ahora con sorpresa", afirmó uno e ellos, "la existencia legal de la autonomía financiera por la que los Gobiernos autónomos pueden asignar los recursos recibidos de los impuestos de sus ciudadanos donde prefieran".

Fuentes de la Administración central aseguran que han desaparecido prácticamente las reticencias de los cuerpos de elite, ya que los traslados se han ido haciendo por vía de incentivos y han sido aceptados voluntariamente. Hasta ahora se han transferido unos 86 inspectores financieros y tributarios y unos 25 interventores del Estado. En lo que se refiere al seguimiento de los recursos financieros de las CC AA, depositados en las arcas del Banco de España, ha nacido una cierta polémica en torno a los tipos de interés que los Gobiernos autónomos cobran por depositar ese dinero en bancos privados y cajas de ahorro.

El procedimiento para enviar el dinero que cubre el coste efectivo de los servicios transferidos es el siguiente: la comisión mixta aprueba el traspaso de un servicio desde un ministerio a una comunidad autónoma, el Gobierno aprueba el decreto correspondiente, se inicia un expediente de modificación de créditos -que suele tardar un mes- y el Ministerio de Hacienda pasa entonces a la sección 32 del Presupuesto del Estado -entes territoriales- los créditos del ministerio correspondiente afectados por el traspaso.

La dirección general encargada de las haciendas territoriales envía mensualmente a la delegación del Banco de España del lugar o al banco o caja que indique el Gobierno autónomo el dinero necesario para la financiación básica, es decir, lo que antes pagaba el Estado -capítulos presupuestarios I, II y VI- por los mismos servicios traspasados: sueldos y salarios, gastos corrientes e inversiones reales.

El Gobierno central tiene su dinero depositado en el Banco de España, sin recibir por ello ningún interés, porque tampoco paga interés alguno cuando necesita crédito del banco emisor. Las 17 comunidades autónomas no tienen el privilegio de recurrir a créditos sin interés del Banco de España, reservado sólo al Estado, y por ello tampoco están obligadas (como los 7.000 ayuntamientos) a depositar su dinero en las arcas del templo emisor.

Una vez que, en esta fase transitoria, Hacienda hace el libramiento de pago, la responsabilidad de todo lo que se hace con ese dinero corresponde al Gobierno de la comunidad autónoma, cuya gestión está sometida al control interno de sus propios interventores, al externo de su parlamento y, posteriormente, al de las Cortes, a través de su Tribunal de Cuentas, según un modelo legal prácticamente idéntico al que está sometido el Gobierno central. En el sistema definitivo, Hacienda no transferirá los créditos como ahora, sino que cederá la recaudación de varios impuestos -Cataluña la tiene desde 1982- y un porcentaje de los ingresos procedentes de los impuestos no cedidos para cubrir el coste efectivo de los servicios.

El Gobierno central, por más que lo pretenda al sufrir los síntomas de retirada por la pérdida real de poder con respecto al Estado centralista anterior, no puede legalmente ejercer ningún tipo de control interno sobre los gastos de sus colegas autonómicos. El Ministerio de Hacienda se limita, pues, a hacer una inspección anual de los servicios tributarios, relacionada con la gestión de los impuestos cedidos, pero sin entrar en el control de fondo. Si el Gobierno autónomo despilfarra o gasta poco, no es un problema atribuible, según los especialistas, al modelo de Estado autonómico o al sistema de financiacicón del mismo, sino a la calidad de una clase política que, si lo hace mal, será castigada por sus electores. Y, en última instancia, si algún Gobierno autónomo no cumple bien con un servicio determinado, el Gobierno central puede revocar la transferencia correspondiente.