El aumento de los recursos cautivos no ha supuesto pérdidas para bancos y cajas de ahorro
ENVIADO ESPECIALLas sucesivas modificaciones del coeficiente de caja y los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y la banca privada y cajas de ahorro no han supuesto una disminución real de la rentabilidad general de estas instituciones, afirmaron Juan José Toribio, asesor del grupo del Banco Hispano Americano, y Victorio Valle, director general adjunto de la Confederación Española de Cajas de Ahorro, en el transcurso de sus intervenciones en las undécimas jornadas de mercado monetario organizadas por Intermoney. Una posible elevación del coeficiente de caja no fue descartada por los representantes del Banco de España si se mantienen las tendencias crecientes del déficit del sector público y el superávit de la balanza de pagos sigue aumentando a los peligrosos ritmos de los últimos meses.
Los temores que surgieron inicialmente en la banca privada y las cajas de ahorro acerca de que las modificaciones en los coeficientes que deben cubrir estas instituciones iban a gravitar de forma negativa sobre la cuenta de resultados de estas sociedades han resultado falsos, en opinión de Juan José Toribio, que comparó la rentabilidad media del conjunto de recursos cautivos por coeficientes y la que se podría haber obtenido mediante esta misma cantidad de fondos en la situación previa a diciembre de 1983.
Únicamente en el peor de los casos, cuando los recursos que se deben destinar a cubrir coeficientes alcancen la cifra del 55% del total, habría una pérdida de rentabilidad cuyo reflejo en la cuenta de resultados apenas llegaría al 1% de los beneficios. Mientras no ocurra esto, la rentabilidad media de los recursos cautivos será superior en la actualidad a la que se obtenía antes de las últimas elevaciones de los coeficientes.
Extrañas negociaciones
Los acuerdos alcanzados entre el Banco de España, la banca privada y las cajas de ahorro, al mantener inalterables las cuentas de resultados, han conducido a extrañas negociaciones entre las partes en las que se anteponía el nivel de beneficios y una mejor financiación del déficit del sector público por encima de cualquier otra consideración. Ello es lo que lleva a unos a afirmar que se camina por la senda de la nacionalización encubierta de las instituciones financieras, al estar sujetas éstas cada día a mayores porcentajes de recursos con los que cubrir las necesidades del sector público, mientras que nadie eleva la voz en contra porque se ha asegurado un balance relativamente sano para los próximos ejercicios.Raimundo Poveda, funcionario del Banco de España, y los conferenciantes que trataban de reflejar el punto de vista de las instituciones privadas coincidieron en sus exposiciones en señalar que la liberalización del sistema financiero, argumento utilizado para justificar la mayor parte de las actuaciones de años pasados, se había producido en la práctica en un mayor intervencionismo estatal, al afectar a porciones mayores del negocio bancario.
En la actualidad, el 51,5% de los recursos de la banca, y una mayor proporción en el caso de las cajas de ahorro, está ligado indisolublemente a las necesidades financieras del Estado, vía coeficiente de caja, coeficientes de inversión o acuerdos bilaterales alcanzados a finales del pasado año.
La liberalización del sistema financiero, como justificación última, terminó con el año pasado cuando el Gobierno aprobó el nuevo coeficiente de caja para instituciones financieras y empezó a pensar en la nueva reglamentación del coeficiente de inversión. La reducción del déficit del sector público, o al menos una fórmula más barata de financiarlo, empezó a primar por encima, de cualquier otra consideración.
Por ello se elevó el coeficiente de caja del 11,75% hasta un máximo legal del 20%; se alcanzaron acuerdos de renegociación, consolidación en términos financieros, de la deuda interna a tres meses por otras fórmulas, comprendiendo entre ellas las masivas emisiones de pagarés del Tesoro a un año de amortización y con un coste inferior al vigente hasta entonces.
El anuncio de que las instituciones financieras tendrán que destinar el 10% de sus recursos a adquirir pagarés del Tesoro es la última llave que se maneja en la actualidad para alcanzar estos objetivos.
