Argentina suspende la repatriación de beneficios y las transferencias tecnológicas de las empresas extranjeras

El Gobierno argentino dispuso ayer la suspensión, por un tiempo no determinado, de los pagos al exterior de las empresas extranjeras radicadas en el país. Una medida que sólo se había tomado antes durante la guerra de las islas Malvinas. Ante la imposibilidad del banco central de ceder parte de sus escasas divisas a las empresas extranjeras, que habían solicitado ya 500 millones de dólares (75.000 millones de pesetas) para remitir a sus casas centrales, el Gobierno ordenó por el decreto número 1.506 que "no podrán transferir utilidades ni realizar pagos en concepto de regalías, royalties, patentes o cualquier otro tipo de incorporación tecnológica.

El "acuerdo histórico interno al que quiere llegar el Gobierno con el peronismo, principal partido de la oposición" y la consolidación de lo que sería en la práctica un frente o club de deudores con el resto de los países latinoamericanos, puede permitir que Argentina sostenga con mayor fuerza su pretensión de obtener un plazo de gracia de cinco años, que estaría dispuesta a reducir luego a tres sin pagar capital ni intereses de la deuda y otros tres de tasa regulada mientras se produce la proyectada reactivación económica.La decisión oficial está destinada, según se indica en los fundamentos del decreto firmado por el presidente Raúl Alfonsín, a "preservar el nivel de las reservas del país ante la dificultad que se presenta en materia de pagos externos". En el artículo segundo se aclara que 1os inversores extranjeros tendrán derecho a recibir el equivalente de las sumas en títulos de la deuda pública denominados bonos externos de la República Argentina (BONEX). Estos títulos, que fueran emitidos por primera vez durante el anterior Gobierno del Partido Radical que presidía el doctor Illía en 1965, alcanzaron ya una suma en circulación de 4.000 millones de dólares.

En el tercer y último artículo se afirma que la suspensión del derecho de las compañías extranjeras a transferir utilidades "será mantenida hasta que subsistan las circunstancias que motivan la medida y podrá ser dejada sin efecto por resolución del Ministerio de Economía". Una disposición similar de bloqueo a este tipo de pagos al exterior fue aplicada en abril de 1982, durante la guerra de las islas Malvinas, y se mantuvo vigente hasta que el Gobierno militar de entonces cedió a las presiones de los bancos acreedores y del Fondo Monetario Internacional, después de la derrota en el conflicto bélico.

Aplazamiento del pago

Al entregar el Gobierno bonos por divisas, se reduce el monto a transferir en dólares. Las compañías deberán canjear luego esos títulos en la bolsa, donde ha bajado su cotización, o al mercado del exterior, donde una lámina de 100' dólares en bonos se paga a sólo 73 dólares billete. Los bonos tienen establecido un tipo de interés equivalente al Libor -precio del dinero en el mercado de Londres- al que hay que sumar dos puntos de diferencial. Las últimas cotizaciones que han alcanzado estos bonos se han situado en el 64% de su valor nominal, que viene a traducir las expectativas de cobro que los inversores internacionales tienen sobre este tipo de deuda a medio plazo.La decisión del Gobierno argentino no ha sorprendido a los medios financieros españoles con intereses en aquel país que han señalado que, en la práctica, esta medida estaba en vigor desde hace bastante tiempo y que no afecta por ahora al pago de las operaciones comerciales pendientes cuyo principal y pago de intereses está siendo satisfecho de forma regular.

La pérdida del valor de los bonos aumentó las demandas de las multinacionales y, aun cuando las utilidades y royalties no suman más de 200 millones de dólares al año, se habían acumulado ya solicitudes por 500 millones, que el banco central no rechazaba, pero tampoco autorizaba. Si la situación se hubiera mantenido así hasta el 30 de mayo, el Gobierno habría tenido que aprobar de forma automática la transferencia de divisas. Para evitarlo se apresuró a dictar el decreto que las suspende.

La medida, que no causó sorpresa en los medios financieros argentinos ante la evidencia de que técnicamente ya se aplicaba, se ajusta a una estrategia más amplia, con la que el Gobierno argentino espera fortalecer su situación en el momento de la negociación definitiva con el Fondo Monetario Internacional. A la declaración conjunta con Brasil, Colombia y México, dada a conocer simultáneamente el sábado en las capitales de los cuatro países, que fuera inspirada, propuesta y alentada por Argentina, se proyecta ahora la reunión inmediata de los canciIleres y ministros de Economía de los países firmantes del documento y de otras naciones que expresaron su adhesión a la convocatoria. Ese encuentro se realizará el 30 de mayo o en los primeros días de junio.